En un contexto de tembladeral cambiario, bursátil y financiero reiterado, lo que el gobierno y la inmensa mayoría de medios afines instala es que el calamitoso cuadro de situación tendría que ver con el “miedo de los mercados” al retorno del populismo. Llama la atención el absurdo lógico de plantear, en medio de un fracaso estruendoso de la política económica actual, el temor a abandonar esta política que sólo ofrece “sangre, sudor y lágrimas”, pero no en función de la victoria, como en el caso de Gran Bretaña en la Segunda Guerra, sino de la derrota de la sociedad argentina.

El machaque con el sonsonete del “miedo de los mercados” debe escucharse como la exigencia de las corporaciones a que se garantice la continuidad futura de sus actuales negocios y se les ofrezcan próximamente nuevas oportunidades de altísima rentabilidad.

Ya se ha logrado en diversos países de América Latina consolidar un régimen político estable y sin alternativas reales, que sirve exclusivamente para garantizar la rentabilidad de grandes grupos empresarios independientemente de la suerte del resto la sociedad. Ese modelo político-económico no se ha logrado implantar en forma permanente en nuestro país precisamente por las incoherencias de los grupos dominantes y del tipo de gobiernos que propician.

En la cúpula económica de la sociedad no hay preocupación alguna de ofrecer ningún horizonte de progreso, ni de compartir el fruto de ningún éxito económico con nadie, sino de reforzar el dominio político sobre las instituciones para maximizar la rentabilidad y avanzar sobre el conjunto de las actividades sociales de las cuales se pueden obtener ganancias.

Agenda del fracaso modelo 2019

El fallido gobierno macrista, fiel a su relato sobre el peligro populista, intenta profundizar el argumento publicitario del miedo de los mercados generando una escena de “coincidencias entre gobierno y oposición” que llevaría tranquilidad a los supuestamente atribulados mercados. En el mundo de la pos-verdad, no importa la realidad material, no importan los datos ni los hechos sino las ideas, las percepciones y las expectativas de los actores, por más irracionales, fantasiosas y faltas de sustento que sean. Por los pasillos del gobierno está circulando una propuesta de un documento de coincidencias entre Cambiemos y sectores del PJ, que nos proponemos analizar muy brevemente, diseñado para calmar mercados. Son, de hecho, diez puntos económico-políticos muy importantes, que sintetizan las aspiraciones de los acreedores externos, los bancos, los proveedores de servicios públicos, los monopolios locales y extranjeros, y el capital en general, para la Argentina de las próximas décadas.

Los puntos, y nuestros comentarios, son los siguientes:

• Lograr y mantener el equilibrio fiscal.

El logro del equilibrio fiscal nunca puede ser una meta en sí misma, sino subordinada a cuestiones más relevantes, como la del desarrollo económico. Pero además, en el caso argentino actual, esa meta suena ridícula cuando el gobierno promueve un gigantesco desequilibrio cuasi-fiscal, provocado por el pago de intereses de la deuda pública, que ya se estima en el 4% del PBI para este año. En otros términos: se está proponiendo postergar toda acción pública ampliatoria de la demanda y el consumo, para poder pagar más y más intereses al capital financiero local y externo, ya que se rechaza recaudar más impuestos de los sectores que podrían pagarlos.

• Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.

Se vuelve otra vez con la fantasía del Banco Central independiente. Es una patraña global, para instalar la idea que al banco central lo controlen “expertos”, que en realidad son representantes del capital financiero privado, instalados en lugares claves de las principales instituciones públicas. Es una forma de sustraer el control monetario de la sociedad y entregárselo a los financistas. Para colmo, en el caso de éstas dirigencias latinoamericanas subdesarrolladas, rechazan que el Banco Central cumpla ninguna otra función que la custodia de la estabilidad monetaria –como se puede observar en la gestión Cambiemos—, cuando en países centrales, los bancos centrales velan también por el crecimiento y el empleo.

• Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.

