La elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina puso fin a 12 años de gobierno al mando de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La administración de Macri hereda una economía en estado delicado. Si Macri no actúa de manera cuidadosa, Argentina podría enfrentar una crisis de la balanza de pagos, debido al deterioro de las condiciones externas y la mala gestión macroeconómica, especialmente a partir del año 2011.

Algunos aspectos de la situación económica de Argentina, sin embargo, son muy deseables – notablemente su baja relación deuda/PIB. Como resultado, el gobierno de Macri se enfrenta a una tarea mucho menos intimidante en comparación a la que confrontó Kirchner en el año 2003, después de que el experimento de una década de duración durante la cual se aplicaron las políticas del Consenso de Washington (la desregulación financiera, la liberalización del comercio y la privatización), junto con la paridad del peso con el dólar de EE.UU., terminaran en un desastre. Cuando Kirchner asumió el cargo, Argentina acababa de atravesar por la crisis económica más severa de toda su historia. El desempleo, la desigualdad, la pobreza y la deuda nacional, todo ello, se había incrementado. La desindustrialización masiva y el debilitamiento profundo de su sistema de educación no se constituían en buenos augurios para el futuro.

Tras la devaluación y la moratoria, Argentina experimentó una recuperación espectacular. En una economía en la que la demanda estaba severamente constreñida, el gobierno de Kirchner aplicó políticas que condujeron a una reducción masiva del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Una reestructuración profunda de la deuda contribuyó, en gran medida, a la restauración de la sostenibilidad macroeconómica.

En un entorno mundial favorable, la tasa de cambio más competitiva preparó el escenario para la reindustrialización, la creación de puestos de trabajo para muchos quienes se habían visto excluidos de los mercados laborales durante la década anterior. Como resultado, en el período 2003 a 2008, el crecimiento del PIB alcanzó un promedio superior al 8% anual.

Durante la presidencia de Fernández, el país navegado la crisis financiera mundial con relativo éxito. Pero, después del año 2011, en lugar de diseñar cuidadosamente las políticas macro y micro para favorecer un aumento constante de la oferta y la demanda, la mayoría de las políticas fomentaron el sostenimiento de la demanda agregada en un contexto que ya no era puramente keynesiano.

La demanda creció, pero la oferta no le siguió el paso. Algunos sectores (sobre todo los energéticos) atravesaron por cuellos de botella, haciendo que la inflación se acelere. (Debido a la intervención política en el Instituto Nacional de Estadística, los informes oficiales no son creíbles; sin embargo, todas las estimaciones sugieren que antes de la reciente devaluación, la inflación superó el 20%) En consecuencia, el tipo de cambio continuó apreciándose, socavando la estrategia de desarrollo post-2003 de la Argentina. Se estancaron las exportaciones y la actividad real. Se impusieron controles al cambio de la moneda así como restricciones a las importaciones con el propósito de combatir la fuga de capitales y reforzar la balanza comercial. A pesar de todo ello, las reservas de divisas siguieron cayendo.

Argentina había seguido una política exitosa de reducción de la deuda (incluyendo el pago total al Fondo Monetario Internacional, con lo que se incrementó su autonomía en cuanto a la formulación de políticas del gobierno). Sin embargo, el superávit fiscal durante la presidencia de Néstor Kirchner se convirtió en un déficit considerable durante el gobierno de Fernández. El liderazgo de Fernández produjo mejoras significativas en la vida de muchos, una distribución más igualitaria del ingreso, una economía que se acercaba al pleno empleo, y una relación deuda/PIB mucho menor; sin embargo, la erosión en el balance externo (y se hubiera producido un desequilibrio aún mayor, si no se hubiesen tomado medidas distorsionantes para controlar los desequilibrios) ahora amenaza con revertir parte de ese progreso.

La tarea de Macri es hacer frente a los desequilibrios externos y fiscales y reducir la inflación, sin deshacer lo que ya se ha logrado. Durante sus primeras semanas, el gobierno de Macri eliminó o redujo los impuestos a las exportaciones de materias primas y abolió los controles de cambio, lo que resultó en una devaluación de facto de alrededor del 35% frente al dólar.

Cualquier curso de acción (incluyendo no hacer nada) en el contexto actual es arriesgado. Varias amenazas se destacan: una aceleración de la inflación; un empeoramiento de la posición comercial (y, aún más preocupante, una mayor erosión de las ya disminuidas reservas en moneda extranjera); y un marcado aumento de la desigualdad. Las respuestas a la inflación o a la disminución de las reservas podrían, a su vez, dar lugar al peor de los posibles escenarios: la estanflación – un enfriamiento de la economía en el cual la inflación no está totalmente contenida.

