La medición realizada en febrero por el Grupo de Opinión Pública (GOP) registró que el 40 por ciento de los entrevistados respondió que el aumento de precios es su principal preocupación, y un 69 por ciento lo incluyó entre sus principales miedos. Un año atrás, solamente un tercio de las personas mencionaba el tema.

Los resultados de la consultora Ibarómetro también ubican a la inflación como principal problema del país, seguida de la corrupción y la inseguridad. Si a la inflación se le suman las respuestas que señalaron el desempleo y la pobreza, entre los tres reúnen más del 40 por ciento.

La importancia prioritaria que ha adquirido la inflación se ve reforzada por lo que arroja otra pregunta del relevamiento de GOP. Un 34 por ciento considera que la medida más urgente que debe tomar Mauricio Macri es combatir la inflación, porcentaje que se eleva a más del 40 por ciento si se suma los que respondieron que lo primero que debería hacer es aplicar un control de precios. Detrás de la inflación, pero bien lejos, aparece la creación de empleo como lo más urgente. Recién en tercer lugar, con menos del 10 por ciento, figura la lucha contra la inseguridad.

El encumbramiento del tema no sólo se explica por la aceleración de las remarcaciones de los últimos tres meses, que han encarecido la canasta de consumo en aproximadamente un 12 por ciento, con el consecuente impacto sobre salarios e ingresos que mayoritariamente no han sido ajustados. El salto en importancia también obedece a que predominan las expectativas de que la inflación va a seguir elevada: según GOP, los que creen que es muy o bastante probable que la inflación retroceda bajaron del 57 al 43 por ciento entre diciembre y febrero. En igual sentido, los que esperan que disminuya la pobreza pasaron del 57 al 42 por ciento en esos dos meses. Ibarómetro también registró expectativas inflacionarias en ascenso.

En principio puede resultar extraño que la encuesta de GOP muestre que la imagen del Presidente se mantiene alta con un 59 por ciento de opiniones positivas, si bien cayeron 5 puntos en comparación con el momento de asunción. No solo eso: la aprobación es mayor en los sectores bajos que en la clase media y alta. La aparente paradoja se entiende al ver cuáles son las causas que la población asocia con la inflación: casi la mitad culpa a la “codicia de los empresarios”; un 26,5 por ciento responsabiliza al anterior gobierno, y sólo un 15 por ciento cree que se debe a “errores del actual gobierno”. Algo muy similar halló Ibarómetro: el 55 por ciento opina que la culpa de la inflación la tienen los empresarios.

Pero esa complacencia de la sociedad con el Gobierno se irá disolviendo si no logran en algún tiempo corto frenar considerablemente el alza de precios. Alfonso Prat-Gay sigue mostrándose confiado de que en la segunda mitad del año la inflación rondará el 1 por ciento mensual, aunque hay más de un motivo para pensar que lo del ministro es más voluntarismo que un escenario muy probable.

El oficialismo fundamenta su pronóstico en que la elevada inflación de estos meses es consecuencia de medidas extraordinarias que se vieron obligados a adoptar por única vez para corregir problemas heredados y ordenar la macroeconomía. En esa lista anotan la devaluación, el fuerte aumento de la electricidad y la quita de retenciones, como respuesta al atraso cambiario, al desquicio tarifario y a la falta de rentabilidad en economías regionales y en parte del clásico sector agropecuario.

Lo de “por única vez” puede tomarse como cierto en cuanto a las retenciones. No así respecto de la devaluación y las tarifas. Como ya se vio desde que se eliminó el (mal llamado) cepo, el dólar quedó sometido a la volatilidad de un mercado chico y con menos poder de fuego para intervenir por parte del Banco Central. Fue así que con las nuevas reglas de juego la cotización debutó alrededor de los 13 pesos, pero al poco tiempo llegó a traspasar los 16, lo que disparó un salto adicional en los precios. A fuerza de sacrificar algo de reservas y de un brusco aumento en la tasa de interés, el dólar descendió por debajo de los 15 pesos. Pero los precios no.

Tampoco las tarifas ajustaron por única vez. Por un lado es probable, aunque no seguro, que por un tiempo largo no haya más aumentos en la electricidad. Lo que muy difícilmente el Gobierno postergue demasiado son los incrementos en el gas, el agua y el transporte, con todo lo que eso implica para el costo de vida.

Otro de los motivos que lleva a casi todos los economistas a considerar inalcanzable el objetivo de achicar la inflación al 1 por ciento mensual a partir de mitad de año, es la proyección de la política fiscal y monetaria, que son las variables que, según la lógica oficial, determinan lo que sucede con los precios. Aunque a muchos opositores les cueste aceptarlo, el Gobierno no emprendió un recorte de shock en el déficit fiscal sino que, por decisión propia y por una serie de condicionamientos políticos que lo obligaron a aumentar algunos gastos y resignar recaudación, lo está haciendo de manera gradual. Y ese ritmo les limita la contracción en el uso de la máquina de imprimir billetes.

Otra razón en contra de la meta de Prat-Gay es la dinámica salarial. Lejos del tibio intento de acotar las paritarias a un 25 por ciento, los acuerdos que ya han firmado tanto sindicatos estatales como privados contemplan aumentos bastante más elevados. Más elevados, incluso, que el 28 por ciento que en su momento esbozó Hugo Moyano. Cuánto de esos mayores costos va a ser trasladado a precios es ahora una incógnita. Pero llegado el momento agregará algo de leña a un fuego que a la mayoría preocupa más que el acuerdo con los buitres.

Revista Veintitrés - 18 de marzo de 2016