Esto dio lugar a una problemática central que persiste hasta el presente: la del control sobre la producción, apropiación y distribución de ese excedente en la sociedad. Estos procesos constituyen relaciones de poder económico entre actores sociales con intereses contrapuestos. Estas relaciones de fuerza y los conflictos sociales que engendran son problemas intrínsecos a la vida en sociedad.

La vida humana, sin embargo, nunca se limitó a la producción para la subsistencia. Desde un inicio implicó una compleja trama de relaciones sociales de diversa índole: familiares, políticas y simbólicas, destinadas a coagular un consenso social y una percepción del mundo capaz de dar un sentido común a la existencia. Las relaciones de poder económico, lejos de desarrollarse en el vacío, han estado siempre interpenetradas por una compleja estructura de poder político y simbólico que permite regular el conflicto social. Desde el inicio de la vida en sociedad, este conflicto coexiste con mecanismos de regulación que, por distintos medios, aseguran la gobernabilidad. Toda sociedad es una compleja trama de conflictos sociales regulados institucionalmente. En ocasiones esta tensión e inestabilidad crónica deriva en profundas crisis de la estructura de poder y en la aparición de nuevas formas de organización social.

Hoy el mundo vive circunstancias únicas. Por un lado, la producción y las finanzas han alcanzado un grado de integración a nivel mundial inédito en la historia de la humanidad. Esto es consecuencia de la vigencia mundial de una estructura de poder económico basada en el control monopólico de todos los aspectos de la vida social y en una acumulación de riqueza y poder sin limites. El endeudamiento ilimitado, distintos tipos de rentas monopólicas y el saqueo de recursos naturales no renovables constituyen los principales mecanismos de apropiación y distribución del excedente a nivel mundial. Estos mecanismos configuran distintas formas de acumulación sin limites de riqueza y poder por parte de un grupo cada vez más pequeño que condena a la mayoría de la población mundial a la destitución económica y a la invisibilidad política.

Desde la Antigüedad, este comportamiento ha sido condenado por distintos tipos de sociedades y en diferentes regiones del mundo. Este rechazo social se ha expresado a través de la condena moral plasmada en los textos de todas las grandes religiones, en los intentos de limitar el endeudamiento expresados en distintas regulaciones y códigos, y en la prohibición y eliminación periódica de cierto tipo de endeudamiento personal. Detrás de esta condena social ha existido la certeza de que este comportamiento predatorio siembra el caos social y amenaza la continuidad de la vida en sociedad. Hoy, sin embargo, el endeudamiento ilimitado se ha convertido en un fenómeno natural y los estragos que produce se ocultan tras un manto de indiferencia.

La expansión mundial del capitalismo global monopólico ha universalizado la usura, engendrando una crisis sistémica que engloba al planeta e incluye a países con ideologías y regímenes políticos distintos. La búsqueda de ganancias y poder ilimitado a través del control monopólico de todos los aspectos de la vida humana ha llevado a la depredación del clima y de la naturaleza y a una desigualdad creciente. La crisis sistémica que esto generó se manifiesta tanto en la relación del hombre con su hábitat (la naturaleza y el clima), como en la economía, las finanzas y la militarización de los conflictos que sacuden al mundo. Esta crisis erosiona los valores y la legitimidad de las instituciones que son progresivamente copadas por redes mafiosas y corruptas. Los tentáculos de este Estado en las Sombras —al margen de cualquier posible control social— trascienden las fronteras y se reproducen por el mundo a través del uso descarnado de distintas formas de coerción. (MPR IADE 2017)

Paradójicamente, estas circunstancias tan turbulentas y oscuras llevan en su seno la semilla de su superación. Los grandes cambios sociales en la historia de la humanidad nunca ocurrieron de un día para otro. Han sido engendrados por alguna forma de crisis y paridos con dificultad a partir de la conciencia, organización y movilización de vastos sectores sociales perjudicados por las relaciones de poder existentes. Lo importante, entonces, es buscar en las turbulencias de un presente cada vez mas enrarecido por conflictos que escalan en intensidad, los destellos que iluminan la posibilidad de un cambio social, aunque el mismo requiera un tiempo de maduración que implique el esfuerzo de varias generaciones.