El objetivo parece loable, pero la traducción en la práctica neoliberal argentina es: aperturas importadoras que destruyen la producción local, y libre movilidad de capitales financieros –el tembladeral del cual disfrutamos constantemente desde el año pasado— para que el capital global pueda hacer sus negocios a costa de nuestra estabilidad macroeconómica. Lograr una mayor inserción y diversificación exportadora es útil y necesaria, pero nunca resultan ser esas las verdaderas prioridades de los neoliberales periféricos. Además el contexto internacional es especialmente complicado para lograr grandes hazañas exportadoras, en un momento de fuerte proteccionismo en los países centrales.

• Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.

El respeto a la ley no puede ser independiente de que la ley tenga sentido. Cuando los funcionarios neoliberales en connivencia con el sector privado firman acuerdos ruinosos o de saqueo de los recursos de los ciudadanos, de las provincias o del patrimonio público (como ocurrió, por ejemplo, en los ’90), nadie puede pretender que en nombre del “respeto a la ley” se prosiga con situaciones inviables económica y socialmente. Los derechos adquiridos tienen sentido en contextos históricos concretos. La derecha muestra su completa impostura ideológica y su doble standard social, cuando brega incesantemente por arrasar con los derechos adquiridos de los trabajadores.

• Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.

Nuevamente el cuento de que el empleo se crea precarizando a los trabajadores y atomizando su representación hasta que desaparezca. No funciona así, salvo que se esté soñando con una factoría de esclavos, que compita con los peores países del mundo. El empleo se crea con crecimiento económico, con ampliación de las actividades tanto públicas como privadas en áreas de interés social, con una sociedad focalizada en la producción y no en la timba financiera. La flexibilización y precarización laboral –a la que llaman legislación laboral moderna— sólo sirve para debilitar a los trabajadores individual y colectivamente y para transferir parte de sus salarios a las empresas, sin necesidad de que estas inviertan. El día que haya un proyecto productivo genuino, será razonable discutir cuáles son las modalidades de contratación más adecuadas para ambas partes.

• Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocada en los impuestos más distorsivos.

Nuevamente la cantinela de la elevada carga impositiva. Jamás aparece la preocupación por la eliminación de la enorme evasión y elusión impositivas, un verdadero deporte local, por el cual se pierde recaudación equivalente a 5 puntos del PBI. Nadie puede estar en contra de eliminar despilfarros en el gasto público o de aliviar el pago de impuestos a sectores y regiones débiles o que deben ser estimulados. Pero la lógica sistemática de la reducción impositiva está en línea con la demanda del capital que puja constantemente por desfinanciar –en todo el globo— al gasto público social para incrementar sus beneficios. Nunca se debe olvidar que la mayor presión impositiva del mundo se encuentra en los países escandinavos, y la más baja –el paraíso para nuestros neoliberales— en África.

• Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo.

¿Adivinen de qué se está hablando? Acertaron: de una reforma previsional para que los aportes de los asalariados de altos ingresos vayan a parar a empresas administradoras de fondos de pensión, pertenecientes a la banca local o extranjera. Como en los ’90, eso generaría un grave problema fiscal al Estado y un excelente negocio rentístico a un puñado de empresas. Como ocurre hoy en Chile, esa reforma no estaría orientada a que los jubilados tengan ingresos dignos, sino a que los capitales financieros tengan un nuevo negocio asegurado por la legislación pública. Sólo el desarrollo económico y un Estado muy eficiente pueden garantizar en el largo plazo que los jubilados tengan masivamente un buen pasar.

• Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el Gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.

El ejercicio de un genuino federalismo, entendido como una extensión de los principios democráticos, no puede ser confundido o usado para debilitar al Estado nacional, como se hizo en la década del ’90. La globalización neoliberal propugna, en todo el mundo periférico, el debilitamiento de los Estados nacionales a favor del avance del poder de las firmas multinacionales. Derechos federales sí, pero que no se solapen con el objetivo de empoderar a las corporaciones locales y extranjeras para mejorar su capacidad de lobby sobre autoridades locales cada vez más débiles e influenciables. La debilidad productiva de muchas de nuestras provincias no se resolverá por contar con unos puntos más de coparticipación federal, sino con un plan nacional de desarrollo.

