Toda la cuenca del Río de La Plata sufre las consecuencias de esta sequía que revela la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático, dado que estudios sobre los mismos muestran que las proyecciones confirman que habrá una mayor repetición de estos fenómenos extremos por década (inundaciones y sequías).

Crónica de un incendio anunciado

Los gobiernos provinciales y nacionales cuentan con sistema de monitoreo de las condiciones propicias para que se produzcan fuegos y establece zonas con riesgos de incendios. Sin embargo, a pesar del conocido contexto climático de sequía y de los datos de los monitoreo, ningún gobierno provincial o nacional previó la situación actual y la anticipó con un plan de contingencia.

Es más, el gobierno de Corrientes dedicó esfuerzos políticos en evitar la sanción de la Ley de Humedales, que justamente brindaba y ampliaba las herramientas y presupuestos de gestión ambiental del territorio.

En agosto de 2020, el Senado de Corrientes rechazó la sanción de una Ley Nacional de Humedales “por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo”. Una semana antes, la autodenominada “Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes” había rechazado una normativa nacional de protección de humedales. “No existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales de Corrientes a pesar de convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años, suficiente motivo para expresar que no se aprecian razones o motivos que justifiquen una legislación restrictiva de la magnitud de la pretendida por los proyectos en cuestión (...) Por lo cual es inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características”, señalaron las organizaciones empresarias. Entre ellas figuraban la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Asociación Forestal Argentina (AFOA), las mismas organizaciones que exigen ayuda estatal ante las sequías e incendios.

Al mismo tiempo, el gobierno de Corrientes dilata la actualización del vencido ordenamiento territorial de bosques nativos.

En una secuencia lógica, la política ambiental de Corrientes se basa en el enfoque de áreas protegidas y reintroducción de especies, dejando el resto de los ecosistemas desprotegidos, desregulados y a plan disposición de “la producción”. Sin contar que los servicios ecosistémicos que son brindados a la sociedad dependen de la gestión adecuada de los mismos, donde las áreas protegidas son solo un elemento, pero insuficiente por sí mismas.

La extensión y magnitud del desastre provocado por los fuegos actuales demuestra la irrealidad del enfoque binario de áreas protegidas para la conservación estricta por un lado del alambrado y extractivismo intensivo del otro.

Hasta el momento las pérdidas materiales (según el gobierno de Corrientes) se cuantifican en 25.000 millones de pesos, combinando los efectos directos del fuego y la seguía. Esta cifra contrasta con los 17.400 millones de pesos que se preveían para la gestión de humedales en la cajoneada Ley y los magros 1212 millones para proteger los bosques nativos del todo país. Una vez más queda claro que la desinversión en proteger y gestionar la biodiversidad y los ecosistemas nos termina saliendo muy cara.

^{Foto: Federación Campesina Guaraní de Corrientes.}

Incendios en Corrientes y protagonismo social

Mientras los gobiernos provinciales y nacionales dirimen responsabilidades por la magnitud de los fuegos, miles de voluntarios organizados previamente como bomberos o autoconvocados por la emergencia combaten los incendios en la primera línea. Con escasos recursos y mucha dedicación han garantizado la salvación de numerosas casas rurales de familias campesinas.

La bombera voluntaria Araceli Romero, miembro de la Federación Campesina Guaraní (FeCaGua) en Concepción, relata que —como tantos otros cientos de bomberos— el agotamiento es total, aunque ahora hay mayor presencia del Ejército y aviones hidrantes. “Los aviones ayudan un montón, pero también tenemos que combatir el fuego por tierra, porque damos vuelta la tierra y sigue ardiendo por abajo. Además, la semana pasada tuvimos un susto bárbaro, porque dos camaradas se electrocutaron, gracias a Dios están bien, fue el susto, pero no teníamos los medios y nos costó bastante sacarlos del campo, estábamos bastante alejados del pueblo, nos ayudó la policía. Nuestra dotación solo tiene dos cisternas, la moto bomba y no podíamos sacarlos. Fue un susto grande, porque cuando estaban abasteciendo a la dotación con la cisterna les cayó un cable de alta tensión, esa es nuestra realidad acá, Dios quiera que llueva pronto”.

Estos testimonios se repiten por decenas, donde la solidaridad y dedicación de los bomberos y otros voluntarios han sido la única o principal ayuda de los campesinos y vecinos periurbanos más afectados. Además de los bomberos heridos, se lamenta el fallecimiento de un bombero (José Luis Mombaj, de 38 años) en un accidente y otro resultó herido el 11 de enero cuando se dirigía a apagar un incendio forestal en la localidad correntina de Yapeyú.

^{Foto: Federación Campesina Guaraní de Corrientes.}

Cumplimiento de la ley y extractivismo

Ante la desidia estatal, el 19 de enero se autoconvocó la Asamblea Provincial Basta de Quemas, la cual reúne a ciudadanos preocupados por la inacción gubernamental ante los incendios, más de diez colectivos ambientalistas de Corrientes (Guardianes del Y'Vera, Correntinos contra el Cambio Climático, Defensores de los Pastizales y Colectivo de Arquitectos Turba, entre otros) y grupos de bomberos voluntarios.

Desde la Asamblea realizaron intervenciones artísticas y protestas frente al auditorio donde tenía lugar la Fiesta Nacional del Chamamé, dado que allí estaban presentes las autoridades provinciales que daban la espalda a la crisis del fuego.

Recordaron que se encuentra vigente la Ley 27.604 de Manejo del Fuego, que expresa claramente: “En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción: realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento (o cualquier emprendimiento inmobiliario); cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.

Ante la realidad de que los incendios son intencionales y provocados en muchos caos por los dueños de los campos para ampliar la superficie a producir, es que desde la Asamblea Basta de Quemas solicitaron un informe al Ministerio de la Producción de Corrientes para determinar quiénes son los dueños de los campos cuyas superficies fueron afectadas, que se informe el estado de situación de quemas (un mapeo actual), se cree un plan de contingencia por la situación de quemas (con presupuesto), que se constituya el comité de crisis y que sea participativo (con vecinos y sobre todo bomberos) y que renuncien los funcionarios involucrados en los organismos que debería haber evitado y actuado ante los incendios.

“Exigimos soluciones concretas y con un enfoque que no sea netamente el de salvaguardar la producción ganadera, arrocera y el modelo forestal, sino también preservar la biodiversidad de ambientes que se pierden por el fuego a pasos agigantados”, exigieron desde la Asamblea Basta de Quemas y remarcaron que solo la implementación de una verdadera gestión ambiental, con enfoque ecosistémico y participación ciudadana, podrá atender y prevenir nuevos desastres ambientales.

^{agenciatierraviva - 17 de febrero de 2022}