En memoria de Graciela Mellibovsky, economista detenida-desaparecida desde el 25/9/76
El plan económico de la dictadura estuvo bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz. La inspiración provino de un conjunto de empresarios. Estos todavía no expusieron su autocrítica.

Se sabe que memoria e historia a veces no se llevan bien, aunque ésta siempre necesita de aquélla. La memoria es emotiva y la historia, en cambio, suele ser “una operación puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso críticos” (Pierre Nora). Esas dos cosas se intentarán en estas líneas, a propósito de la “economía de terror” que los argentinos supieron instalar entre 1975 y la caída de la convertibilidad.

¿Por qué el ‘75 como origen? Por dos razones. El ensayo general y la descomposición político-social que aportó el Rodrigazo (junio/julio) desbrozaron, primero, el camino hacia marzo del ‘76. Los comparsas/mandantes de Celestino Rodrigo comenzaron entonces a aplicar su guión para el éxito personal y el fracaso social: el empresario Nicolás Catena (bodeguero cofundador del Cema en 1977); el lobbysta Ricardo Zinn (privatizador de YPF, ENTel y Somisa en los ‘90); y el economista Pedro Pou (ministro del “Proceso” y banquero central de Menem/Cavallo).

La segunda razón es más conocida: el plan económico del “Proceso” fue diseñado bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz entre marzo y septiembre de ese mismo año, mientras transcurría su propio “ensayo general”. Este plan maestro para el siguiente cuarto de siglo respondió a la inspiración de un conjunto de empresarios que bajo la sigla CEA (Consejo Empresario Argentino), “cortaría el bacalao” desde entonces en Argentina. Muy recientemente, con un mero cambio de letra el CEA fue reemplazado sin mayor bambolla por la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos) y José Alfredo jubilado como eterno “presidente honorario” del viejo Consejo.

Los altos mandos militares golpistas aprobaron “formalmente”, en septiembre del ‘75, un plan económico que no elaboraron ni podían rechazar. Lo impusieron en una secuencia de hechos en la cual la ya exangüe violencia guerrillera –“autoderrotada” en el terreno político– fue utilizada para intentar legitimar el rediseño político, económico y social de nuestra sociedad mediante la administración del terror de Estado.

Al terror político-social le sucedió el económico, del cual aún no nos hemos desprendido. Un miedo cerval que fue cultivado con el auxilio de las nuevas usinas de ideas: Fundación Meditarránea y Cema, aparecidas precisamente en 1977 cuando nadie con pensamiento propio podía hablar fuerte en el país sin riesgo de desaparecer. Nacieron para auxiliar a la entonces solitaria Fiel, precursora desde principios de los ‘60 en la lucha “contra el comunismo y los zurdos de la Alianza para el Progreso (conducidos nada menos que por John F. Kennedy)”. Así quedó conformada la Santísima Trinidad de “nuestro” pensamiento económico. ¿Y los verdaderos mandantes en las acciones decisivas de siempre? Tras bambalinas, eternamente impunes.

Las Fuerzas Armadas vienen diciendo lo suyo acerca de nuestra tragedia; la Iglesia Católica intenta un parcial balbuceo; cada vez son más los “setentistas” (guerrilleros incluidos) que dicen lo propio; también algunos partidos, y muchas organizaciones sociales, culturales y de todo tipo. Estas últimas muestran un renovado vigor en nuestra sociedad civil, que permite alentar cierto optimismo. Resulta obvia, a esta altura, la pregunta final: ¿cuándo van a dar la cara –y contarán lo suyo– los empresarios del terror?

El doble aniversario de hoy, 2 de abril, invita a persistir en memoria e historia. A 30 años del anuncio del programa que definió el rumbo económico-social del país y a 24 del anuncio de la aventura de Malvinas.

Las mismas palabras de José Alfredo Martínez de Hoz de 1976 fueron repetidas por Fortunato Galtieri en 1982: se ha tomado –se animaron a decir- “una decisión por la patria” que “no supone discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni factor social alguno”.

