La Argentina está avanzado en un acuerdo 2014-2016 con el Banco Mundial, que aún debe ser aprobado por su directorio, habilitando futuros créditos de fomento, sin condicionamientos macroeconómicos, por cerca de U$S 3000 millones, para mejorar el acceso a servicios públicos en las áreas de salud y educación para las poblaciones más pobres, y para promover el desarrollo rural con inversiones en infraestructura.

El presente texto fue elaborado por investigadores del CEFID-AR y un investigador invitado de IDAES y constituye el primero de una serie de trabajos acerca del fenómeno de la fuga de capitales en Argentina que el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina realizará durante el período 2013-2015 en cooperación con N.U.P.I. (Norwegian Institute of International Affairs), en el marco del Proyecto STEAL (Systems of Tax Evasión and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy) y con el apoyo del Research Council of Norway.

En 1977 entrevisté a Ramón Antonio Cereijo, en el marco de la investigación que estaba realizando acerca de los antecedentes del Trabajo Social argentino, la cual dio origen al libro “Historia del Trabajo Social en Argentina” publicado originalmente en Lima, Perú en 1978 y su última y quinta edición en 2007 por la editorial Espacio de Buenos Aires.

El plan antiinflacionario presentado por el intendente Sergio Massa amerita un cuidadoso análisis. En esencia, está fundado en una perspectiva económica ortodoxa, ya muy conocida y sufrida por los argentinos por su carácter profundamente antipopular, y está apuntalado desde un elenco de asesores variopinto, entre los que se destaca Martín Redrado, conspicuo defensor de los intereses de las corporaciones y de las doctrinas neoliberales.

La propuesta de Massa incluye la reforma del Indec y la creación de un Área de Reducción de la Inflación dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de carácter no vinculante. Pero el punto más controversial de su estrategia tiene que ver con la creación de un Consejo de Inversión y Desarrollo Nacional, que estaría integrado por funcionarios del Ejecutivo y por el presidente del Banco Central.

La explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica provocó un intenso debate en las páginas de Cash. A favor y en contra del fracking, qué tipo de desarrollo, la posición de los ecologistas y las restricciones económicas a partir de la pérdida del autoabastecimiento energético son temas que se expresan en los tres textos que se suman al debate y se publican hoy como aportes a la comprensión de una de las cuestiones cruciales del corto y mediano plazo de la Argentina.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina presentó dos estudios elaborados por el Observatorio PyMEX de su Instituto de Estrategia Internacional. Ambos trabajos destacó, con acierto, el presidente de la entidad empresaria, doctor Enrique S. Mantilla, “permiten interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero en la última década. Se trata de “Las PyMEX 2003-2012. Una mirada actual” y “Las PyMEX argentinas. Mapa regional. Año 2012”.

El primero de los estudios analiza en su introducción el desempeño de las ventas externas argentinas durante los últimos diez años, para luego concentrarse en la actividad de las pequeñas y medianas empresas exportadoras de manufacturas en el citado período. Una más que apretada síntesis de los principales capítulos de “Las PyMEX 2003-2012. Una mirada actual” dedicados a este segmento se presentan a continuación.

El pasado miércoles fue presentado el libro Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial?, sobre las características del proceso del sector, sus logros y desafíos desde el fin de la etapa neoliberal de los 80 y los 90.

La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República Argentina. Fue creada por la Ley de Oferta Pública No. 17.811 (en 1968 durante la dictadura del Gral. Onganía) y su objetivo ha sido el de regular en la oferta pública, observando la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios en los mismos, así como también la protección de los inversores. Sin embargo, su historia ha sido objeto de algunas observaciones y cuestionamientos por parte de inversores y empresarios, durante el período de la última dictadura militar; y por parte de la justicia durante el período democrático, a partir de la derogación de las leyes de impunidad en la Argentina.

A partir de 2003 la Argentina ha transitado por un sendero de crecimiento, progreso técnico, creación de empleo y reducción de la pobreza sin precedentes en más de medio siglo.

Si bien las industrias intensivas en recursos naturales aún representan más de la mitad del valor agregado industrial, las actividades intensivas en conocimiento han adquirido en los últimos años un creciente dinamismo. Para sostener y consolidar los logros es preciso acelerar este proceso de cambio estructural, lo que implica aumentar el peso de las actividades intensivas en conocimiento en la producción del país. De esta manera podrá concretarse el aprendizaje tecnológico, el desarrollo de las pymes y los encadenamientos más fuertes entre empresas, sectores y territorios.

El cambio estructural plantea un desafío para la Argentina y para toda América Latina, como propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo.

Al final de los 35 años que dura el proyecto de YPF y Chevron sobre la formación Vaca Muerta, ambas empresas habrán obtenido 22 mil millones de dólares de ganancia neta, que se repartirán en partes iguales. Así consta en el plan de trabajo que la petrolera que conduce Miguel Galuccio presentó a la provincia de Neuquén para pedir la extensión de la concesión del área Loma Campana, donde se radicará la inversión. Con el visto bueno del gobernador Jorge Sapag, el plan espera ahora por el aval de la Legislatura. Por lo pronto, el miércoles, la Comisión de Hidrocarburos dio dictamen favorable y ahora resta el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde el oficialismo tiene mayoría. El proyecto sería tratado en el recinto el próximo miércoles 28 de agosto.