La guerra de guerrillas que suele librarse en las pantallas de los operadores financieros y en los sótanos de la democracia cada vez que se aproxima una elección decisiva sumó un nuevo combatiente apenas diez días antes del 22 de octubre. Los fondos buitre de Wall Street, metódicos aportantes a la erosión política que derivó en la derrota del kirchnerismo en 2015, embistieron otra vez contra Axel Kicillof con una serie de reclamos a la justicia estadounidense para intentar esquivar la quita del 23% que el 98% de los acreedores de la provincia aceptó en 2021, tras más de un año de negociaciones.

La presión sobre el gobernador bonaerense, candidato a la reelección en su distrito y tractor irremplazable de votos para un Sergio Massa cada vez más escorado por la crisis económica, fue amplificada esta semana por el diario La Nación, que reprodujo un recorte de la acusación de los buitres contra cinco funcionarios de tercera línea de su administración. El pedido de información de los abogados de esos fondos sobre los movimientos de dinero de los “sospechosos” argentinos, sin embargo, se extendió a casi todas las figuras de la política local, entre las cuales están los cinco candidatos a ocupar el sillón de Rivadavia durante los próximos cuatro años.

En la larga lista de los alcanzados por el recurso “Discovery” que interpusieron los representantes de Glacial Capital LLC y TRSE Holdings, al que logró acceder crisis (aquí podés ver el documento original), figuran desde el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y todos sus ministros, incluyendo a Jorge Macri. Son 22 páginas con más de 700 nombres de empresarios, sindicalistas, organismos públicos, espías e incluso personas fallecidas, como el exministro de Transporte Mario Meoni. Quien curiosamente no fue acusado por los demandantes –a diferencia de la mayoría de quienes lo acompañaron como ministros, que sí figuran– es el expresidente Mauricio Macri, que apenas asumió decidió pagar el 100% de lo que reclamaban los buitres al país. 

El estudio que representa a los dos fondos buitre que aspiran a reeditar el negoción que abrochó Paul Singer en 2016 es Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan, y la presentación recayó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil. Los primeros oficios –de febrero y junio de este año– fueron firmados por el abogado Gregg Badichek, a diferencia de la acusación conocida esta semana, que suscribió su colega Dennis Hranitzky. En ninguno de los casos la magistrada avaló la validez de sus planteos.

Los cinco funcionarios mencionados en la demanda (José Ignacio de Mendiguren, Carlos Montaña, Ana María Cecilia Bazán, Diego Benítez y Matías García) desmintieron haber realizado movimientos de dinero en cuentas sin declarar, como dijo sospechar Hranitzky. De todos modos, a partir de la publicación de La Nación, los cinco fueron denunciados por evasión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por los abogados Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, vinculados a Juntos por el Cambio.

los fondos buitre de wall street embistieron otra vez contra axel kicillof con una serie de reclamos a la justicia estadounidense para intentar esquivar la quita del 23% que los acreedores de la provincia aceptaron en 2021, tras más de un año de negociaciones.

su señoría y el señoreaje

La mayoría de los empresarios que figuran en el “Discovery” son quienes en su momento se ofrecieron a colaborar como arrepentidos en la causa “Cuadernos”, que llegó a tener más de 170 procesados. En agosto pasado, poco antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a cinco años de aquel escándalo, los peritos caligráficos de la policía científica certificaron la existencia de “leyendas agregadas y enmendadas” en varios de los cuadernos Gloria en cuestión, supuestamente escritos por el chofer del exfuncionario devidista Roberto Baratta.

Los hombres de negocios a quienes los abogados del estudio Quinn&Co incluyeron en el pedido de informes son Eduardo Eurnekian, Angelo Calcaterra, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Losón, Guillermo Lopez Von Linden, Javier Sánchez Caballero, Héctor Alberto Zabaleta, Paolo Rocca, Juan Carlos Lascurain, Raul Vertúa, Walter Fagyas, Gerardo Ferreyra y Carlos Mundin, entre otros.

El “Discovery” es un recurso procesal de la justicia estadounidense que permite a las partes de un juicio recabar datos que luego pueden usar como evidencia en la causa. Los abogados suelen pedir más detalles que los que requeriría la simple evaluación del caso. Lo hacen especialmente cuando hay movimientos de dinero involucrados, porque esa información secreta puede inclinar la negociación a su favor.