El “programa del 2 de abril” supuso el inicio del segundo “ciclo largo de endeudamiento” de la Argentina, un período de sustancial estancamiento de la economía y retroceso de la sociedad. Dios sabrá hasta cuando (y hasta dónde) nos atará este ciclo de deuda. El primero se le debe a Bernardino Rivadavia y duró 123 años: hasta 1947, cuando el país canceló toda su deuda externa y proclamó una muy breve “independencia económica”. La clarinada de Malvinas terminó con el gobierno del “Proceso” pero ayudó a su sobrevida económico-social, al hundir a la mayor parte de los argentinos aún más hondo en un pozo de su historia.

Tenía poco más de dos años cuando irrumpió la dictadura cívico-militar genocida. Mi hermano había cumplido apenas un año 20 días antes. Mi papá, Carlos, hacía meses que no venía por casa: su nombre integraba una larga lista de “subversivos” buscados por las fuerzas represivas. Mi mamá, Mecha, trabajaba en el hospital, atendía nuestras demandas y esperaba noticias de su compañero. Ambos eran médicos y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ambos componen la nómina de 30 mil detenidos desaparecidos. No volvimos a saber nada de ellos.

¿Dónde está mi papá? ¿Cuándo viene? Mis preguntas debieron representar un peso insoportable para mi mamá. Desde marzo no se sabía nada de Carlos. Sólo llegaban versiones contradictorias que desalentaban cualquier esperanza y aumentaban la angustia que rodeaba el entorno familiar. El 7 de junio un grupo de tareas entró en la humilde casa en que vivíamos y secuestraron a Mecha y golpearon a mi tío y se burlaron de mi abuela.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, REUNIDAS EN SESION ESPECIAL CONJUNTA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2012, DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, DECLARAN:

Que corresponde manifestar un reconocimiento a la labor de aquellos Tribunales que han demostrado y demuestran su compromiso indeclinable con la investigación, el juzgamiento y la sanción a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Que no puede omitirse tampoco el papel fundamental que han desempeñado en esta búsqueda de verdad y justicia los familiares y diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, como las heroicas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Que, reafirmando la decisión de todas las fuerzas políticas de asegurar el proceso de verdad y justicia como una política estatal irrenunciable, todas las causas deben completarse en plazos razonables y dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Contribuye a este objetivo la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde el 2008, como reflejo del aumento del hambre que causan los súbitos aumentos del precio de los alimentos, hay una polémica internacional sobre la seguridad alimentaria. Más realista sería hablar sobre soberanía alimentaria, pero el cartel de transnacionales en la distribución de alimentos no permite que ese término se mencione a nivel institucional.

Hace poco Raj Patel publicó un libro dramático con el título “Obesos y famélicos: los mercados, el poder y la batalla oculta por el sistema de alimentos del mundo.” (Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World's Food System). Patel señala que “Hoy, cuando producimos mas alimentos que nunca, una persona de cada diez padece hambre. El hambre de 800 millones sucede al mismo tiempo que otra primicia histórica: que son superados en número por los mil millones de personas en este planeta que tienen exceso de peso”.

El coronel retirado José Luis García fue colaborador de Augusto Rattenbach en la elaboración del informe que lleva su nombre y que la presidenta Cristina Fernández ordenó desclasificar esta semana en el marco del conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas. Como compañero y amigo de toda la vida del hijo del general Rattenbach, como responsable de una parte del informe y como secretario adjunto del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), García es hoy una de las voces más autorizadas para hablar de lo que sucedió con el informe, su impacto en el conflicto actual con los ingleses y del “absurdo” de la guerra por las islas. En diálogo con Página/12, aseguró que desclasificar el informe servirá para revelar que “el pueblo argentino era totalmente ajeno a la actitud belicista que llevó a la guerra”.

En 1978 don Ildefonso Garzón creía que su hijo Baltasar pretendía “salirse de su sitio” porque quería ser juez. Pensaba el padre que esos cargos eran para gente rica, con mucho poder. Pero la respuesta del hijo fue: ¡El poder lo lleva uno dentro! Admitió Baltasar que se metería en gastos “y estaré a la sopa boba sin ganar sueldo”, pero prometía anotar peseta a peseta gastada para devolverlos en su momento. El perfil del juez ya se definía, con su empeño, decisión, coraje, constancia y capacidad de superación. ¡Y fue juez!

