El análisis de diferentes versiones construidas sobre un caso emblemático de represión de la protesta social (Puente Pueyrredón) presenta formas en que estas narrativas, aunque opuestas, se constituyen entre sí. Esta trama de versiones sobre los hechos plantea un pasaje de un contexto social previo en el que el par protesta-violencia estaba anclado en forma predominante en la alegada peligrosidad del movimiento piquetero, a un contexto en el que el mismo par encuentra anclaje también en la violencia policial. Pasaje que resulta central de cambios en el posicionamiento oficial frente a la protesta social en los siguientes gobiernos.

Aunque hace más de 30 años que vive en Inglaterra, Laclau vuelve todos los años al país y se mete de lleno en la realidad política local. Sin ocultar su aprobación hacia el oficialismo y su fuerte crítica a ciertos sectores de la oposición, traza los posibles escenarios para las presidenciales de 2011 y lo que, a su entender, convergerá en la consolidación del kirchnerismo. En su opinión, Argentina se suma a un panorama regional optimista, en el que los movimientos populistas están muy lejos de su defunción. «En Latinoamérica hay sistemas políticos estables. Son regímenes de un presidencialismo sólido, a diferencia de lo que pasa en Europa, donde el presidencialismo fuerte ocurrió sólo en momentos de ruptura».

Compartimos las palabras de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de inauguración de la Galería de Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario en el Salón de los Héroes del Bicentenario de Casa Rosada. La muestra está compuesta por 24 retratos de héroes del continente, aportados por diferentes gobiernos de América Latina.

No es necesario preguntar a los argentinos quién es y qué hizo José Alfredo Martínez de Hoz. Su política significó, como la invasión de Atila y los hunos en Europa, una devastación planeada de nuestro país, que incluyó delitos privados además de los públicos, los que ahora van a significar su procesamiento. Si hay un núcleo familiar que muestra a través de su historia cómo se enlaza el poder económico con el Estado y los intereses externos es el de los Martínez de Hoz, una familia ya rica desde la época de colonia.

Más de veinte instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El documento fue presentado, en calidad de Amicus Curiae (consiste en que terceros participen en una disputa judicial pero con un justificado interés en la resolución final del litigio), en una causa que tramita ante la justicia federal de Salta. Este proceso se inició a fines de 2009, luego de que el juez federal Miguel Medina hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO) y suspendiera la vigencia de seis artículos de la norma.

Del 24 de marzo de 1976 han pasado ya 34 años. En conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Estela de Carlotto leyó en Plaza de Mayo un importante documento que entendemos compartir. En la histórica plaza se reunieron las Abuelas, Madres, Familiares, Hermanos, H.I.J.O.S. así como también diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles y un gran número de ciudadanos que reclamaron Juicio y Castigo ya, entre otras consignas.

Su carrera abarcó exactamente medio siglo, desde sus comienzos en periódicos sindicales. En el exilio y en el país, como profesor, escritor y columnista, fue siempre un maestro, alguien que ayudó a entender lo que pasaba, con rigor y honestidad. Una despedida a un amigo y un colega indispensable.

Cuando se está por cumplir el 40° aniversario de Realidad Económica, a modo de homenaje publicamos un artículo de José Pasquini Durán redactado con motivo del 30° aniversario de nuestra revista. Adjunto a esta nota encontrará el artículo publicado en Realidad Económica N° 174.

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad. Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.