La “calle”, como espacio de expresión de las luchas sociales, puede ser también una radiografía de cada época. “En los ’70 peléabamos contra la explotación patronal, hoy peleamos por ser explotados, por la inclusión”, refería un dirigente piquetero de fines de los ’90 e inicios del 2000, con ironía pero con verdad. Ayer la pelea fue por la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre salarios de 20 o 30 mil pesos. Es una etapa diferente, que también requiere la adaptación de los instrumentos de política.

El Impuesto a las Ganancias “de la cuarta categoría” es uno de esos instrumentos que quedaron desencuadrados, fuera de época y, a veces, con resultados perversos en su aplicación. Emparchado varias veces durante los ’90 con fines recaudatorios (la tablita de Machinea es sólo un ejemplo, Cavallo las hizo peores), los retoques con fines más loables de épocas recientes terminaron por deformarlo más, hasta hacerlo incomprensible. El desconocimiento sobre cómo opera no es un problema menor para la búsqueda de un encuentro entre quienes lo critican y los otros que defienden su “carácter progresivo”.

–¿Dónde debería estar el foco en la discusión de una potencial reforma tributaria?

–Desde cualquier punto de vista, debería ser una reforma estructural que apunte a un sistema con estabilidad en el tiempo, algo pendiente en todo el período democrático.

Como cada marzo en Argentina volvió a arrancar el “debate” sobre el impuesto a las ganancias a las personas físicas, punto principal del planteo del Paro Nacional del miércoles, en cuyo contexto Luis Barrionuevo se refirió tristemente a Axel Kicillof como “el rusito”. El “debate” vuelve a centrarse entre: la justicia distributiva del impuesto que plantea el Gobierno sin tratar de corregir los problemas de diseño del esquema actual y el planteo de los sindicatos que directamente pretende eliminar el impuesto, por considerarlo injusto, aduciendo que el “salario no es ganancia”.

El anuncio de creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado es un jalón simbólico de una cuarta etapa en la compleja historia del ferrocarril argentino.

Las tres anteriores fueron el período predominantemente privado “clásico” (que duró grosso modo 80 años, de 1870 a 1950), los 40 años de explotación totalmente estatal (1950-1990) y las dos décadas de concesión privada (y en menor medida provincialización). Fue así que pasamos de un ferrocarril diversificado y “grande”, con cerca de 43.000 kilómetros de líneas, a uno más “pequeño” y especializado en pasajeros urbanos y cargas masivas, con algo más de 25.000 kilómetros.

Carlos Heller, Jorge Taiana y Daniel Filmus reflexionaron sobre el escenario político actual y el camino recorrido por la Argentina en los últimos años. Un enfrentamiento entre proyectos antagónicos.

Debatir los alcances del proyecto político encabezado por la presidenta Cristina Fernández, sus transformaciones y limitaciones, así como las perspectivas electorales y los retos en el escenario nacional e internacional, fueron los ejes abordados en el acto que reunió al diputado Carlos Heller, al precandidato presidencial y legislador porteño Jorge Taiana y al secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.

Resulta difícil tarea la de pensar la historia política argentina ignorando el nervio jacobino que impulsó sus capítulos más pasionales. Es sabido que, en la imaginación de sus primeros trazos nacionales, está el sello de esta impronta. ¿Pero es el jacobinismo, capaz de suscitar entusiasmos vindicadores u oposiciones tenaces, la forma adecuada para pensar el dilema de la representación política? ¿Cómo remendar sus tentaciones “sustitucionistas” de aquello percibido como “pueblo”, a la hora de pensar la distancia entre representantes y representados abierta por el liberalismo democrático?

Eduardo Rinesi emprende una labor tan delicada como imprescindible: pensar la persistencia del jacobinismo como problema inmanente a los acontecimientos ocurridos desde la “transición democrática” hasta el presente. La promesa de una democracia participativa, su oclusión en el pacto que da origen a la última reforma constitucional, la depredación de los bienes comunes y la esfera pública, y las más recientes conmociones sociales que abrieron un espacio para la formulación de políticas reparatorias, forman parte de una serie de sucesos que precisan de una nueva palabra política y de una organización popular capaz de sostener las transformaciones que esta época reclama.

La postura de Federación Agraria Argentina cuestionando el cese de comercialización que la Mesa de Enlace resolvió para esta semana puso en crisis a esta organización, nacida en 2008 a la sombra del conflicto por la Resolución 125, que fijaba retenciones móviles a las exportaciones de soja (a mayor valor internacional, mayor tasa de retención). Muchos se mostraron sorprendidos, ya que descontaban que la nueva conducción de la federación no era más que la continuidad de la de Eduardo Buzzi.

Muy buenos días a todos y todas. Vengo una vez más a cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 99 inciso 8°, esto es no solamente inaugurar la Asamblea Legislativa sino también a dar cuenta del Estado de la Nación.

Desde el inicio de la pos-convertibilidad se produjeron varios episodios en los que la derecha (en cualquiera de sus gradaciones) ha ocupado la calle. A modo de ejemplo, recordemos las manifestaciones organizadas por Juan Carlos Blumberg en 2004 tras el asesinato de su hijo, las protestas impulsadas por las corporaciones agropecuarias, los "cacerolazos" y la más reciente marcha del silencio a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Cada uno de los episodios siguió una deriva propia. En cada una de esas manifestaciones había un núcleo duro de convocantes más o menos explícitos, un segundo anillo de simpatizantes (no siempre bien informados) que asiste a los actos y un tercer anillo que no fue a las manifestaciones pero que da muestras de apoyo ideológico a la protesta y refuerza su carácter opositor a través de su respaldo. Enfrente: el bloque social conformado por los que apoyan con entusiasmo al gobierno y sus políticas de distribución del ingreso, los que simpatizan más tranquilamente y aquellos que aún siendo críticos por la falta de profundidad de los cambios no se dejan engañar en cuanto a las grandes confrontaciones.

Las presentes se inician con motivo de la denuncia presentada, el día 14 de enero de 2015, en el marco de la causa N° 3446/2012, caratulada “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría N° 8 del Juzgado n° 4 del fuero, por el Dr. Alberto Nisman, Fiscal General titular de la Unidad Fiscal de investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, en la que puso en conocimiento la existencia de un presunto “plan delictivo” supuestamente destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados –y prófugos desde 2007- en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso.

Según es expuesto en dicha presentación, la maniobra habría sido llevada a cabo por “altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo¸ a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal).”