A veces se hace necesario recapitular y explicar. En el caso de la detención de Milagro Sala, que va adquiriendo la dimensión de un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional continuada que por suerte tenemos, es menester hacerlo, aunque la explicación requiera meterse en cosas algo técnicas, pero que el público debe conocer.

La decisión del oficialismo de mantener paralizado el Congreso durante el receso de verano es un tema de actualidad, pero de disímil tratamiento en la doctrina constitucional. Quizá será el momento de darle encuadre a una interpretación constitucional acorde a nuestra realidad contemporánea.

Este artículo desarrolla la hipótesis de que una de las dos corporaciones de los sectores dominantes más relevantes de la historia y la economía argentina, la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) contribuyeron a crear un clima destituyente a partir de sus críticas y presiones constantes. La vinculación de sus propuestas y de las políticas efectivamente aplicadas a partir de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía da cuenta de lo que constituye un entramado de complicidad cívico-militar que posibilitó y facilitó el derrocamiento del presidente.

Complejidades del orden político, económico y de las relaciones internacionales caracterizaron al período 1955-1976 en la Argentina. Se trata de una etapa que va desde el derrocamiento del general Perón por parte de la autodenominada Revolución Libertadora hasta el inicio de la última y más sangrienta dictadura militar que conoció el país. En términos políticos, la cuestión central del período fue la proscripción del peronismo, los vaivenes entre represión e inclusión del movimiento sindical, y finalmente su radicalización a partir de fines de la década de 1960.

¿Persigue acaso fines de redistribución equitativa de la energía o de los subsidios? ¿Se propone incrementar el consumo, el bienestar ciudadano, entregar más energía para las 23 provincias? ¿Qué rol cumplen los subsidios energéticos que el FMI pide eliminar de cuajo? Véase la imagen y luego, por favor, téngase a bien leer lo que sigue debajo.

Los abajo firmantes, integrantes del sistema científico-tecnológico y universitario argentino, queremos expresar nuestra preocupación por una serie de acciones del gobierno del Presidente Mauricio Macri. Lo hacemos con la premisa de que tanto la práctica como la gestión de la ciencia y la tecnología no son ajenas a las acciones generales de gobierno, al modelo económico-social y al funcionamiento del sistema democrático. Nuestra tarea cotidiana se construye sobre las bases del pensamiento crítico, por lo cual no podemos mirar para el costado frente a medidas que apuntan a generar una restauración conservadora en nuestro país, que eche por tierra conquistas sociales y populares e instale un discurso adormecedor de conciencias.

El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.

La Argentina estuvo 38 años bajo acuerdos con el FMI. Entre 1956, cuando entró al organismo, y 2006, cuando en enero canceló toda su deuda. Pasar 38 años de 50 bajo programas del FMI es mucho, es decir que tenemos una larga experiencia, bastante negativa como país, la cual permite afirmar que los acuerdos con el FMI no traen prosperidad ni solucionan los problemas económicos.

La emergencia en seguridad y el parche batido sobre el narcotráfico volvieron a colocar en el centro de interés la radarización del país. La única discusión sensata al respecto es acerca de su importancia relativa y de la forma en que se incorporan las unidades. Durante el gobierno de Carlos Menem se concibió como un gran negocio que al mismo tiempo ayudaría a congraciarse con grandes empresas transnacionales y sus países de origen. La empresa norteamericana Northrop Grumman y la italiana Alenia Marconi se adjudicaron una primera licitación de 16 radares de tres dimensiones o primarios (aquellos que pueden ubicar a un avión aún cuando apague el trasponder y no colabore respondiendo a las señales). También estaban interesadas la canadiense Hughes y la alemana Siemens, cada una con su lobbysta en el gobierno nacional. Incluso hubo una oferta para instalar un centro de ingeniería en Anillaco. Pero muy pronto se judicializó por las impugnaciones de la francesa Thompson y la norteamericana Raytheon, lo cual además de una causa en tribunales dio lugar a negociaciones de alto nivel con los tres gobiernos interesados. Estados Unidos presionaba con su “preocupación por la facilidad que encontraban los vuelos de narcotraficantes para ingresar por la frontera norte de la Argentina”, así como ahora el vicepresidente Joseph Biden ofrece colaboración a Macrì para la “lucha contra el narcotráfico”.

El éxito del programa de ajuste en curso requiere como condición necesaria una caída sustancial del salario de los trabajadores. En efecto, la brutal transferencia de recursos que han implicado las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional (devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la anunciada eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los trabajadores.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, solicitó hoy al gobierno nacional que no deje "librada a su suerte" a la industria nacional.
Fernández hizo estas observaciones durante una charla en el Instituto Argentino de Economía (IADE), en la que participó junto con el economista Alejandro Rofman y el especialista en derecho tributario Arístides Corti. “Desde el campo de las Pymes y los productores, lo primero que surge es la desorientación en cuanto a las variables que se venían manejando en los planos productivo, impositivo, financiero y de protección de la industria”, apuntó el dirigente.
Fernández advirtió además que, en la actualidad, “el pequeño y mediano empresario, fundamentalmente el industrial, comienza a preguntarse sobre el escenario en que se desenvuelve su actividad”.

“Desde el Gobierno dicen que queda librado en mayor medida a su suerte. Ya no hay un Estado que ponga límites a los grandes poderes económicos", observó el titular de Apyme.
En esta situación, señaló que “es indispensable una dirección política gremial coordinada y unida del sector empresario nacional y de la pequeña y mediana empresa”.