Alcanza con mencionar el enfoque desregulatorio en materia financiera, la liberalización del flujo de capitales y la perdida de herramientas de fiscalización en materia cambiaria, sumado a la continua espiral de endeudamiento, a los niveles de inflación, al deterioro de sectores industriales productivos, a la precarización laboral, y al aumento de la pobreza.

Desde que esta gestión asumió las riendas, sólo en concepto de Formación de Activos Externos, salieron del país unos 15.785 millones de dólares. Estas cifras representan fuga de divisas de la economía nacional y erosiona cualquier posibilidad de desarrollo soberano, a la vez que destruye la capacidad recaudatoria del Estado. 

En el último informe elaborado por la organización Tax Justice Network Argentina ocupa el quinto lugar entre 102 países por mayor evasión fiscal de las multinacionales y el cuarto lugar en el mundo si lo calculamos en relación al PBI (4,4 por ciento del PBI); por lo que, según esta organización, el fisco de Argentina dejó de recaudar unos 21.406 millones de dólares en 2016. 

Recientemente se conocieron los datos del blanqueo impositivo por unos 116.000 millones de dólares, esa suma quedó casi en su totalidad en el extranjero, lo que indica el nivel de confianza que tienen los inversores en el país: de total de las personas que exteriorizaron, nada menos que un 41 por ciento decidió invertir el dinero en instrumentos del exterior, mientras que sólo el 33 por ciento lo hizo en el país (otro 23 por ciento son inmuebles y un 3 por ciento se destinó al pago de impuestos).

La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible, al momento ha superado los 80 mil millones de dólares. Según el presupuesto 2017 se tienen que destinar al pago de los intereses unos 247.000 millones de pesos. Es evidente que el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos y sólo sirve para financiar la fuga de divisas. Lamentablemente el escenario empeora con la suba de tasas de la FED y los compromisos asumidos van a ser aún más abultados. 

En línea con la entrega de la soberanía, y a modo de un ejemplo más, el gobierno firmó esta semana el Decreto 231/2017 por el cual se ordena la prórroga de jurisdicción en tribunales arbitrales y judiciales en la Confederación Suiza por hasta la suma de 3.000 millones de francos suizos. El decreto también establece que hasta por ese monto, se podrá acordar cláusulas de renuncia al ejercicio de excepciones de defensa de inmunidad soberana y cláusulas de “acción colectiva” y “pari passu” en las emisiones de deuda pública enmarcadas en el mismo.

El paro general y las medidas de reclamo que están llevando adelante las centrales sindicales y las organizaciones sociales está motivada en la caída de la actividad económica y en la destrucción del empleo. En febrero, la actividad industrial cayó un 6 por ciento en términos inter anuales, mientras que en 2016 la caída fue del 4,5 por ciento. El PBI en 2016 cayó un 2,3 por ciento (contra un crecimiento de 2,6 por ciento en 2015). En lo que va del año las importaciones crecieron 22,5 por ciento, atentando contra la producción nacional.

Las ventas minoristas según CAME llevan 14 meses ininterrumpidos de caídas con un promedio mensual del 7 por ciento en 2016. En materia de empleo ya se registraron 127 mil despidos (45 mil despidos sólo en pymes) y se cerraron unas 6.800 pequeñas y medianas empresas. La inflación en 2016 alcanzó el 42 por ciento con acuerdos salariales en promedio del 32 por ciento, las proyecciones para el 2017 indican guarismos superiores al 20 por ciento, y nuevamente supera la meta establecida. La pérdida del poder adquisitivo es innegable.

Todos esos efectos destructivos sobre el consumo, el tejido productivo, el salario, el empleo son consecuencia de las políticas de desregulación y la pretensión de controlar la inflación con una tasa de interés sólo atractiva para la especulación financiera. Es imperioso que cambien la política económica y monetaria, se re oriente la economía hacia el fomento de la industria, la generación de empleo y el crecimiento con equidad social, poniendo fuertes límites a la evasión fiscal y la fuga de divisas de las grandes corporaciones. Sobran los motivos y los reclamos sociales son bien precisos.

Página/12 - 8 de abril de 2017