En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

• La salud, y
• La economía.

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

• El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
• El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
• El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).Reactivación productiva con distribución del ingreso

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

^{El Cohete a la Luna - 27 de diciembre de 2020}