La posible retirada a fin de septiembre de la empresa Gezhouba Group -de origen chino- de las inversiones en las represas hidroeléctricas de Santa Cruz representa una crisis de alto impacto para la economía y el futuro energético de Argentina. Estas obras, con un costo estimado de más de 4.700 millones de dólares, son esenciales para garantizar un suministro de energía renovable que beneficiaría tanto al desarrollo industrial del país como a la transición hacia una matriz energética más limpia.

Con la posibilidad de generar 1.310 MW, la salida del socio financiero chino pone en peligro este proyecto estratégico, afectando el desarrollo económico y la capacidad de autosuficiencia energética de Argentina, además de generar una crisis profunda con el gigante asiático.

El contexto de esta retirada, coincide con una tendencia más amplia de desinversión extranjera en sectores clave de la economía argentina. ExxonMobil, por ejemplo, ha vendido sus activos en Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. Esta venta es un indicio de que las empresas extranjeras ven en Argentina un entorno de inversión cada vez más riesgoso. El caso de Nutrien, que vendió sus acciones en Profertil, refleja un fenómeno similar en el sector agrícola, afectando directamente la producción de fertilizantes, un insumo clave para el campo.

La canciller Diana Mondino se reunió en China con representantes de Gezhouba Group

El impacto de estos movimientos sobre las mayorías trabajadoras es significativo. La salida de China, en caso de concretarse, no solo paralizará la creación de empleo en la construcción y operación de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, sino que también podría llevar a un aumento de los costos energéticos. La falta de energía limpia y renovable forzará una mayor dependencia de fuentes de energía más caras y contaminantes, con posibles incrementos en las tarifas de electricidad que afectarán tanto a los hogares como a las industrias.

Según datos del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), el costo de las interrupciones energéticas en Argentina ha representado hasta el 1.5% del PIB en algunos años, un impacto que podría intensificarse ante la falta de inversiones.

Esta dinámica de desinversión, contrariamente al discurso del gobierno, se explica por la volatilidad política y económica de Argentina. A pesar de que el gobierno ha impulsado medidas que solo benefician a los grandes capitales – donde la estrella es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)-, los inversores continúan mostrando escepticismo ante la falta de estabilidad política y económica. El retiro de ExxonMobil, Nutrien y Gezhouba demuestra que ni siquiera los grandes paquetes de privilegios han logrado cambiar la percepción de riesgo.

El reciente conflicto entre YPF y Petronas, vinculado a la inversión en el desarrollo del gas natural licuado (GNL), es otro ejemplo preocupante de cómo los intereses estratégicos de Argentina en el sector energético están en riesgo. La sociedad entre ambas empresas tenía como objetivo la construcción de una planta de licuefacción en Bahía Blanca, una inversión de gran envergadura que podría posicionar a Argentina como un jugador clave en el mercado global del GNL. Dos años de trabajo y negociaciones fueron necesarios para que la empresa malaya decidiera invertir USD 15 mil millones en el país, con un trabajo de YPF muy largo, según analiza Strada en X (20/9/24).

Cabe recordar que dicha alianza es anunciada por Cristina Kirchner siendo vicepresidenta, el 1 de septiembre de 2022, destacando que el acuerdo para aumentar la producción en Vaca Muerta «modificará la matriz energética de nuestro país y tendrá un impacto directo en la economía nacional, aumentando las exportaciones, generando divisas, puestos de trabajo y el desarrollo de nuevas industrias». Un programa diametralmente opuesto. Lo cierra horas antes del día fatídico donde intentan atentar contra su vida.

Dos años después, la falta de claridad en los términos del acuerdo y la incertidumbre económica local producto de las decisiones del gobierno actual han generado fricciones, poniendo en duda la viabilidad del proyecto. Este “desencuentro” no sólo amenaza con detener el flujo de inversión extranjera directa, sino que también podría frustrar las esperanzas de diversificación energética y crecimiento de exportaciones, profundizando la dependencia del país en combustibles fósiles de alto costo y agudizando los problemas estructurales del sector energético.

En este contexto de crisis y profunda disputa entre grupos económicos concentrados, cabe preguntarse cuál es la solución que ensaya el gobierno de Milei y su equipo económico. En lo inmediato, Milei y parte de su gabinete realiza un nuevo viaje a Estados Unidos, donde el presidente participará en la reunión de la ONU, según anunció, para expresar sus críticas al organismo. También visitará Wall Street en una búsqueda desesperada de dólares y protagonizará un nuevo encuentro con Elon Musk, dueño de X y Tesla, quien encabeza una profunda ofensiva contra gobiernos latinoamericanos, como Venezuela y Brasil.

De esta manera, el gobierno argentino parece seguir profundizando su alineamiento con las fuerzas conservadoras de Occidente, y subordinándose al proyecto estratégico de los grandes capitales financieros y tecnológicos, con quien se enlaza a través de un asesor clave, Damian Reidel. Ello supone insertarse como cadena de suministro a un programa de profunda transformación de la matriz económica, que necesita de los mecanismos para hacerse de las materias primas y los recursos energéticos estratégicos de países como Argentina, bajo falsas banderas de “transición energética” o promesas de bienestar que traerá la revolución tecnológica comandada por estos centros de poder global.

Lo cierto es que la primarización de la economía argentina siempre fue un mandato global y principalmente una necesidad de los acuerdos con el FMI que parecen no llegar a sostenerse a menos que se devalúe y se someta el plan económico, social y político a sus indicadores macroeconómicos.

A pesar de los esfuerzos de sostener discursos de exitismo por parte del gobierno de La Libertad Avanza, la realidad demuestra un profundo agravamiento de un escenario económico ya frágil, donde el colapso no es un final inesperado, según analiza el economista Raúl Dellatorre. Las clases trabajadoras son y serán nuevamente las más afectadas por esta situación, al enfrentar el encarecimiento de los servicios energéticos, la precarización del empleo en sectores estratégicos y el deterioro de las condiciones de vida a medida que los costos de producción y de consumo se disparan.

El abandono de proyectos estratégicos como las represas de Santa Cruz y el estancamiento de Vaca Muerta implican la pérdida de miles de empleos, así como el deterioro de la infraestructura energética y productiva del país. Las políticas de ajuste que promueve el gobierno, como las reformas laborales y la reducción de subsidios, se traducen en mayor precarización laboral y disminución del poder adquisitivo. Además, el creciente costo de la energía, resultado de la falta de inversiones en infraestructura, afecta directamente a las clases populares, mientras los grandes capitales financieros se benefician de la volatilidad económica que ellos mismos contribuyen a generar.

El modelo económico de Milei, que promete crecimiento sin inclusión, está diseñado para consolidar el poder de los grandes grupos financieros globales, profundizando la desigualdad social. Este enfoque, lejos de generar un desarrollo sostenible, sólo está incrementando la conflictividad social y la represión, mientras las mayorías trabajadoras enfrentan un futuro y un presente de precarización, pérdida de derechos y exclusión económica.

^{Fuente: CLAE - Septiembre 2024}