Crisis sistémica y ajuste estructural

El gobierno de Macri ha pretendido aggiornar las relaciones de poder económico local, integrándolas estrechamente a la estructura de poder global a partir de un endeudamiento ilimitado y de la creciente apropiación de recursos no renovables de importancia estratégica para la acumulación del capital (petróleo, gas, minerales, tierra y agua). Estas políticas impulsaron enormes transferencias del excedente y de los ingresos de la población, desde los que menos hacia los que más tienen, y provocaron una feroz pugna entre los que más tienen por mantener y acrecentar su cuota de participación en la apropiación del excedente, los ingresos de la población y la riqueza acumulada. Como en otras épocas de nuestra historia, esta pugna ha dado lugar a una inflación persistente, a corridas cambiarias y a una creciente fuga de capitales. Estos fenómenos desembocaron a mediados del año pasado en una crisis económica de magnitudes insospechables, que llevó al gobierno de Macri a abrazarse al FMI para impedir el default.

Esta crisis económica no se dio en el vacío. Fue precedida por la creciente violación del Estado de Derecho y de la legitimidad política. Este gobierno llegó al poder político a través del voto popular. Sin embargo, desde un inicio se dedicó a violar en forma sistemática la legalidad con operaciones mediático-judiciales cuyo único objetivo ha sido destruir a la oposición y monopolizar el poder. Ahora, en vísperas de elecciones presidenciales, el gobierno está inmerso en una crisis económica y política de enorme magnitud, cuyo desenlace es imprevisible.

El brutal ajuste impuesto por el FMI, la ausencia de control sobre los flujos de capitales y una política monetaria que impulsa la recesión económica con altísimas tasas de interés y mantiene abierta la posibilidad de una corrida cambiaria, han provocado una caída del 2.6% de la economía el año pasado. La enormidad de este fenómeno aparece en las cifras sectoriales que muestran la destrucción del aparato productivo en el mismo periodo: más del 40% de la capacidad instalada en la industria está ociosa y el sector ha registrado una caída de la producción del -14.2%, la construcción -12.7% y el comercio -15.7%, al mismo tiempo que se perdieron 190.000 puestos de trabajo registrados y el salario real promedio cayó un 11.6%. A pesar de ello, ni la recesión ni el control del circulante ni la caída de los salarios han podido limitar la inflación. Una vez más, la disputa entre los que más tienen se desborda en una inflación que expresa la resistencia de las fracciones más poderosas del empresariado local a aceptar las políticas de Macri y el ajuste impuesto por el FMI.

Tarifazo y movilizaciones populares

En este contexto económico, avanza la campana electoral de un Macri que esta semana fue increpado públicamente por un obrero de la construcción: “No se puede más. No me importa el gobierno pasado, ahora es el problema… Se lo pido por favor, tratemos de hacer las cosas rápido: ¡hagan algo!”

Su grito desesperado se viralizó, rompiendo fugazmente el blindaje mediático e interpelando al gobierno al exponer una miseria creciente que ya no puede ser ocultada por las mentiras oficiales. También interpeló a la oposición, al desnudar por un instante los estragos de un disciplinamiento social que, al licuar la relación de fuerzas en miles de partículas individuales fragmentadas y aisladas, pulveriza su capacidad disruptiva y la sustituye por la introyección de un fracaso individual. Esto conduce a la pasividad y a distintas formas de autodestrucción.

Sin embargo, así como la crisis económica disciplina socialmente, también ilumina fugazmente las relaciones de poder que la originan. Estas relaciones no son de tipo individual. Son relaciones entre colectivos con intereses contrapuestos y antagónicos. Más allá de los individuos que la conforman y sus respectivos bolsillos, existe una trama de intereses encontrados que subyacen a la producción, apropiación y distribución del excedente en la sociedad. Hoy esto queda al desnudo en un fenómeno que corta transversalmente a la sociedad: el tarifazo.

El precio de los combustibles y de las tarifas es la llave de la acumulación del capital, una llave cada vez mas demandada en el mundo debido al carácter no renovable y en vías de extinción de los recursos naturales que generan la mayor parte de la energía que consumimos. Este gobierno, al dolarizar el precio de las tarifas y de los combustibles y  convertir a la energía en el coto privado de un pequeño grupo de empresas entre las que se cuentan las de Macri, sus amigos y entenados, ha logrado encaramarse en el punto neurálgico de la estructura de poder económico local: la energía. Desde ese lugar privilegiado intenta imponer al conjunto de la sociedad determinadas reglas de juego sobre la producción, apropiación y distribución del excedente económico, los ingresos de la población y la riqueza acumulada.