Veinte años después, la baronesa Margaret Thatcher recibe en Londres a su amigo Augusto Pinochet, el general que ayudó a Inglaterra en la Guerra de Malvinas. El general que tutelaba al ejército chileno después de su larga dictadura y sobre el cual pesaban las sombras de tantos muertos y desaparecidos viajó invitado por la agencia estatal The Royal Ordenance, una empresa de fabricación de armas. Paso audaz el del general, porque el gobierno de Frei le desaconsejó el viaje. El goce de la impunidad puede producir gestos atrevidos. Y si se le presentaban dificultades Al Kassar dijo a sus íntimos: “Yo corro con los gastos de su defensa con sumo gusto”. El traficante sirio, la baronesa y el general tenían negocios en común.

Las denuncias contra el dictador existían en diversos sitios, pero faltaba quien se hiciera cargo de asumir la trascendente decisión de ordenar la detención del poderoso senador vitalicio.

Un juez en la soledad de una tarde de viernes emite la orden de detención por terrorismo, genocidio y tortura por crímenes en el contexto del Plan Cóndor, y esa noche Pinochet es detenido.

“Si un juez tiene miedo, que cuelgue la toga”, ha dicho Garzón, y sin duda su trayectoria demuestra no sólo que no la colgó nunca, sino que siempre se la puso al hombro. Muchos crímenes fueron investigados y abordados sin temor por un juez incansable y con una musculatura mental inapreciable. Los grupos parapoliciales del GAL, las mafias del oro, el terrorismo de ETA, los crímenes de Argentina y Chile, los fondos reservados, el narcotráfico, la corrupción fueron materia natural de su labor.

Y descorrió el velo de negación histórica sobre el plan sistemático de exterminio del franquismo, lo que significó abrir un camino reparador para las víctimas de la dictadura. Ese plan significó que por fuera de la Guerra Civil Española se fusiló sumariamente, se desaparecieron miles de personas, se apropiaron niños para trasladarlos de un sector nacional a otro, se enterró en fosas comunes sin nombre y cuantificando por cantidades. El horror comenzó a aflorar en esa España que se presentó frente al mundo como realizadora de una transición ordenada y pactada. Se invocó una ley de amnistía para cerrar el capítulo, cuando se está frente a delitos de lesa humanidad imprescriptibles y que no pueden gozar de amnistía alguna.

El poder real no toleró este camino de verdad y justicia y comenzó a planificar la destitución del juez Garzón que se acaba de concretar.

La calle de Torres en las serranías de Jaén donde nació Baltasar lleva su nombre. Antes se llama Del Generalísimo.

Podemos preguntarnos: ¿la restauración inaugurada con la destitución de Garzón continuará con la vuelta del nombre del caudillo por la gracia de Dios?

El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.

Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.

Los dientes de una ballesta

me tienen clavado el vuelo.

Tengo el alma desgarrada

de tirar, pero no puedo

arrancarme estos cerrojos

que me atraviesan el pecho.

Siete mil doscientas veces

la luna cruzó mi cielo

y otras tantas, la dorada

libertad cruzó mi sueño.

El sol me hace crecer flores,

¿para qué, si estéril veo

que entre los muros mi sangre

se me deshoja en silencio?

No sabéis lo que es un hombre

sangrando y roto, en un cepo.

Si lo supieseis vendríais

en las olas y en el viento,

desde todos los confines,

con el corazón deshecho,

enarbolando los puños

para salvar lo que es vuestro.

Si llegáis ya tarde un día

y encontráis frío mi cuerpo;

de nieve, a mis camaradas

entre sus cadenas muertos...

recoged nuestras banderas,

nuestro dolor, nuestro sueño,

los nombres que en las paredes

con dulce amor grabaremos.

Y si nos cerráis los ojos

¡dejadnos los muros dentro!

que se pudran con el polvo

de nuestra carne y no puedan

ser nuevas tumbas de presos.

No sabéis lo que es un hombre

sangrando y roto, en un cepo.

Si lo supierais vendríais,

en las olas y en el viento,

desde todos los confines

para salvar lo que es vuestro.

