La necesidad de unidad y organización se amplía
En medio del deterioro de salarios y políticas estatales de ajuste, la conflictividad social comienza a crecer, las respuestas antipopulares de los poderosos también dan un nuevo salto.
El conflicto del sindicato del neumático ha alcanzado una duración, profundidad y repercusión pública como hacía tiempo no ocurría con un conflicto gremial.
Unos pocos miles que conmueven a millones.
Le da particular relieve que sea una lucha entre empresarios y trabajadores en un gremio industrial, que atiende a ramas de tanta gravitación como la automotriz y la de maquinaria agrícola. Ello hace que pese a abarcar a una cantidad de trabajadorxs relativamente pequeña ha alcanzado creciente resonancia, hasta ocupar un lugar central en los medios de comunicación, y en las declaraciones de los dirigentes políticos y los funcionarios.
Lo cierto es que lxs trabajadores y sus dirigentes han mostrado gran firmeza en el planteo de demandas sobre todo salariales. Ocurre que al sostenerlas en el tiempo con decisión y perseverancia han dado una dimensión desusada a este enfrentamiento sectorial.
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Hasta el punto de que el encumbrado ministro de Economía Sergio Massa hizo un pronunciamiento de explícito alineamiento con las patronales. Y una virtual intimación a que cesen las medidas de fuerza. “No podemos ser rehenes de caprichos y que un grupo reducido ponga en riesgo 150.000 empleos”, fue una de sus frases.
Ante las iras de algunos sectores ante la “inacción” o la “blandura” del gobierno, la hoy figura estelar del gabinete acompaña a la onda antiobrera. El tildar de “caprichos” a demandas justas, en un momento económico tan difícil, resulta sin embargo un comportamiento esperable. Massa integra una gestión que ya no parece esforzarse por mantener siquiera la etiqueta de “progresista”.
Todo bajo la amenaza de que se abrirán las importaciones si la producción de neumáticos no se reanuda. Antes de eso la oposición de derecha hizo su parte, con las consabidas propuestas de represión policial y acusaciones penales. Y sus declaraciones antisindicales, con acusaciones de “extorsión gremial”, sindicalismo “patotero” y “mafioso”, etcétera.
Por su parte las patronales Bridgestone, Pirelli y Fate han llevado a cabo un cierre de su línea de producción. E incluso las terminales automotrices, con Ford y Toyota a la cabeza, anunciaron ya que cesan de montar automóviles.
Una ofensiva empresaria, política y comunicacional en toda la línea. Los burócratas sindicales hacen su aporte, mostrando “preocupación” por la confrontación en curso[u1] .
El ex secretario general del sindicato y actual funcionario, Pedro Wasiejko salió a criticar a la actual conducción. Lo que incluyó la impugnación de reivindicaciones como la de pago adicional del 200% de las horas extras en fines de semana. Significativa actitud en medio de una lucha y en contra de quienes fueron sus “representados” durante años. Los adjetivos sobran.
Lo cierto es que las medidas de fuerza, incluida la toma parcial del ministerio de Trabajo, han puesto una lucha obrera en un lugar de centralidad que hace tiempo que no se daba. Y no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un abanico de combates por salarios y otras necesidades que tienden a crecer.
La lucha conducida por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) es la más resonante, para nada la única de las situaciones conflictivas en curso.
Los conflictos se extienden, los poderosos se ofenden.
En círculos de la clase dominante y los sectores gubernamentales cunde la preocupación. Lo mismo vale para la dirigencia política opositora y medios de comunicación que les sirven. Temen el “efecto contagio” a otros sindicatos y organizaciones populares en general. Y asimismo ven con desagrado el “mal ejemplo” que da una conducción sindical de izquierda, claramente diferenciada de los variados estratos de burócratas sindicales que tan útiles le son para contener las luchas y entregar reivindicaciones.
Por eso avanzan con ataques por actitudes “intransigentes” y “ultras” y acerca de las motivaciones “políticas” del conflicto. El problema principal para ellos está claro: Una conducta combativa y clasista que da indicios claros de lo que podría ser el movimiento obrero argentino si contara con otra dirigencia.
Incluso sectores que se legitiman a partir de cierto perfil combativo, como la conducción de camioneros y otras organizaciones que se identifican con el “moyanismo” dan muestras de inquietud creciente. Pablo Moyano hizo amenazas públicas de abandonar la conducción cegetista, se supone que molesto por el quietismo de la mayoría de sus colegas de su central.
La demanda de pase a planta permanente de 30.000 trabajadores, en diversos niveles estatales y con variadas modalidades de contratación, sacude a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Después de meses de quietud, la dirigencia de esa organización convocó a un paro nacional el 27 de septiembre, cuyas demandas asimismo incluyen la reivindicación salarial. Algo acuciante en todos los sectores laborales ante la elevada e incontenible inflación. Véase aquí
La adhesión de trabajadoras y trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) alteró los cronogramas de los vuelos de cabotaje, ampliando de ese modo el alcance del conflicto. De modo de suscitar a su vez los airados reclamos dirigenciales de que vivimos en el país del “vale todo”.