Además de maximizar las ganancias de un pequeño grupo de empresas multinacionales y locales, el gobierno ha acudido a la corrupción y a la manipulación descarada de las instituciones del Estado para ampliar sus negocios privatizando empresas, otorgando subsidios, armando negociados de distinto tipo. De ahí que la conexión entre la usura y la mafia que domina las instituciones del país aparece ahora a la luz del día en este campo tan específico y concreto de la generación y distribución de energía. El resultado de esta mafia y de esta usura ha sido un tarifazo sin límites, que supera a la devaluación del año pasado y esquilma a la sociedad en su conjunto.

Las grandes empresas que controlan monopólicamente sectores claves de la economía no vacilan en transferir los costos energéticos a sus precios. El ciudadano de a pie y las pequeñas y medianas empresas son castigadxs doblemente con aumentos de precios que surgen de una compleja estructura de relaciones de poder económico, con precios monopólicos a los que se agrega el incrementado costo de la energía. Se produce así un fenómeno único: el tarifazo y la inflación descontrolada desembocan en un endeudamiento creciente de la población simplemente para poder subsistir. Por vías paralelas, la usura se universaliza y hace estragos no solo en las empresas e individuos endeudados, sino también en distintos sectores de las clases medias y en los sectores populares excluidos de la producción que sobreviven en los barrios y regiones más pobres del país, y se endeudan en las peores condiciones simplemente para no morir de hambre.

El tarifazo corta transversalmente a la sociedad, universaliza el endeudamiento ilimitado y expone las raíces mafiosas y corruptas que hacen posible las relaciones de poder económico que le dan origen. Al mismo tiempo, permite a los que sufren el despojo salir del aislamiento individual y adquirir conciencia de su capacidad de resistencia a esta política. Los precios de las tarifas y de los combustibles trascienden a las necesidades de los individuos y se vinculan con el Interés General de la sociedad. De estos precios depende no solo el consumo sino la producción, el crecimiento y la integración económica del país. Más allá de los bolsillos individuales, lo que está en juego entonces en el tarifazo es el interés del conjunto de la sociedad.

De ahí la importancia crucial que han tenido esta semana las movilizaciones de organismos sociales, ONGs y dirigentes políticos y sindicales en contra del anuncio de un nuevo tarifazo. Poco a poco empiezan a plantearse problemas que van más allá de la exigencia de congelar tarifas: su control estatal, los negociados que involucra el tarifazo, la definición de las tarifas como un derecho humano y la exigencia de una condonación de las deudas. Aparecen demandas que, al mismo tiempo que desnudan las relaciones de poder que se esconden detrás del tarifazo, permiten avanzar en la unidad de actores sociales ubicados en distintos estratos de la sociedad y en diferentes áreas de la economía.

Estas movilizaciones han ocurrido en circunstancias en que la operación mafiosa que impulsó la saga de los gloriosos cuadernos de la corrupción empresaria ha saltado al primer plano de la escena política, con las revelaciones de un empresario extorsionado por un individuo vinculado estrechamente a los organismos de inteligencia, a la embajada norteamericana, a los medios concentrados y al fiscal de la causa. En otras notas hemos vinculado a esta causa de los gloriosos cuadernos con la política global de un Estado en las Sombras que, a través de golpes blandos en América Latina, busca desarticular al populismo imponiendo el control geopolítico norteamericano en la región. También hemos visto que esta operación mediático judicial es funcional al intento del gobierno de barajar y dar de nuevo dentro del mundo empresario para imponer el control de un puñado de empresas entre las que se incluyen las del Presidente, sobre el campo de la energía. La cantidad y calidad de las nuevas revelaciones permiten atisbar la enormidad y profundidad de la crisis política de este gobierno al sacar a la luz una asociación ilícita que penetra a los tres poderes del Estado, a los principales medios de comunicación y a dirigentes del partido gobernante. Esto ocurre al mismo tiempo que la resistencia contra el tarifazo empieza a tomar envergadura en las calles del país.

Mientras la crisis sistémica se profundiza, el tarifazo ilumina el camino que permitirá superarla: la construcción, de abajo hacia arriba y en forma transversal, de una organización que, con conciencia de lo que está en juego, asegure tanto un espacio para la unidad de todos los que son perjudicados por estas políticas como su participación activa en las decisiones y en el control de gestión. Mas allá de las reformas, judicial, política y sindical que están pendientes desde hace mucho tiempo, y más allá de la connotación económica del tarifazo, este ha develado la impronta a seguir en distintas áreas de la vida social para terminar con el clientelismo, la corrupción y las mafias enquistadas en el sistema institucional argentino.

^{El Cohete a la Luna - 2 de marzo de 2019}