Los grandes bancos europeos son el eslabón más débil de la crisis que se avecina. Después de haber recibido la suma astronómica de 661 000 millones de euros desde 2008 en ayudas públicas, los bancos están descapitalizados (una parte de sus activos vale menos de lo declarado o, en otras palabras, es tóxico) y tienen dificultades para pagar sus pasivos a corto plazo.

Los gráficos siguientes indican los síntomas más notorios de esta dificultad.

Mientras el Gobierno, la oposición blanda y la oposición dura debaten y votan sobre el preacuerdo con los fondos buitre y sobre el proyecto de ley que lo habilitaría, la inmensa mayoría de la población está atenta e intranquila por otras cuestiones. Según un par de recientes encuestas, la principal preocupación de la sociedad es la inflación, que por primera vez en muchísimos años desplazó del primer lugar al problema de la delincuencia e inseguridad.

Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente.

Venimos, conforme el facultamiento contenido en el art. 174 y c.c. del CPPN, a promover denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para la comisión del obrar reputado delictivo, con domicilio legal en Balcarce 50 y Av. Rivadavia 1864 de esta C.A.B.A, respectivamente, para que se instruya causa respecto de un obrar que, “prima facie”, tipifica como traición a la patria (art. 215, inc. 1º, C. Penal), en concurso con defraudación especial (art. 173, 7º, C. Penal), con violación de los deberes de funcionario público (art. 248, C. Penal).

La historia de un país, como ninguna otra historia, no puede resumirse en una serie de imágenes fijas y repetitivas. Pero en el caso de la deuda externa argentina hay una genealogía, si podemos emplear este término, que puede seguirse desde el siglo XIX hasta hoy. Hay una gran bibliografía al respecto, de todas las corrientes historiográficas, hay sentencias de muchos jueces, hay una conciencia pública mayoritariamente condenatoria, cuya historia también es posible hacer.

El 10 de septiembre de 2015, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre del mismo año, se hacen públicas las declaraciones de uno de los referentes económicos del principal partido de la oposición (ahora gobierno), quien afirmaba que el tipo de cambio oficial requería una devaluación del 60%.

Compartimos la exposición que Jorge Gaggero hizo en la comisión de presupuesto y finanzas sobre el pago a los fondos buitres y el endeudamiento.

Hay razones que pueden demandar endeudarse en dólares, como alejar la restricción externa para sostener el crecimiento, y otras que claramente no requieren divisas, como financiar déficit fiscal para morigerar un ajuste que, de hecho, ya existe y es especialmente potente. Con la excusa de quedar en mejores condiciones para tomar deuda nueva, la Alianza PRO, con el vergonzoso apoyo de sectores que en el pasado reciente integraron el FpV, se apresta a pagar cifras siderales e injustificadas a los fondos buitre. Para ello recurrirá a la emisión de nuevo endeudamiento que generará obligaciones futuras con impacto en la demanda interna de dólares.

Los números redondos suelen tener un impacto especial. Quizás esta sea solo una de las razones que explican la enorme cantidad de personas que se movilizaron en las marchas realizadas en 1986, 1996 y 2006 para conmemorar el aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo, y la multitud que se espera para este año, a 40 años del inicio de la dictadura. «Creo que la más grande de las marchas fue la de 1996, que fue cuando nosotros, como organización H.I.J.O.S., participamos por primera vez junto con Madres y Abuelas», destaca Raquel. «Me acuerdo de que en plena década neoliberal, con los genocidas en la calle por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, había movilizaciones no solo pidiendo justicia, sino también por los despidos, por otros derechos, por todo, pero la de ese 24 fue multitudinaria».

El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.