Desde este centro de estudios damos a conocer nuestra propuesta de política energética a partir del escenario abierto con la ley de la nacionalización de YPF. Asimismo, impulsamos los principios ratificados por la Presidenta de la Nación al establecer la necesidad de desarrollo tecnológico nacional, insumos y productos energéticos con trabajo y costos argentinos: mayor actividad económica, mejor distribución del ingreso, más equidad social entre otros efectos positivos.

Teniendo presente la evolución de este sector a lo largo de los últimos años, escenario que se intensifica notablemente luego del 2011 hasta la actualidad, cuando la balanza comercial energética que venía en declive se vuelve gravosa para la evolución del modelo nacional, cabe reflexionar acerca de las medidas más significativas para reducir dicho desbalance. Este se produce principalmente con la importación de gas oil y de gas natural en forma de GNL. El precio del gas oil importado, no en razón de la falta de crudo sino por déficit de capacidad de destilación, representa precios altísimos con relación a los promedios que paga nuestro consumo local. De la misma manera, el GNL importado que completa la provisión local de gas, tanto en tiempos normales como en los estacionales de alto consumo, significa erogaciones importantes para nuestra economía. Esto nos obliga a pensar en la necesidad de una creciente conciencia de ahorro energético y de uso racional de su consumo. Es por ello que:

El CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentó el plan quinquenal para relanzar la petrolera. Los desafíos: autoabastecimiento, inversión, exploración, y el comienzo de “la era no convencional”.

A mediados de esta semana, el CEO de YPF Miguel Galluccio presentó el trazo grueso de su plan quinquenal para relanzar la empresa petrolera. El objetivo de mediano plazo que planteó fue muy claro: que Argentina vuelva a tener autoabastecimiento de combustible, un insumo que en el año 2011 implicó importaciones por más de 9000 millones de dólares. El plan quinquenal prevé un incremento de la producción en los yacimientos ya descubiertos, un aumento de la exploración y, en el corto plazo, comenzar el camino para utilizar los llamados hidrocarburos no convencionales. Son varios los estudios que indican que Argentina tiene la tercer reserva a nivel planetario del denominado shale gas, en el área de Vaca Muerta. Los desafíos que presentó Galuccio generan entusiasmo y también interrogantes.

El acelerado y extenso proceso de privatización de empresas iniciado durante la administración de Menem, elemento esencial de las reformas estructurales de esa década, incluyó la principal empresa nacional, YPF. Según sostenía el gobierno, era necesario reestructurarla vendiendo ciertos activos para acrecentar su “valor económico”: “más músculo y menos grasa”. Bajo esta señal, se gestó el proceso de fragmentación de la compañía cuya finalidad manifiesta era “incrementar su eficiencia” en el nuevo “entorno competitivo” para luego ser transferido su capital social al sector privado. Sin embargo, en el presente trabajo se discute dicha perspectiva al sostener que su fragmentación tuvo como finalidad que los sectores dominantes locales, que desde mediados de los ’70 externalizaban costos e internalizaban renta de YPF, pudieran participar del “negocio”, al adquirir sus principales activos antes de que fuera privatizada. Este elemento se considera relevante en tanto que marcaría una peculiar línea de continuidad entre el último gobierno de facto y el menemista.

Se debe recuperar el carácter estratégico del tema energético, en todas las etapas de producción y comercialización. La autoridad pública debe asumir la definición e implementación de las políticas y el planeamiento estratégico del sector eléctrico y de hidrocarburos, con participación del sector privado, pero con el objetivo de que la Argentina recupere su renta petrolera y consolide la ventaja competitiva de contar con energía barata.

La expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, en manos de la empresa multinacional Repsol, es una de las medidas de mayor alcance adoptadas por el Estado argentino en los últimos años. Ello es así por su significación política y económica y porque atañe a un sector altamente estratégico, como es el de los hidrocarburos. Desde el Plan Fénix, consideramos necesario dar a conocer nuestra postura.

El petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado –bienes públicos indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del art. 75, inc. 19 CN-. De allí que merezcan –como otros tópicos estructurales- de una Política de Estado. Esto se ha concretado con la expropiación del 51% propiedad de REPSOL, sus controlantes y controladas, en el capital accionario de la sociedad anónima privatizada REPSOL/YPF, lo que contó con el apoyo mayoritario de las fuerzas sociales y políticas de Argentina y de nuestra América. Esta decisión soberana provocó la reacción de grupos políticos y mediáticos minoritarios que argumentan con intención aviesa o palmario desconocimiento del derecho.

A mediados del siglo XX, cuando se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hacer ciencia era considerado algo así como... un lujo. Investigadores que se lanzaban a aquella aventura recuerdan que Houssay, su primer presidente, solía disuadir a los potenciales ingresantes diciéndoles que si no tenían un sueldo extra no podían dedicarse a la investigación, "porque de eso no se podía vivir". Para Don Bernardo, como se lo llamaba reverencialmente, la institución que se convertiría en la columna vertebral de la ciencia local debía dedicarse exclusivamente a la investigación básica; es decir, a la búsqueda de conocimiento sin otra finalidad que la de dilucidar la intrincada maquinaria de la realidad.

El claro ejemplo de la intervención estatal en la actividad empresaria argentina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales puede ser presentada como una experiencia anticipadora de políticas sociales y laborales de la variante criolla del modelo del estado de bienestar (EB).

Desde la creación de esta empresa, la presencia del estado excede el marco económico e ingresa en el amplio mundo de las relaciones socio laborales, que van desde el cuidado de la salud y la provisión de viviendas hasta el manejo de la educación y el tiempo libre, pasando por nuevos modos de organización del trabajo.

El presente artículo pretende realizar un análisis del funcionamiento del mercado de petróleo y gas natural en la Argentina considerando particularmente los cambios que se produjeron entre 2002 y 2011 a la luz de la reciente recuperación por parte del Estado argentino del control sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (en adelante YPF) luego de la expropiación del 51 % de la acciones de la compañía que se encontraban en poder de la multinacional de origen español Repsol.

La relevancia del sector petrolero radica en su carácter estratégico como insumo de uso difundido para el resto del sistema productivo (especialmente las actividades industriales y el transporte) en general y particularmente en la actual etapa de crecimiento económico de la Argentina. El análisis se focalizará en las actividades que comprenden el “upstream” haciendo referencia al “downstream” en los casos que se considere pertinente.

Vamos a suponer que el gobierno británico supiera que un accionista clave de Céntrica, nuestra última gran empresa energética británica, propietaria de British Gas, iba a vender su participación a Gazprom, verificando con ello su traspaso en propiedad al Estado ruso. Yo esperaría que, ante esta situación, el gobierno ampliara las disposiciones de la Enterprise Act [Ley sobre empresas], que permite a Gran Bretaña bloquear adquisiciones que van contra el interés nacional, para incluir el gas y la energía nuclear (la ley se limita en la actualidad a la defensa, servicios financieros y medios de información). Tengo fundadas certezas de que el presidente de Centrica, Sir Roger Carr, presidente también de la CBI [Confederation of British Industry, la patronal británica], comparte la misma opinión. Ningún país puede mostrarse indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se haga de ellos. Su obligación primera se encuentra en el bienestar de sus ciudadanos.

Las obras realizadas desde 2003 hasta el momento en materia de energía potencian la decisión de nacionalizar el 51 por ciento de YPF”, señaló una fuente de la flamante intervención a la petrolera en diálogo con Miradas al Sur. “Sin lo hecho hasta ahora, no podríamos encarar esta nueva etapa como lo estamos haciendo.” La frase apunta a subrayar las inversiones concretadas en ese período en el marco del Plan Energético Nacional. No se trata de números pequeños. La cifra invertida hasta la fecha alcanza un total de 73.400 millones de pesos. En cuanto a las obras en ejecución, la cifra llega a los 52.358 millones de pesos. Una suma que rebate de manera contundente el argumento de la falta de inversión energética que desde 2003 pregonan amplios sectores de la oposición en conjunto con los medios dominantes del establishment económico.