APU: ¿Cómo analiza la situación de las inundaciones?

Jorge Cappato: No es casual que estas inundaciones catastróficas están sucediendo en el corazón de la principal zona sojera del país, es decir, en la provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; las tres provincias productoras de soja por excelencia. También hay producciones en Chaco, Santiago del Estero y Salta; que también han sufrido parte de este fenómeno de lluvias extraordinarias y que son una de las causas. Pero precisamente son estos eventos climáticos extraordinarios cada vez más frecuentes los que vienen a debelar el estado de degradación profundo del ecosistema agrario. Básicamente debido a la expansión del monocultivo de transgénicos, en primer lugar la soja, después todos los otros transgénicos como el maíz.

La última estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre la producción de soja en la Argentina para la presente campaña, 2014/2015 es de 55 millones de toneladas. Estimaciones privadas en el país la elevan a 55,4 millones, mientras que el Ministerio de Agricultura aún no entregó la suya, pero sí proyectó que el área sembrada será record histórico, con 20,2 millones de hectáreas. En la campaña anterior, de 2013/2014, habían sido 19,7 millones, y en las previas había oscilado entre 18 y 20 millones.

El principio conservador de que el interés individual es lo mejor para el interés colectivo claramente ha fallado cuando se evalúa el comportamiento del complejo agrario con la producción de soja retenida en silobolsas.

Las doctrinas conservadoras acerca de la sociedad capitalista asumen que el ejercicio de la libertad individual es no sólo un derecho personal, sino también la forma de lograr lo mejor en términos del bienestar colectivo.

La productividad de la tierra y la expansión de la frontera agrícola sojera en Uruguay y Paraguay explican el muy buen desempeño exportador de ambos países en este año. La diferencia es notable respecto del resto de América latina y en particular del de sus socios mayores del Mercosur. El informe de la Cepal “Panorama de la inserción internacional de América latina y el Caribe 2013” proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones regionales de apenas 1,5 por ciento, similar a la expansión de 1,4 por ciento registrada en 2012. Brasil bajará 0,1 por ciento y Argentina aumentará 6,7 por ciento en 2013 respecto del año anterior. En este marco general de escaso dinamismo regional de las ventas externas sobresalen los incrementos del 33 por ciento de Paraguay y el 14 por ciento de Uruguay. La Cepal informa que el fuerte crecimiento fue por las exportaciones de soja y carne. Precisa que en el primer semestre de 2013 las exportaciones agrícolas de Paraguay, especialmente las de semillas de soja, experimentaron un aumento superior al 60 por ciento. La expansión de la cosecha de soja en esos dos países ha sido muy importante. En base a esas variaciones tan destacadas, no es una hipótesis irrazonable incorporar en el análisis la posibilidad de que el transporte de soja cruzando la frontera desde Argentina eludiendo los controles aduaneros haya permitido abultar el volumen exportador de Paraguay y Uruguay. Semejante volumen de carga no puede ser realizado por productores aislados sino por grandes comercializadores. Es lo que se conoce como el negocio de la soja blue.

La relación comercial con China, que se incrementó en la última década, está impulsada por la necesidad creciente del gigante asiático por mejorar la calidad de la alimentación de la población. Eso estimuló el crecimiento acelerado de su demanda de productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales que, sumado al petróleo, explican más del 82% de las exportaciones argentinas a Beijing en la última década. La contrapartida es que no se le venden productos con más tecnificación, lo que define un vínculo que “juega en detrimento del anhelo de una matriz productiva más diversificada y una creciente industrialización”, señaló el economista Ariel Slipak, especializado en la relación sinoargentina.

Lo que sucede en la triple frontera entre Santiago del Estero, Salta y Chaco no suele salir en los noticieros. Salvo cuando ocurre alguna muerte, como la semana pasada, cuando fue asesinado Miguel Galván, de 38 años. En los últimos tiempos esta zona rural ha sido escenario de una guerra silenciosa, en la cual empresarios voraces se aprovechan de gente que habitó toda su vida en el mismo lugar, pero sin un título de propiedad que lo acredite. Cada vez queda menos bosque, y hay distintas visiones sobre el desmonte. Para algunos, conviene desmontar y plantar oro verde, o sea, soja.

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.

Un sicario asesinó de una cuchillada a Miguel Galván, un campesino indígena. Reclaman la sanción de una ley que frene los desalojos de territorios por cinco años.

La frontera del negocio sojero se sigue expandiendo, principalmente en el norte argentino, a costa de la sangre de muchos campesinos indígenas. Esta semana un sicario de un empresario agropecuario mató de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván. Sucedió en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el límite con Salta. Galván tenía 40 años, era de la etnia lule vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC). Hace un año, en noviembre de 2011, otro miembro del Mocase murió asesinado: Cristian Ferreyra.

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.

La comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad Colalao y de él proviene el nombre del lugar).

Representante de una generación que al momento de relatar su vida, la divide entre antes y después del exilio, la socióloga Norma Giarracca, a cargo del área de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, recuerda que la despidieron en 1976 de la Secretaría de Agricultura, donde había empezado a trabajar mientras cursaba la carrera, por el artículo castrense que la declaraba persona real o potencialmente peligrosa para el Estado nacional. «Cuando dan el golpe –dice Giarracca– la Marina toma el control de la Secretaría como represalia por la política que habían llevado adelante José Ber Gelbard y el ingeniero Horacio Giberti desde 1973 en adelante. Y nos echan a todos».

Despedida y con una orden de captura contra su esposo, el economista y docente Miguel Teubal, parten a su primer destino de un exilio que los alejaría del país durante más de 6 años. Tras recalar en España e Inglaterra, México los cobija hasta su vuelta al país.
Un doctorado en la Universidad Nacional de México, trabajos de investigación sobre el campesinado mexicano –en la misma línea que los comenzados en Argentina sobre los pequeños productores rurales– y trabajos de campo financiados por el estado mexicano, quedan atrás y la familia regresa al país.