Los DDHH y el Pueblo de la Nación Argentina. El RIGI y la expoliación de Argentina

Bruno Capra - Alejandro Romero

Art. I, Inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Para el logro de sus fines, los pueblos pueden disponer libremente sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Del Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

¿Qué nos pasó? - ¿Adónde Vamos?

La explotación financiera de los Recursos Naturales (RRNN), casi todos los cuáles son “normalizados como objetos de comercio” (commodities) que hoy se negocian como “derivados”, genera un problema mundial por el crecimiento de “numerales,” que se convierten en riqueza real de sus propietarios al momento de gastar o invertir ese dinero, que no tiene contrapartida alguna de origen en la producción de bienes. Esto produce una desviación significativa en las sociedades las que pasan a ser superfluas, para mejor vida de las elites. En Argentina: la ONCA; Oligarquía Negociadora Cipaya Argentina.

Este mercado financiero se expande en el mundo entero en forma continua, desde 1980. Al principio, lentamente; pero muy rápido desde la creación de los “derivados” que tuvieron su primera crisis en USA (2008, Leehman Brothers).

Localmente, en Argentina, con esos fenómenos financieros mundiales sucede lo mismo, con la apropiación abusiva, privada y progresiva de los RRNN argentinos, que son del Pueblo. Esto sucede en consonancia con la apropiación del ahorro interno por parte de la gran Oligarquía Financiera Transnacional. Fenómeno cuya institucionalización fue inaugurada por las leyes del “proceso” (Gobierno Cívico-Militar Genocida) y por el avance arrollador y poco comprendido de los medios tecnológicos que así quedan fuera del control ciudadano y político. En Argentina, complementando eso, ya en aquél entonces, facilitando el dominio y control. Así se sancionaron las leyes: de Inversiones Extranjeras y la de Entidades Financieras.

Tecnología y Poder

Por Tecnología, nos referimos al conjunto conformado por la Computación y las Comunicaciones, la venta de ENTEL como momento liminar y luego, las novedades posteriores de los satélites de Comunicaciones, la paralización de la Red de fibra óptica de Argentina, etc. Todo esto, realizado con la ayuda estructural a los grandes empresarios privados de los aparatos de Estado de las grandes potencias (EEUU y G.B.). Este es el mecanismo esencial, en el caso de Argentina, que le ha permitido a un pequeñísimo sector de la población planetaria (hoy un 1%) avanzar en una concentración desmesurada del control, cuando no directamente de la propiedad (Black Rock, Vanguard, Pimco, etc), de la riqueza planetaria, con el significativo e indeseado aporte de la población de Argentina.

Esta apropiación ha significado para los pueblos y naciones del mundo un ejercicio sistemático de des-posesión y ha resultado, para sus mayorías, en un sostenido proceso de empobrecimiento por no canalizar adecuadamente y en favor propio, la explotación de las riquezas disponibles.

Desde comienzos de la década del 70 del siglo XX, la destrucción deliberada y sistemática del salario real (la participación en la riqueza desde el trabajo de las personas) y del empleo formal, acompañó ese proceso de concentración oligárquica y se constituyó en el instrumento más poderoso de fragmentación, desmovilización y sometimiento de las clases trabajadoras, que componen/ían las grandes mayorías de los pueblos del mundo; en vías de desarrollo o desarrollados.  Esto tuvo sus excepciones parciales, como fueron en Argentina los tres gobiernos de signo K, pero, a la larga, fue más intenso en aquellos países que ofrecían menor “densidad nacional”, al decir de Aldo Ferrer. Los países de menor “densidad” se dejaron invadir por esas sugerencias reiteradas y contumaces de privatización, liberalización o desregulación y paralela concentración de la riqueza. Los “mayores” recordarán al periodista Bernardo Neustadt, que machacaba permanentemente por TV las ventajas de las privatizaciones, del achicamiento y remate del Estado. Del mismo modo, recordarán también sus consecuencias más escandalosas, evidenciadas en la crisis “del 2001”. El efecto de estas políticas, inspiradas en el Consenso de Washington, no fue el mismo en todas partes, sin embargo. Brasil, sometido a las mismas presiones, reaccionó con mejores autodefensas. Hizo como un Packman: se comió las presiones mientras engordaba su industria. Los argentinos, en cambio, la destruimos. La diferencia de “densidad”, resultó evidente.

