La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) cuestionó con dureza la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el pedido de revisión de la sentencia del juez Thomas Griesa. Dice que las consecuencias serán graves.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) difundió ayer un documento donde advierte sobre las potenciales implicaciones para el sistema financiero internacional del fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de los fondos buitre. La declaración de la Unctad cuestiona con dureza la decisión de la Corte Suprema norteamericana de rechazar el pedido de revisión de la sentencia del juez Thomas Griesa en favor de un grupo de fondos de inversión encabezados por NML Capital. “Las consecuencias de las decisiones del máximo tribunal estadounidense resuenan más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos”, advierte el organismo de la ONU.

“En este contexto caótico, la formulación de normas y principios globales y armoniosos que guíen las reestructuraciones ha devenido de vital importancia”, afirma el organismo de la ONU. La entidad reclama hace varios años la creación de un mecanismo acordado para resolver situaciones de default a escala global. El organismo considera que la crisis provocada por los “fondos buitre” contra Argentina “amenaza con tener profundas consecuencias para todo el sistema financiero internacional”. “Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 16 de junio, de declinar la apelación Argentina contra la decisión que le obliga a pagar 1330 millones de dólares, resuena más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos”.

La Unctad considera que el hecho de que se permita entregar información privilegiada a estos fondos sobre el patrimonio que Argentina ostenta en todo el mundo “podría provocar que se dieran otros casos similares de interpretaciones en base a leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña o otras”. La agencia de Naciones Unidas considera que la decisión podría tener “profundas consecuencias para el sistema financiero internacional” y provocar que las reestructuraciones de deuda sean aún más difíciles “al forzar a las instituciones de servicios financieros a proveer información confidencial que podría erosionar la inmunidad soberana”, concluye. Afirma también que las actividades de los fondos buitres ponen de relieve algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual, y exhorta a los Estados a adoptar medidas para luchar contra esos fondos oportunistas. Destaca que el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países deudores a la alimentación, la vivienda, el vestido, el empleo, la educación, los servicios de salud y un medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de crecimiento y reformas económicas adoptadas de resultas de la deuda.

El documento, muy crítico al accionar de los fondos buitre y de esos fallos de tribunales estadounidense, señala que sientan precedentes jurídicos que podrían tener profundas consecuencias para el sistema financiero internacional y menciona tres:

- En primer lugar, la eliminación de incentivos financieros para los acreedores a participar en una reestructuración ordenada de la deuda. Las resoluciones futuras serán aún más difíciles, en particular para los bonos en circulación sin una cláusula de acción colectiva, monto que se desconoce pero es probable que sea grande.

- En segundo lugar, obliga a instituciones financieras a proporcionar información sobre activos de deudores soberanos, lo que tendrá un impacto significativo en el sistema financiero internacional, ya que obliga a las instituciones de servicios financieros a proporcionar información confidencial sobre transacciones financieras globales soberanas para facilitar la ejecución de fallos a favor de acreedores.

- En tercer lugar, el fallo erosionará la inmunidad soberana.

La Unctad también dice que esos fallos son un revés para la reestructuración de la deuda argentina; que la interpretación del pari passu por tribunales estadounidenses “es inaudita” puesto que se ha creado un precedente de beneficiar a acreedores que no participan de un proceso de reestructuración de deudas. “Con los fallos de la Corte Suprema, el mundo ha limitado las herramientas para iniciar la reestructuración de la deuda de los bonos con cláusula pari passu y sin cláusula de acción colectiva.” También apunta que el fallo no sólo afecta a entidades financieras e inversores que participaron del canje de deuda, sino que también erosiona gravemente la inmunidad soberana, violentando la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de Estados Unidos.

Una docena de jueces norteamericanos ha dado lugar al reclamo de Paul Singer, titular de un fondo de inversión “buitre”, confirmando el derecho que le asistiría a cobrar el 100% -más intereses- de su tenencia de bonos de deuda argentina. Se trata de instrumentos financieros que por voluntaria decisión de sus tenedores no entraron en los procesos de reestructuración que organizara el país en los años 2005 y 2010.

Paul Singer es un hombre conocido en la política norteamericana. Ha sido el principal financista del partido republicano. Una vez logró que el ex presidente George W. Bush diera una conferencia de prensa para defender una cuestionadísima y cancerígena empresa de Singer, demandada por medio millón de personas. Ya por nuestra Sudamérica consiguió que el ex presidente Fujimori ordenara a la tesorería del Perú el pago de USD58 millones a uno de sus fondos de inversión, por tenencias de deuda de ese estado que había comprado por USD11 millones.