Si llegáis ya tarde un día

y encontráis frio mi cuerpo

buscad en las soledades

del muro mi testamento:

al mundo le dejo todo

lo que tengo y lo que siento,

lo que he sido entre los míos

lo que soy, lo que sostengo:

una bandera sin llanto

un amor, algunos versos...

y en las piedras lacerantes

de este patio gris, desierto,

mi grito, como una estatua

terrible y roja, en el centro.

En un fallo que irritó a los organismos de derechos humanos en todo el mundo, el Tribunal Superior de España inhabilitó a Baltasar Garzón, el juez que encarceló a Pinochet, imputó a los genocidas argentinos e impulsó juzgar a los crímenes del franquismo.

Es una nueva victoria del Estado de deshecho.” Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó de “monstruosidad” la decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitar por once años al juez Baltasar Garzón.
Numerosos juristas, organizaciones humanitarias y personalidades de todo el mundo, han mostrado su consternación por la sentencia dictada por la Justicia española contra el juez que de forma más tenaz ha combatido en España la corrupción, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el que más luchó por los principios de justicia universal y el único que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo.

Todos coinciden en que la sentencia supone un durísimo golpe contra la independencia de los jueces y uno de los reveses más serios sufridos por la democracia España en las últimas tres décadas. El alto tribunal condenó al juez por la primera de las causas que sigue contra él, por sus investigaciones en la macro trama de corrupción política del Partido Popular, el llamado caso Gürtel, estando aun pendientes las sentencias por las otras dos. Se lo condenó por “prevaricación” y “vulneración de las garantías de defensa de detenidos”, por ordenar a la policía interceptar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales responsables de la trama.

Por medio de las intercepciones, Garzón pudo confirmar que los detenidos seguían moviendo los hilos desde la cárcel gracias a la complicidad de sus abogados. Pero estos últimos plantearon a su vez una acusación contra el juez por grabarlos y lograron finalmente su condena por ello.

El Supremo ni tuvo en cuenta el resultado de esas comunicaciones, al considerarlas pruebas ilegales, ni reconoció que el juez pidió específicamente a la policía que eliminara de las grabaciones todo lo que pudiera afectar a la defensa legal de los detenidos. Paradójicamente, Garzón es el primer condenado por la trama Gürtel que él investigaba, mientras que numerosos cargos del PP involucrados siguen libres y algunos ya han sido absueltos.

La condena de inhabilitación de Garzón, que el juez piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo, supondría apartarlo definitivamente de la carrera judicial.

En los próximos días, el mismo tribunal podría dictar también sentencia contra el magistrado por otra de las causas que se siguen contra él, por aceptar el reclamo de numerosas organizaciones de familiares de víctimas del franquismo para que investigara esos crímenes y el paradero de cerca de 130.000 desaparecidos.

Garzón lo hizo pero la Justicia aceptó la acusación de “prevaricación” que lanzaron contra él organizaciones ultraderechistas, al estimar que el juez era consciente de que no podía investigar esos crímenes al existir la amnistía general de 1977.

Garzón, como muchos otros juristas nacionales e internacionales, consideran que esa amnistía es preconstitucional y que debe ser derogada –la Constitución actual es de 1978– y que dichos crímenes son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Tres de los siete miembros del Supremo votaron a favor de anular el juicio, pero los otros cuatro han decidido seguir adelante.

Muchos familiares de desaparecidos citados por la defensa de Garzón pudieron así testimoniar por primera vez ante un tribunal español. Paradójicamente, lo hicieron no porque finalmente los tribunales hayan decidido romper ese muro de impunidad que subsiste 37 años después de la muerte del dictador, sino para salir en defensa del letrado que decidió investigar el asesinato de sus seres queridos.

Uno tras otro, pasaron ante el Supremo ancianos emocionados que vienen reclamando desde hace décadas que se juzgue a los asesinos de sus familiares y que se abran las cientos de fosas comunes diseminadas por toda España. Mientras, en la céntrica Puerta del Sol y emulando a las Madres de Plaza de Mayo, hacen su ronda todos los jueves de ocho a nueve de la noche los familiares de los desaparecidos españoles.

Comunicado
La autodefensa de Baltasar

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada. He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.”