La detención de José López en flagrante delito de apropiación de dinero público y exhibición de armas no merece otra cosa que la unánime condena ética y judicial.

Más acá y más allá de las curiosidades del caso –como el tirar por un muro bolsos de una propiedad de la cual López tiene las llaves– ese dinero mal habido se sustrajo a las políticas redistributivas que ampliaron derechos durante 12 años, incidiendo en su reducción.

El 1/6/74 la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, entonces a ni cargo, elevó al Ministerio de Economía su anteproyecto de ley agraria. Abarcaba en forma integral los aspectos fundamentales de del régimen de propiedad de la tierra e instalaban medidas para corregir los problemas de tenencia.

El tarifazo dispuesto por el gobierno en los servicios públicos de agua, electricidad y gas puso nuevamente en debate la necesaria participación de los usuarios de dichos servicios en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales que hacen a su funcionamiento. La ausencia de un mecanismo que permita recibir una información completa, que sea un ámbito para expresar opiniones y propuestas que indefectiblemente deben ser consideradas por las autoridades regulatorias del servicio público, invalida cualquier medida tomada en forma discrecional y sin someterla al conocimiento y debate públicos.

Durante su alocución con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, Mauricio Macri expresó: "Estamos trabajando denodadamente para tener el gas, la electricidad y la energía suficiente. Porque sin energía no podemos vivir ni podemos crecer". No caben dudas que trabajan en este sentido; sucede, no obstante, que el sistema energético heredado les resulta excesivo. La "suficiencia", en este caso, se alcanzará a través de la reducción de la producción destinada al mercado interno para redirigirla al externo, más lucrativo.

La renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (16 de abril de 2012) estuvo acompañada de la implementación de un nuevo marco regulatorio hidrocarburífero en la República Argentina. Citamos a propósito: 1) la Ley 26.741 (4 de mayo de 2012) y con ella la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y la declaración de Interés Público Nacional al autoabastecimiento; 2) el Decreto 1277/2012 (25 de Julio 2012) o Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera, el cual crea el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica; 3) vinculado a los dos anteriores, diversas medidas y programas contra-cíclicos como el Plan Gas (se sumó al Gas Plus, lanzado en 2008) y el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo (sumado también al Petróleo Plus, de 2008).

Un nuevo ciclo de endeudamiento está en marcha a toda velocidad. En sus primeros seis meses de gestión, el Ministerio de Hacienda y Finanzas incrementó la deuda un 17 por ciento en dólares. De la mano del pago a los fondos buitre, la colocación de letras del Tesoro y el crédito de corto plazo solicitado por el Banco Central pasó de 160.000 a 187.000 millones de dólares. La magnitud del incremento en los pasivos externos del país es la más relevante para un período tan breve de tiempo desde 1994, marcando un quiebre con la etapa reciente de desendeudamiento.

Si hubiera que ponerle un cantito sería éste: “In-fla-ción/de los trabajadores/y al que no le guste/ ¡se jode, se jode!”. Lástima que el primer índice de la inflación específica de los trabajadores registrados no sea para cantar. Según el economista Mariano de Miguel, entre mayo de 2015 y mayo de 2016 el índice promedio de aumento de precios fue del 44,1 por ciento, con un leve descenso para los trabajadores de mayores ingresos, que soportaron un 40,9, y una gran elevación para los trabajadores en blanco de menores salarios, sobre los que cayó un 49,9 por ciento. Es decir que no solo cayeron los ingresos reales en conjunto sino que la desigualdad aumentó también por la forma asimétrica en que se descargó el famoso sinceramiento ordenado por el Ejecutivo.

El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros.

La ley de tierras aprobada en 2011 no impide globalmente dichas ventas, pues tiene numerosas brechas. Además, no afecta las operaciones terminadas antes de su sanción.

El cambio de gobierno en la Argentina, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, marcó sin lugar a dudas un punto de inflexión política, económica y social, no sólo a nivel nacional sino regional. El impacto del abrupto viraje político y la política económica neoliberal que empezó a implementar de inmediato el nuevo gobierno también afecta a las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) y al cooperativismo de trabajo en general, al igual que al conjunto de los trabajadores.

No fue el final del primer semestre soñado por el Gobierno, aunque las autoridades económicas busquen restarle dramatismo a la corrida cambiaria del jueves 30 de junio, la primera que enfrenta la gestión de Cambiemos. Ese día, el Banco Central debió vender 532 millones de dólares de las Reservas Internacionales para contener la presión compradora, que operó un nivel récord en los últimos cinco años al superar los 1100 millones. Lo peor es que la corrida cambiaria –que la conducción económica se empeña en negar– no se disipó, porque hay razones para suponer que seguirá la presión sobre el dólar que tiene protagonistas conocidos: los principales bancos de capital extranjero que operan en el sistema. Y no son sólo ellos. Del otro lado, la capacidad de contención dista de ser infinita: el Banco Central apenas cuenta con reservas operativas (en billetes disponibles para salir a vender dólares en el mercado) por 3100 millones de dólares. Es el equivalente a la demanda de tres días de operaciones como el jueves, o a seis días de intervenciones como la que ejecutó en esa jornada la mesa de dinero del Banco Central.