La información sobre la cantidad de pobres se ha convertido en un terreno fértil de disputas políticas a partir de la subestimación del Indice de Precios al Consumidor oficial, que comenzó a repararse en la gestión Kicillof con el nuevo dato de inflación de alcance nacional. Es tal la distorsión que provocó el Indec en un indicador clave de la situación social que se armó una competencia sobre quién difunde el porcentaje más elevado. Algunos estrujan tanto las estadísticas que van a concluir que hasta gerentes de bancos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Por ese sendero grupos políticos que se dicen de izquierda y presionan por eliminar el impuesto a los altos ingresos, gravamen que especialistas en equidad tributaria destacan como uno de los más progresivos de una estructura impositiva, terminarán por proponer transferencias monetarias del Estado a sectores medios y altos “pobres” a partir de sus exagerados cálculos. Para interesados en ese debate que quieren evitar el mar de confusiones es oportuno conocer cómo se construyen los indicadores no oficiales que se contraponen al del Indec. Ese valioso aporte lo ha realizado el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

“La discusión metodológica sobre la estimación de la pobreza” es el documento de esa institución, elaborado por Andrés Asiain, Pablo García y Estefanía Manau. El informe se plantea el objetivo de clarificar aspectos metodológicos de las principales publicaciones que han estimado la magnitud de la pobreza en el país. Evaluaron seis pero la que tiene mayor presencia en el espacio público es la realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina. Es la utilizada como insumo principal para el análisis social de la Iglesia argentina. Por ese motivo es la más relevante en términos políticos.

El informe del CESO es muy esclarecedor para entender la distorsión estadística del indicador de pobreza que la Iglesia lo recoge como propio. Describe que en los últimos años la difusión de la cantidad de pobres que existen a partir del cálculo ODSA-UCA ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación, “predominantemente en las publicaciones del Grupo Clarín y La Nación, siendo ODSA financiado por Fundación La Nación, entre otros”. Explica que los niveles de pobreza e indigencia de esa estimación son obtenidos bajo una metodología de valorización ad-hoc de canastas de bienes y servicios, resultante de relevamientos propios y realizados con cierta periodicidad. “Sin embargo, se pasa por alto la vulnerabilidad de algunos aspectos metodológicos que tienden a una sobreestimación del índice de pobreza y una subestimación de la desigualdad del ingreso (de la que no publican ningún indicador)”, menciona el CESO.

Las críticas son muy precisas y hasta ahora no han sido refutadas por los investigadores de la UCA. Una de ellas apunta a que la cobertura muestral del índice de pobreza del ODSA está reducida a ocho aglomerados y no a los treinta y uno de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, y que a partir del 2010 la amplió a Zárate, Goya y San Rafael, localidades no contempladas en la EPH. Como se enseña en el curso básico de estadísticas, comparar ambos índices es lo mismo que mezclar peras con manzanas, salvo que se quiera hacer una ensalada.

Asiain, García y Manau señalan entonces que del universo de hogares encuestados por el Indec, sólo aproximadamente el 30 por ciento integra la muestra del centro de estudios de la Iglesia (resultando un total de 5712 hogares), siendo la misma sobre el marco muestral del Indec del 2001 y no del último del 2010. Pese a que es una muestra menor y con las características detalladas sobre su cobertura, esa troika de investigadores afirma que eso sólo “no puede justificar por sí misma los desvíos en los índices de pobreza del Observatorio con respecto a las mediciones de otros trabajos”.

El factor clave mencionado por CESO para comprender los resultados de esas mediciones y las diferencias en términos metodológicos es que la Encuesta de la Deuda Social –también elaborada por el centro de la UCA– capta en forma deficiente los hogares con los ingresos medios-altos y altos. “Este sesgo muestral genera como consecuencia un mayor porcentaje de pobres en relación con la muestra, pero una mejor distribución del ingreso como contraparte”, indican. Para señalar que es cuestionable que ODSA decida publicar solamente el indicador de pobreza y ocultar la medición del Gini en sus informes (indicador que explica la desigualdad de ingresos), que a partir de esos datos indicaría un nivel similar al de los países escandinavos, o sea una muy baja desigualdad de ingresos. Este absurdo estadístico fue confirmado por Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Observatorio, en un reportaje que compartió con Asiain en el programa A cara lavada, de Radio Nacional. Salvia aseguró que la encuesta no capta hogares con ingresos mayores a 20.000/30.000 pesos, porque los considera poco representativos y sin incidencia dado el tamaño de la muestra. Así sobreestima la cantidad de pobres.

Esas mediciones tienen entonces deficiencias, porque comprenden muestras acotadas hacia los deciles de la población con menores ingresos, lo que permite tener índices de pobreza e indigencia más elevados, pero mayor homogeneidad en la distribución de ingresos, otorgando un diagnóstico de la situación social contradictorio y alejado de la realidad. Los investigadores del CESO concluyen que “para que la estimación que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec alcance los niveles de pobreza publicados por ODSA (27,5 por ciento) sería necesario excluir del análisis a un 33,6 por ciento de población no pobre. No resiste de ese modo la menor prueba de rigurosidad metodológica para un indicador estadístico de pobreza.

