Con la posibilidad de un acuerdo con el FMI respirando en la nuca, el gobierno empieza a delinear su plan económico para la pospandemia. Algunas de las transferencias más importantes de este año cambiarán de forma o simplemente desaparecerán; como el caso del IFE, con quien nos permitimos soñar en una mutación hacia un ingreso universal que hoy ha sido completamente olvidada; el ATP –que atraviesa su quinta versión– mutaría a un esquema de créditos con requisitos de empleo, seguramente, como los que rigen ahora. Así, dejando de lado los gastos de la pandemia, quedaría el déficit fiscal en 2021 en un nivel similar al actual: un –4,5% del PIB que tendría el visto bueno del Fondo (si bien su preferencias más reales apuntan a -3% del PIB en 2021 y alcanzar el equilibrio antes del 2023 prometido en el Presupuesto).

La principal condición de política para llegar a un acuerdo con el FMI que nos permita refinanciar los USD 49.000 millones de deuda e intereses que dejó el macrismo ya ha sido acatada cuando Guzmán comunicó que no recurrirá al fondeo del BCRA de acá hasta fin de año: el gasto debe ser financiado con fondos propios o endeudamiento pero no emisión. Desde el gobierno y varios sectores de la heterodoxia asumen que el planteo es válido tras el sacudón cambiario que generó la enorme emisión monetaria asociada a la pandemia que terminó en manos de unos pocos con capacidad de ahorro. Pero el Central no acatará un programa monetario estricto como en la gestión de gobierno anterior, tampoco habrá un tarifazo escondido tras la palabra sinceramiento; algunos dicen que el ajuste empezó con las jubilaciones pero desde el gobierno lo desmienten.

El Programa de Facilidades Extendidas, que permitiría integrar la deuda en un esquema con plazos de entre 4 a 10 años con pagos semestrales, no implica el desembolso de fondos frescos pero se rumorea que ese es el as bajo la manga de Guzmán, junto con la posibilidad de obtener unos 4 años de gracia que permitan al país apuntalar su crecimiento económico. El 34% del gasto fiscal se destina a prestaciones para la Seguridad Social (jubilaciones y asignaciones familiares), la nueva fórmula de ajuste previsional será discutida en sesiones extraordinarias antes de fin de año con este back up del acuerdo con el Fondo. Se buscará la sustentabilidad fiscal cuidando a los últimos, como dice el presidente, que no es lo mismo que decir: haciendo que los últimos ganen. No obstante, este es un gobierno más humano que el anterior: esta semana Santiago Cafiero y Fernanda Raverta anunciaron una suba de las prestaciones sociales del 5% en diciembre que permitirá que el 75% de los adultos mayores perciban un incremento real en sus ingresos, a lo que se suman mejoras en las prestaciones de PAMI.

El 17 de diciembre vence el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad pautado por la emergencia sanitaria y el flamante Secretario de Energía, Darío Martínez, trabaja para presentar una esquema de subas que sigan a los ingresos segmentado en tres grandes grupos a la población: los más vulnerados (Tarifa Social), la clase media y quienes integran el último decil de ingresos. Sin dolarizar las tarifas se estima que la suba promedio rondaría un 29%. Además, se descuenta que habrá cortes de electricidad este verano dada una mayor demanda de energía porque la gente no saldrá de vacaciones por efecto de la pandemia y de menores recursos. En paralelo, Martínez trabaja en los detalles del Plan Gas para fomentar las inversiones en Vaca Muerta y que el país pueda sustituir las importaciones de gas natural licuado. Esta semana se conoció una resolución del Central que autoriza a las empresas que participen de dicho programa a girar utilidades y dividendos al exterior o fondos para pagar deudas. 

Argentina todavía debe realizar esas aclaraciones, por eso cada sector (también el agropecuario) insiste en la necesidad de sancionar una Ley de: hidrocarburos, productos agrícolas, mineros, etc. que de garantías. La consolidación legal también deberá vincularse a cuestiones del financiamiento, dado que el Presupuesto solo limita una parte de las emisiones que puede hacer el Tesoro y ninguna de las que realiza el Central. Si el miedo de la ortodoxia es que la heterodoxia emita, a la inversa el temor es el sobre-endeudamiento y todo esto puede quedar plasmado en papel. Se trata de políticas de Estado como gustan llamar algunos funcionarios.

^{El País - 24 de noviembre de 2020}