Muchos queremos recuperar para Argentina esa “densidad nacional” perdida.

“Bases y RIGI”: Salto a la Entrega.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI, no es un mero asunto económico. Tiene consecuencias e implicancias directas para los derechos de las personas y del pueblo argentino en general. Todas las declaraciones y pactos de DDHH suscritos por Argentina y que integran la Constitución Nacional desde 1994, (Vigentes como Ley 23054 desde el 22/11/1969-Hoy: ¡55 años!) dictaminan que los RRNN sitos en el territorio nacional son propiedad del Pueblo todo. Por lo tanto, según los mismos pactos y acuerdos, el Estado Nacional tiene la obligación de poner todos los recursos con que cuenta para garantizar el libre acceso y disfrute de esos RRNN por parte de su legítimo propietario: el Pueblo de la Nación, de manera de garantizar que cada uno de sus miembros pueda vivir “libre del temor y la miseria”, tal como enuncia el preámbulo de la Declaración Americana de los DDHH que incluye a los DESC+A (Derechos Económicos, Sociales y Culturales + Ambientales)

Modo y Consecuencias

Dado que el RIGI permitiría la exportación total del producto de la explotación de los RRNN de cada caso, sin obligación de atender el mercado interno, ni la reserva para procesar en Argentina siquiera una parte de esas materias primas, su aplicación es el equivalente a una flagrante violación de los mandatos constitucionales, porque el RIGI:

  • No genera obligación alguna de realización interna de las ganancias en dólares, las que podrían sacarlas de Argentina en su totalidad; 
  • No obliga a dejar, por ej., el cobre en Argentina para hacer todos los artículos que lo usan y exportar estos para beneficio de la ocupación de la población argentina; y esto, con todas las demás materias primas extraídas;
  • Permite la importación sin restricción de los Bienes de Capital necesarios; siendo que estos bienes son el “motor” del desarrollo industrial, y fabricarlos localmente con el dominio tecnológico, es la única forma de obtener la soberanía total del recurso para la Nación (Importando, la propiedad se convierte en un mero hecho formal y el territorio solo el soporte físico de la actividad foránea, mientras ese extranjero extractor queda como el real soberano de ese territorio y del elemento extraído. El Pueblo, su propietario: un espectador pobre);
  • Somete cualquier conflicto al juicio de tribunales internacionales, o a arbitrajes de organizaciones privadas, conformando esto, la plenitud de la pérdida de soberanía.

Inconstitucional

De este modo, el RIGI concreta en Argentina la des-posesión total al pueblo de los RRNN que son de su propiedad. Esa des-posesión llevada a cabo por las empresas transnacionales dominantes, principalmente anglosajonas, constituiría una violación total y sistemática de los deberes del Estado Nacional en cuanto a defensa y garantía del disfrute de los RRNN argentinos (no sólo Vaca Muerta: reservas hidrocarburíferas continentales y marítimas, minería, pesquerías,  pampa húmeda, litio, oro, cobre, agua, ríos, energía en todas sus formas, viento, etc.), privando al pueblo argentino, a cada argentino y argentina, de los recursos fundamentales para su desarrollo económico y garantizando de ese modo, la permanencia y ampliación en el tiempo, de condiciones de pobreza y miseria. Esto es punible estructuralmente como Delito de Lesa Humanidad y sus responsables y ejecutores, son los funcionarios que lo facilitan.

La ley Bases y el RIGI, antes o después, serán derogados: por ser Leyes Inconstitucionales, de Nulidad Absoluta e Insanable.

Garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo argentino es, el deber principalísimo del Estado. A ese fin deben orientarse también las políticas económicas y el marco jurídico. Por eso, el centro de la política no debe ser el déficit fiscal, que no es más que una convención económica del sistema dominante, sino que debe ser el ser humano, cada argentina y argentino, con sus necesidades y   derechos.

Crecimiento

Desde este punto de vista, queda claro que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y si satisfacer necesidades, garantizando derechos, implica costos, la apropiación y el aprovechamiento soberano del territorio, por el pueblo argentino debe dar por consecuencia que la explotación y aprovechamiento soberanos de los RRNN sitos en el territorio patrio sean el principal medio para cubrir esos costos y garantizar la satisfacción de esas necesidades. Los costos del desarrollo y de la satisfacción de necesidades se cubren con el incremento de trabajo que permanentemente se crea con nuevas iniciativas productivas soberanas y auto-centradas.

Este es uno de los modos en que los países crecen y distribuyen la riqueza: con industria propia y con impuestos progresivos. El que más gana, más paga. La visión limitadora que sostiene que “donde nace un derecho, nace un costo”, y que, por lo tanto, deberían quedar “lamentablemente”, necesidades insatisfechas, es una visión cruel, elitista, y contraria al progreso de la Nación en su conjunto, con ciudadanos activos y organizados con el fin de tener trabajo y un mejor disfrute de la vida. Esa visión elitista y excluyente es aquello a lo que alude la sabiduría popular al expresar que “hay gente que tiene la vaca atada”. Si la vaca la tengo “atada”, además, entonces “ni siquiera tengo que pagar impuestos por ella”: “es mía en forma absoluta” y esto, como la teoría económica explica con detalle, es injusto socialmente.

La puesta en práctica del RIGI, que destruye desde la base la posibilidad de que el pueblo argentino se apropie de modo soberano de sus propios recursos y los use para desarrollar su industria, agregar valor, multiplicar las fuentes de trabajo, satisfacer sus propias necesidades y garantizar sus propios derechos, apunta a gestar un proceso de exterminio de la población nacional para concentrar la riqueza “en 4 vivos”.

Algo contrario a todo razonamiento Político Nacional, Argentino, y contrario de toda Humanidad. Algo íntima y decididamente anti-humanista. Contrario también a todas las religiones y a todos los pueblos.

Por eso es imperioso sostener que: Argentina la defendemos, no la vendemos.  Argentina la queremos soberana y amparando a su pueblo.

Estamos decididos a no ser llevados de la nariz por un desactualizado y casual Presidente, no capacitado para serlo, y por “los 4 vivos” que lo han cooptado para sus fines.

PROPUESTA

Que el camino sea:  la ruptura con el status quo:

  • NO acatamiento y, más aún, derogación de la ley de Inversiones Extranjeras.
  • Reforma total del paquete de leyes de Martínez de Hoz, con derogación de la Ley de Entidades Financieras y vinculadas.
  • Controlar las Fronteras, renacionalizar los puertos o recuperar su control por parte del Estado; revertir las fugas de exportaciones, que son muchas más que la registradas (por eso la así llamada “Hidrovía”: para facilitar la fuga).  Una estimación rápida da exportaciones reales por más de 250.000 millones de u$s/año.
  • Aprovechar los astilleros, en particular Río Santiago, para reconstruir una marina mercante y una Prefectura bien equipada con equipamiento argentino para el control naval, de manera de atender y controlar nuestro litoral marítimo y el Rio Paraná
    • Avanzar lo más rápidamente posible en el dragado y balizamiento del Canal Magdalena, recuperando el tránsito litoral interno.
    • Financiar todo ello con moneda local, para lo cual no hay límites de inversión reales. Consolidar el auto-centramiento económico y social y la soberanía política, que es la meta.

Esta lista, parcial e incompleta, se puede y se debe expandir todo lo necesario para el logro de Soberanía Territorial y la felicidad del pueblo.

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