Me dirijo, hoy, a todos los argentinos, con motivo de lo que ya es de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa, de primera instancia, contrario no sólo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en la Argentina y reestructuraron su deuda.

Desde la restauración democrática argentina en 1983, la pobreza comienza a ocupar un lugar central en la política pública social. Contribuyeron a ello su incremento durante el gobierno militar y las décadas siguientes; la movilización social de pobres y desocupados; la acción de nuevos o remozados actores de la sociedad civil abogando por o asistiendo a los necesitados; el trabajo de expertos y el progresivo interés de los medios de comunicación y la constitución de un público preocupado por el tema.

Surgieron nuevas expertises con propiedad2 legítima sobre el estudio y gestión del problema, y se extendieron debates con participación de partidos, sindicatos, iglesias, fundaciones empresariales, organizaciones sociales, agencias multilaterales y centros de estudios. Dadas las sucesivas crisis fiscales y los recurrentes cambios políticos, el Estado no estuvo en condiciones, de ofrecer puestos permanentes a los nuevos profesionales, quienes combinaron la actividad estatal con la pertenencia a otras instituciones.

Introducción: el litio como objeto social

Es común que, cuando el precio de una materia prima poco conocida crece repentinamente, impulse una serie de abordajes (primero periodísticos, luego académicos) que automáticamente encuentran la explicación del fenómeno en la forma puramente física con que se presenta el nuevo recurso natural.

Un balance sobre diez años de política energética permite observar rupturas y continuidades con el período neoliberal, que imposibilitan arrojar definiciones contundentes sobre los resultados alcanzados.

Nacionalización de la mayoría accionaria de YPF. Aumento en la generación de energía de 9.000 a 27.000 gigavatios, con inversiones cercanas a los 100.000 millones de pesos. Extensión del suministro de gas y electricidad para incorporar 6 millones de hogares.

El llamado Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que, según sus cálculos, hay 11 millones de pobres en la Argentina, el 26,9 por ciento de la población. Casi simultáneamente, la agencia Standard and Poor’s ubica a nuestro país en el último lugar de una lista de naciones latinoamericanas organizada según la “seguridad” que ofrecen a los inversores. Chile, para S&P, es el más confiable y Argentina, la peor de todas.

“Tanto los beneficios de la economía capitalista como los de la economía colectivista pueden ser cosechados en la economía controlada. Los tres problemas principales con que hay que enfrentarse en una economía controlada son la ocupación, el monopolio y la distribución del ingreso” (Abba P. Lerner, “Teoría Económica del Control, Principios de Economía del Bienestar”; ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1951)

Argentina era el país más reticente a consensuar el acuerdo con la Unión Europea pero, evidentemente, decidió comulgar con Itamaraty"

El reloj de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea marca casi dos décadas. Las aspiraciones de los dos bloques regionales para firmar un acuerdo de libre comercio que pueda surcar las aguas del océano Atlántico comenzaron en 1995. El inicio fue en paralelo con las frustradas negociaciones abiertas con los Estados Unidos para firmar el ALCA. Finalmente, según dejaron trascender en los últimos días las distintas Cancillerías del Cono Sur, la rúbrica del acercamiento sería inminente. De concretarse, los países de la Cuenca del Plata estarían materializando el pacto comercial más significativo de las últimas décadas.

En este documento se analiza la viabilidad, las implicancias y los desafíos de ampliar el Fondo Latinoamericano de Reservas (flar) a la Argentina, el Brasil, Chile, México y el Paraguay. Se argumenta que un fondo regional de reservas debe concebirse como parte de una red amplia de mecanismos aportados por la arquitectura financiera internacional, para enfrentar problemas de balanza de pagos. Se plantea que un fondo de entre 9.000 y 10.000 millones de dólares permitiría cubrir las necesidades potenciales de financiamiento de sus miembros bajo escenarios de mayor posibilidad de ocurrencia, sin que necesariamente debiera actuar como prestamista de última instancia para todos los países integrantes.

Una charla abierta en la cual se ponen en duda todas las respuestas que la politología clásica de hace cincuenta años tenía para la Argentina. La clase política actual, ¿está efectivamente preparada para gestionar el Estado?

Fruto de su constante expansión e impacto en materia económica y ambiental, la minería suscita fuertes debates en Argentina, la región y el mundo. Nuestro país, por caso, abrió sus fronteras para que empresas extranjeras exploten distintos tipos de minerales a lo largo del territorio nacional, lo que impulsó una profunda discusión acerca de los beneficios y los perjuicios de una actividad cuyos alcances no se conocen en profundidad.

Nicolás Gutman, licenciando en Ciencia Política (UBA), magíster en Economía y Políticas Públicas (George Mason University) e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, presentó en diciembre pasado el libro Argentina en la frontera minera (ver recuadro). Gutman sostiene que el actual debate público alrededor de la actividad minera no es sincero, y que la Argentina necesita mejorar su jurisprudencia para controlar mejor la explotación, o bien crear una empresa estatal para aprovechar el 100% de la renta.