El informe de pobreza de la UCA tiene las siguientes debilidades metodológicas, para concluir que no puede ser considerado un indicador confiable ni con piedad eclesiástica:

- Canasta de bienes y servicios: utiliza una propia con relevamiento propio de precios, sin preocuparse de ajustar la cuestionada del Indec para realizar una comparación homogénea.

- Cobertura muestral: apenas integra ocho de los treinta y uno aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, además de sumar otros tres que no forman parte de la EPH.

- Universo de hogares del relevamiento: sólo 5712 hogares, el 30 por ciento del marco muestral del Indec del 2001, que además está desactualizado porque hay otro del 2010.

- Encuesta recortada: los hogares con los ingresos medios-altos y altos fueron excluidos, lo que resulta una sobreestimación de la pobreza.

Esto último es bastante sencillo de entender. Si se excluye a la población de ingresos medios y altos, de las personas que quedan de la muestra hay más pobres. Es lo que se conoce como manipulación estadística, siguiendo la muletilla conservadora de estos años.

En esta época que la palabra y la foto con el Papa es utilizada por el oficialismo y por las oposiciones políticas y otras, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina tiene la oportunidad de confesar sobre cómo construye sus indicadores de pobreza haciendo propia la invitación de Francisco en su primera Misa de Gallo como pontífice, celebrada en la basílica vaticana, cuando pidió que no prevalezcan “el orgullo, la mentira y la búsqueda del propio interés”.

El mes de abril de este año el CESO publicó el informe "Pobreza e indigencia en Argentina" con el propósito de brindar información objetiva sobre la evolución de los indicadores de Pobreza e Indigencia durante la última década. Los resultados del informe evidenciaron que el porcentaje de población pobre, que era del 46% en el segundo semestre de 2003, se ubicó por debajo del 15% en el último año y medio. Por su parte, el porcentaje de población indigente (aquellos que no acceden a una alimentación mínima), que era del 19% en 2003, se encuentra por debajo del 5% desde hace dos años y medio. El informe se hizo público en el marco de un debate sobre las distintas metodologías utilizadas para estimar la pobreza, donde unos achacan a otros querer reducir o incrementar los estimadores de pobreza e indigencia, con el sólo afán de favorecer o desfavorecer al oficialismo o la oposición.

Me dirijo, hoy, a todos los argentinos, con motivo de lo que ya es de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa, de primera instancia, contrario no sólo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en la Argentina y reestructuraron su deuda.

Desde la restauración democrática argentina en 1983, la pobreza comienza a ocupar un lugar central en la política pública social. Contribuyeron a ello su incremento durante el gobierno militar y las décadas siguientes; la movilización social de pobres y desocupados; la acción de nuevos o remozados actores de la sociedad civil abogando por o asistiendo a los necesitados; el trabajo de expertos y el progresivo interés de los medios de comunicación y la constitución de un público preocupado por el tema.

Surgieron nuevas expertises con propiedad2 legítima sobre el estudio y gestión del problema, y se extendieron debates con participación de partidos, sindicatos, iglesias, fundaciones empresariales, organizaciones sociales, agencias multilaterales y centros de estudios. Dadas las sucesivas crisis fiscales y los recurrentes cambios políticos, el Estado no estuvo en condiciones, de ofrecer puestos permanentes a los nuevos profesionales, quienes combinaron la actividad estatal con la pertenencia a otras instituciones.

Introducción: el litio como objeto social

Es común que, cuando el precio de una materia prima poco conocida crece repentinamente, impulse una serie de abordajes (primero periodísticos, luego académicos) que automáticamente encuentran la explicación del fenómeno en la forma puramente física con que se presenta el nuevo recurso natural.

Un balance sobre diez años de política energética permite observar rupturas y continuidades con el período neoliberal, que imposibilitan arrojar definiciones contundentes sobre los resultados alcanzados.

Nacionalización de la mayoría accionaria de YPF. Aumento en la generación de energía de 9.000 a 27.000 gigavatios, con inversiones cercanas a los 100.000 millones de pesos. Extensión del suministro de gas y electricidad para incorporar 6 millones de hogares.

El llamado Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que, según sus cálculos, hay 11 millones de pobres en la Argentina, el 26,9 por ciento de la población. Casi simultáneamente, la agencia Standard and Poor’s ubica a nuestro país en el último lugar de una lista de naciones latinoamericanas organizada según la “seguridad” que ofrecen a los inversores. Chile, para S&P, es el más confiable y Argentina, la peor de todas.

“Tanto los beneficios de la economía capitalista como los de la economía colectivista pueden ser cosechados en la economía controlada. Los tres problemas principales con que hay que enfrentarse en una economía controlada son la ocupación, el monopolio y la distribución del ingreso” (Abba P. Lerner, “Teoría Económica del Control, Principios de Economía del Bienestar”; ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1951)