Cuando esos movimientos de dinero son denominados en dólares o pasan por bancos norteamericanos, además, la justicia civil estadounidense se arroga la potestad de intervenir, independientemente de que se la haya fijado contractualmente o no como autoridad de referencia. Por eso empresarios importantes, como los ligados a las concesiones de servicios públicos, ya les encargaron a sus abogados que empiecen a trabajar sobre las implicancias judiciales de una eventual dolarización. Intuyen que en los próximos meses, gane quien gane, se romperán muchos contratos. Y no da lo mismo discutirlos en el fuero Contencioso Administrativo local que en el Segundo Distrito de Manhattan. Ni en términos políticos ni de costos procesales.

La jueza neoyorquina Loretta Preska ya había encendido algunas alarmas corporativas cuando falló semanas atrás contra el Estado argentino en el juicio de otro fondo buitre, Burford, por la estatización de YPF. Burford reclamaba un resarcimiento adicional al de los accionistas expropiados y Preska concluyó que no podía aplicarse la ley estadounidense porque la expropiación había sido votada por ley en Argentina, pero sí podía interpretar ella la aplicación de esa ley: así ordenó que primara el estatuto de la compañía por encima de lo aprobado en el Congreso.

Son los bordes jurídicos y geopolíticos hasta ahora inexplorados del eventual abandono del signo monetario propio. Algo a lo que pareció adelantarse el supremo Horacio Rosatti cuando hizo, en términos académicos, una advertencia de consecuencias bien metálicas: que la dolarización es inconstitucional. Una cesión de soberanía que no se limita a lo financiero y que todavía no experimentó ningún país del tamaño ni la complejidad productiva del nuestro.

empresarios importantes, como los ligados a las concesiones de servicios públicos, ya les encargaron a sus abogados que empiecen a trabajar sobre las implicancias judiciales de una eventual dolarización. intuyen que en los próximos meses se romperán muchos contratos.

fractura expuesta

Claro que el mercado no se detiene ante esas nimiedades. Por eso reaccionó de inmediato apurando el paso de la corrida cambiaria tras las incendiarias declaraciones de Javier Milei sobre lo conveniente de la suba del blue y lo inconveniente de mantener depósitos en pesos en los bancos. Eso motivó otra respuesta inédita: la de las tres asociaciones de bancos reclamando “responsabilidad” a los candidatos.   

Los dichos de Milei también pusieron nerviosos a los técnicos del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), que conduce el chileno Rodrigo Valdés, donde descreen de la dolarización y ya advirtieron que no solo no resolverá la inflación sino que podría agravarla en un primer momento. En el Fondo aguardan el resultado del 22 con magras expectativas: temen que un ballotage Massa-Milei los aleje por mucho tiempo de la perspectiva de recuperar el préstamo récord que le dieron a Macri en 2018.

Las discusiones con el FMI previas a las PASO, sobre las que Massa no se explayó demasiado hasta ahora, fueron mucho más duras de lo que contó. La exigencia de devaluar, a la que terminó cediendo parcialmente en agosto, fue a todo o nada. “Nos cortaron el chorro igual que en el 89 y que en 2001”, confesó uno de los funcionarios que participó de esos tires y aflojes. La pregunta es cómo seguirá la relación después del 10 de diciembre.

Con la crisis cabalgando a paso firme, el dólar blue a $1.000 y la inflación arriba del 130% interanual, el electorado no solo pide a gritos un cambio. Quiere un reseteo. Es lo que concluyó la consultora Sentimientos Públicos al cabo de un robusto estudio de opinión de más de 8 mil casos en todo el país. En lo inmediato augura una segunda vuelta (asigna 33,1% de la intención de voto a Milei, el 29,4% a Massa y el 22,7% a Bullrich), pero también plantea algo más profundo: que la grieta de los últimos 20 años dio paso a una fractura más estructural.

Es la fractura entre el país “fordista” y el “del siglo XXI” –donde abrevan de distinto modo tanto peronistas como macristas– y los descontentos con ese orden, que “quieren que todo cambie de raíz y que las cosas funcionen con la menor fricción posible”. Es a esa nueva generación, más allá de sus valores y creencias, que vive por fuera de las redes institucionales del siglo pasado, a la que supo seducir el discurso de la ultraderecha. Y la dolarización, aún sin dólares y sin que terminen de quedar claras sus consecuencias, fue su ariete ideológico más demoledor.

^{Revista Crisis - 13 de octubre de 2023}