• Asegurar un sistema de estadísticas transparentes confiable y elaborado en forma profesional e independiente.

Inobjetable en principio. Luego habría que discutir cuales son las estadísticas que necesita la Nación para estudiar y afrontar sus problemas sociales, regionales, etc., y cuáles son las que hoy están disponibles. No necesariamente cumplir con los standards metodológicos internacionales hace que se cuente con un sistema de información pública funcional para resolver nuestros propios desafíos. Como esta dirigencia no tiene proyecto alguno de país deseable, no necesita reflexionar sobre la pertinencia de las estadísticas con las que contamos.

• Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.

El último punto, pero el principal de todas las coincidencias, las convicciones y los criterios que tiene la actual dirigencia política argentina. Este verdadero mandamiento sagrado oculta que las “obligaciones con nuestros acreedores” no brotaron de la naturaleza sino que fueron contraídas mediante políticas económicas (1976, 1989, 2015), dirigidas específicamente a satisfacer las necesidades del capital inversor global, poniendo a su disposición las finanzas públicas de un país periférico y dependiente. La política neoliberal macrista está transformando al Estado en una aspiradora del excedente económico argentino para destinarlo a pagar los servicios de una deuda que no sirvió en absoluto para aumentar las capacidades productivas o exportadoras del país. La deuda planteará severos problemas para el despegue de la economía nacional, en especial por la intromisión política del FMI, con su repertorio de recetas subdesarrollantes, en la regulación de nuestra economía. Como en el caso del cumplimiento de la ley, este compromiso tiene sentido en tanto no ponga en juego la supervivencia material de los ciudadanos y de la vida en sociedad.

El hundimiento de la imaginación neoliberal:

Da pena el espectáculo de una parte de la dirigencia política argentina alineándose detrás de ideas ya viejas, fracasadas y comprobadamente dañinas para el país.

Detrás de estas declaraciones de fidelidad a una serie de principios caros al poder económico y al neoliberalismo, está la voluntad de ofrecerse como la dirigencia apta y convencida para continuar con la administración de la semicolonia económica en la que se intenta convertir a la Argentina.

Las adhesiones en estos días al golpismo en Venezuela de varios de estos dirigentes, muestran públicamente un alineamiento extremo con los Estados Unidos y con el libreto paupérrimo que la primera potencia del planeta tiene para nuestra región.

A diferencia de los años ’90, donde las “reformas estructurales” neoliberales eran una novedad tentadora dado el lamentable estado de la economía latinoamericana luego de la crisis de la deuda de los años ’80, la reiteración del antiguo libreto aparece hoy como decadente.

El FMI reclama para 2020 la Reforma Laboral y la Reforma Previsional, y ya corren presurosos dirigentes locales a ofrecerse a implementarlas. Reformas que en sí mismas son simples negocios sectoriales, desconectados de toda perspectiva estratégica de crecimiento o inserción internacional aceptable para la sociedad.

Y allí se agota el horizonte: consolidar las ganancias obtenidas, prolongar indefinidamente las actividades rentísticas, remachar los privilegios tarifarios obtenidos durante el macrismo, pagar como sea a los financistas –que para eso nos prestaron— y continuar el debilitamiento de mundo del trabajo. El criterio es no ceder un gramo de rentabilidad obtenida en estos años macristas a costa de la transferencia de ingresos de pobres a ricos, de asalariados a empresas, de usuarios y consumidores a monopolios, de todos los que dependen del estado, al capital financiero internacional.

El vacío de ideas en la cúpula de la sociedad es abrumador. La falta de voluntad de ejercer un liderazgo positivo es asombrosa en la dirigencia económica local. Ante este desierto, la administración Trump llegó a la convicción de que la Argentina es un país con un liderazgo vencido y vacío, que clama por ser conducido desde el norte. Por eso los 57.000 millones del FMI.

El resurgimiento de la Argentina requiere de nuevas ideas y de otra dirigencia política y social.

^{El Cohete a la Luna - 9 de mayo de 2019}