La política pública industrial es, sin dudas, una herramienta insoslayable para el desarrollo económico e inclusivo de un país. En los últimos 25 años del siglo XX, de claro predominio neoliberal, el pueblo argentino asistió al triste espectáculo mediante el cual dicha herramienta fue desprestigiada y abandonada. Desde el FMI y el Banco Mundial se planteaba que la misma sólo fomentaba prácticas corruptas y que solamente el mercado era el único camino para una asignación eficiente de recursos.

La política pública industrial puede ser vista desde dos enfoques: a) como una respuesta a las fallas de mercado y b) como una visión donde no busca compensar distorsiones sino generar y estimular determinados sectores para alterar y moldear una nueva estructura productiva.

La Fundación Observatorio Pyme (FOP) ha producido recientemente un informe especial sobre “Acceso al crédito y crecimiento económico”. Todo aquel que se preocupe por la problemática de las pymes leerá este documento teniendo en cuenta los interesantes datos que ha procesado históricamente la FOP. Sin embargo, se encontrará con un material que tiene por principal objetivo criticar la política de asignación del crédito del Banco Central, en especial la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP). Llama la atención que la herramienta más impactante que se ha instrumentado para crédito a pymes, por sus ventajosas condiciones de tasa y de plazo, además del destino de los fondos, sea tan duramente criticada.

Ayer, domingo 27 de enero de 2013, finalizó la primera cumbre entre la Celac y la Unión Europea. La reunión arrojó un saldo de luces y sombras que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) desea resaltar.

El merito indudable de la política económica fue generar un modelo de producción y distribución en base al mercado interno, con lo que por un lado se supera el modelo de valorización financiera del capital e integración a los mercados internacionales (en desmedro del mercado y la producción interna), y por el otro, concibe un patrón de crecimiento que permite que se pueda profundizar a favor de las economías regionales, de las PYMES, y del empleo y de los salarios. Esto es posible porque se crearon las condiciones macroeconómicas para hacerlo, demostrando que con más intervención del Estado, y recuperando la capacidad de planificación y de control, se crean las circunstancias para cumplir con esos objetivos.

A modo de presentación

Cuando asumimos el desafío de comenzar a diseñar y articular una política de comunicación para y desde la economía solidaria, partimos de tres premisas claras: a) las iniciativas sectoriales deben apoyarse y articularse con las políticas públicas en la materia; b) más que crear nuevas instancias se deben aprovechar las existentes y c) el éxito de lo emprendido depende del grado de integración que se logre tanto hacia el interior del mutualismo y el cooperativismo como hacia las “alianzas” estratégicas: usuarios, entramados pymes, trabajadores y la comunidad en general, todo esto con la vista en el horizonte de la “Patria Grande”.

La Fundación Observatorio PyME realiza también el seguimiento de la actividad exportadora de un grupo de pequeñas y medianas empresas industriales. De su evolución reciente y de la necesidad de prepararlas para poder competir con mayores posibilidades en los mercados internacionales, habló el doctor Vicente N. Donato en el seminario organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina.

Si desde la dolosa aventura de los hermanos Lehmann el comercio del mundo se ha empequeñecido, aún creciendo en mares bravíos, habrá que mirar más alto y más lejos para observar el avance de nuestras pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEX) en este universo cada vez más hostil pero menos distante en posibilidades de acentuar presencia mercantil albiceleste en tierras lejanas. Las ventas externas de unas 6 mil empresas del segmento en la última década muestran un comportamiento suficientemente estable como para fortalecer posiciones y explorar nuevas rutas. Como veremos, eso sugieren los especialistas del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (IAE/CERA) en dos recientes trabajos que se comentan en estas páginas.

Con los pies en la tierra
Aquella Argentina pensada por la Generación del 80 –exportadora de materias primas agropecuarias (trigo, maíz y carne vacuna especialmente) e importadora de bienes manufacturados–, que demandó mano de obra de inmigrantes para poblar y trabajar el campo nacional, poco a poco fue modificando su modelo productivo. El proceso que arrancó casi 100 años después, a principios de la década de 1960, y se aceleró vertiginosamente durante los 90 de la mano del modelo neoliberal que favoreció la especulación sobre la producción, la concentración sobre la diversificación y el fortalecimiento de los grandes propietarios en detrimento de los pequeños y medianos campesinos, impuso su modelo productivo: el sojero, basado en la siembra directa, la semilla transgénica y el glifosato.

Intensivo en capital y tecnología, el nuevo modelo impulsó acelerados procesos de concentración de la tierra y de capital y como inevitable consecuencia, la exclusión de miles de pequeños y medianos productores. Sin embargo, los datos del Censo Agropecuario Nacional 2002 (CNA 2002) –el último realizado–, muestran la presencia perseverante de estos sujetos agrarios: las 218.868 explotaciones de pequeños productores representan un 65,6% del total de instalaciones agropecuarias del país, y ocupan 23.519.642 hectáreas.

Pocas veces en la historia económica argentina se conjugaron altos niveles de crecimiento económico con una mejora sustancial de la matriz productiva. En los últimos años, se exhibe un escenario novedoso: aumento record de la actividad, tanto en porcentaje como en permanencia, y recuperación del aparato productivo. En este marco, la protección de la pequeña y mediana empresa dejó de ser un discurso para ser el centro de las políticas oficiales. Este segmento es vital en el desarrollo económico, lo que puede verificarse en su participación en los países desarrollados. Las pymes constituyen las organizaciones con mayor capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de generación de empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja. El principal escollo del sector es la falta de crédito bancario. En un relevamiento realizado por Cash se observa que el Gobierno destinó más de 21 mil millones de pesos en distintas formas de financiamiento y acceso a préstamos.

Las pymes en general, y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir mayor relevancia en la economía argentina en los ’50 y ’60, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Ese desarrollo se vio obstaculizado en las tres décadas subsiguientes, producto de una política que privilegió la importación por sobre la fabricación local, sumada a las recurrentes crisis que vivió el país en esos años. Tras la debacle económica y social de 2001-2002, se inició un nuevo proceso productivo en el que las políticas públicas pusieron a este segmento de empresas en el centro de la escena.