El gremio docente, y en cierto sentido la educación en general, está también atravesada por luchas. Los trabajadores del ramo de la ciudad de Buenos Aires han protagonizado un paro hace pocos días, evaluado como exitoso.
Ahora, ante el crecimiento de reclamos y tomas de escuelas secundarias por sus alumnos, se abre la posibilidad de que los profesores tomen el camino de la lucha, aunando los requerimientos propios y los de los estudiantes. Podría ubicarse en esa línea una organización minoritaria pero de posiciones clasistas, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS).
En la confrontación con los secundarios el gobierno de la Ciudad ha tomado el camino amenazador y de represión. Incluso con amenaza de acciones administrativas o judiciales contra las madres y los padres que apoyen las tomas. Para un encuadre de las aristas del conflicto ver aquí
Al menos siete escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires se encuentran tomadas.
Habrá que esperar a ver si avanza la probable convergencia entre la lucha docente y la estudiantil.
En otros distritos hay conflictos en avance, como en Santa Fe y Neuquén, con acciones protagónicas de los sectores más combativos, a menudo opositores a las conducciones oficiales.
Desde distintas instancias de poder se despliega una vez más toda la demagogia sobre “pérdida de clases” y acerca de la necesidad de que lxs chicxs están en los colegios, mientras los problemas pedagógicos, edilicios y hasta alimentarios (la baja calidad de las viandas es una de las líneas conflictivas) se agravan día a día. A lo que se suma el atropello de las pasantías gratuitas, a beneficio de las empresas.
Al panorama que hemos esbozado se suma la renovada movilización de la Unidad Piquetera, que esta vez incluye el acampe en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires y manifestaciones similares en otros puntos del país.
El ministerio de Desarrollo Social hace oídos sordos a las solicitudes de mayor cantidad y variedad de alimentos para los comedores populares y a la de habilitación de planes sociales. Bajo la vaga manifestación de que “el mejor plan social es el trabajo” se oculta el propósito de desgastar a las organizaciones “piqueteras” independientes del gobierno y llevar el desaliento a lxs pobres agrupados en ellas.
Reclamo frente al ministerio de Desarrollo Social.
Mientras tanto las agrupaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras que apoyan al gobierno, siguen con “buena letra”, sin hacer reclamos drásticos ni ocupar las calles.
Los palos, las balas y la necesidad de acción popular organizada.
Más en general crecen los reclamos desde arriba de que se active la represión y se impidan “desbordes” en los distintos conflictos. Hasta aparecen proyectos de ley para establecer sanciones, como el que presentó un diputado provincial ultraliberal en la provincia de Buenos Aires. Y reclamos explícitos de que se encarcele e incluso se mate a lxs luchadores, como lo formuló sin rubores y a través de medios masivos José Luis Espert.
Es ya sabido que las fuerzas de derecha pretenden acabar con el derecho de huelga lo expliciten o no en público. Y articular ese avasallamiento con una reforma laboral regresiva que anule conquistas con largas décadas de vigencia.
No en vano las protestas airadas de los poderosos se extienden a medidas más bien corporativas como las ocurridas en los últimos días en camioneros o trabajadores de peajes. Si bien no han encontrado todavía una ruta del todo adecuada, trabajan en la construcción de un enemigo presentado como de “múltiples cabezas”, en la que las confrontaciones por tierras en el sur, con protagonismo mapuche juega un rol importante.
En medio de las espantosas cifras de pobreza, el deterioro del nivel adquisitivo de los salarios, y una precariedad laboral que ya abarca a cerca del 40% de lxs trabajadores, el crecimiento de la conflictividad y combatividad comienzan a presentar un nivel significativo.
Constituye un horizonte deseable una mayor articulación de las luchas, que abarque a trabajadores privados y estatales; formales e informales; con empleo y desocupados; asalariados, cuentapropistas y perceptores de planes. No es fácil de conseguir, sin embargo es una búsqueda decisiva.
La mayor contribución en esa dirección debería venir de los niveles de base, de delegados y comisiones internas, expresadas asimismo en asambleas y otras instancias deliberativas. Las que a su vez necesitan presionar sobre conducciones anquilosadas para empujarlas a acompañar sus reclamos, como reseñábamos que sucedió en ATE y podría pasar con otras organizaciones. Las políticas de ajuste en curso preanuncian renovadas penurias para el conjunto de lxs trabajadores y las clases populares.
Y eso bajo la amenaza de que en fecha próxima se inicie una “política de reformas indispensables”, a comenzar por la laboral, que no persigan sólo la reducción del gasto público, las bajas salariales o el recorte de políticas sociales. Sino un empeoramiento cualitativo y de largo alcance de las condiciones de vida y de trabajo de las masas populares.
Los desafíos son muchxs y el panorama futuro es de confrontación. Las ilusiones acerca de “salidas negociadas” o de que el gobierno retome “políticas populares” con toda probabilidad serán desmentidas día a día. Incrementar los niveles de movilización y organización constituye ya un requerimiento urgente.
Tramas - 28 de septiembre de 2022