Hay cuatro incertidumbres clave: el traspaso a los precios al consumidor de la eliminación de los impuestos a las exportaciones y de los controles de cambio; el efecto de esta devaluación de facto sobre las exportaciones e importaciones; la respuesta de los inversionistas extranjeros al nuevo entorno, y el acceso a financiación “puente”, misma que depende de un acuerdo con los acreedores no aceptantes (los llamados fondos buitre).

Los ganadores inmediatos son los exportadores de materias primas agrícolas y de otras materias primas, quienes recibirán mucho más por lo que venden. Si la devaluación no provoca presiones inflacionarias significativas, esto impulsará la competitividad sin disminuir los salarios reales.

Sin embargo, esto parece ser una ilusión. Si los precios más altos de los productos nacionales que estuvieron previamente sujetos a impuestos a las exportaciones y a precios de importación más altos (como resultado de la devaluación) se transmiten a los consumidores, los salarios reales caerán, en cuyo caso es muy posible que los trabajadores exijan aumentos salariales mayores, empujando la inflación al alza. Y, el efecto de la devaluación sobre los precios al consumidor podría ir más allá de los bienes transables: Argentina tiene un historial largo de precios relativos muy inestables, debido a que el dólar estadounidense es a menudo la moneda de referencia para el establecimiento de precios de los bienes no transables.

A la vista de las presiones inflacionarias crecientes, el banco central probablemente vaya a elevar las tasas de interés. Si esto se hace cuidadosamente, esto podría reducir la demanda sólo lo suficiente como para restaurar una apariencia de equilibrio macroeconómico. Incluso entonces, es muy probable que el aumento de despidos en los sectores que no tienen cuellos de botella empuje la tasa general de desempleo al alza, y ya que la inflación sólo se dominó parcialmente, se produciría una estanflación.

Si el banco central actúa con demasiada agresividad e impulsa la economía hacia una recesión, los pobres se verán afectados de manera desproporcionada. Un régimen de metas de inflación (que el banco central ha anunciado que pretende establecer) haría que este resultado sea el más probable.

Los optimistas creen que el nuevo régimen de políticas dará lugar a una afluencia de inversión extranjera directa, y que se logrará una solución “justa” a las demandas de los buitres, despejándose así el camino para la obtención de un crédito puente con el propósito de cubrir cualquier déficit de financiación. Además, el tipo de cambio más débil, combinado con ventas acumuladas de materias primas que estaban a la espera de una devaluación de una sola vez, será suficiente para satisfacer todas las necesidades de moneda extranjera.

Los pesimistas, viendo una desaceleración mundial y una recesión en el vecino Brasil, se preocupan sobre que habrá la necesidad de nuevas devaluaciones, especialmente tomando en cuenta las transferencias significativas hacia los precios al consumidor, y que esto – o incluso la expectativa de que esto ocurra – puede llevar a algunos exportadores a retrasar envíos. También se preocupan por un aumento repentino de la demanda acumulada de las importaciones, una vez que se levanten plenamente todas las restricciones a las importaciones.

Los pesimistas también dudan de que se pueda encontrar una solución mutuamente aceptable al problema de la negativa a la restructuración de los adeudos, lo que haría que un préstamo puente sea inalcanzable. Al fin de cuentas, cualquier acuerdo tendría que ser ratificado por el Parlamento de Argentina, que, tal como enfatizó recientemente el ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay, es poco probable que esté de acuerdo con una oferta que incluya la tasa de interés punitiva alta que el juez federal estadounidense Thomas Griesa dictaminó que el país debería pagar – y que dicha actuación del Parlamento sería la correcta.

Las acciones iniciales del gobierno son preocupantes: en particular, el recorte permanente en los impuestos a las exportaciones que significa una gran transferencia hacia los ricos, a un gran costo para los trabajadores comunes y corrientes. Cualesquiera que sean los beneficios de eficiencia, no se pueden ignorar las consecuencias distributivas y las implicaciones para el desarrollo.

Sin embargo, las primeras políticas económicas de Macri parecen depender de varios supuestos controvertidos sobre cómo la devaluación afectará a los precios al consumidor y sobre cómo la inversión responderá a políticas más orientadas al mercado. Si esas suposiciones colapsan, el gobierno tendrá que reaccionar rápido, intervenir para evitar los posibles efectos recesivos o el aumento de la desigualdad y la pobreza – o de lo contrario el proceso de desarrollo inclusivo se verá seriamente perjudicado.

Project-Syndicate - 29 de enero de 2016