Han pasado algo más de 100 días del gobierno de la derecha en la Argentina y hay mucha gente que aún se ilusiona con sus promesas. Ello a pesar de los evidentes signos que demuestran que el rumbo real va en el sentido contrario a sus palabras, comenzando por el incremento violento de la inflación que se disparó desde el anuncio de la devaluación, el recorte de programas sociales y el despido de miles de empleados públicos que los atendían, una creciente desocupación en las actividades privadas, los entreguistas acuerdos con los fondos buitre con su usuraria carga de capital, intereses y endeudamientos potenciales.

Mientras el Gobierno, la oposición blanda y la oposición dura debaten y votan sobre el preacuerdo con los fondos buitre y sobre el proyecto de ley que lo habilitaría, la inmensa mayoría de la población está atenta e intranquila por otras cuestiones. Según un par de recientes encuestas, la principal preocupación de la sociedad es la inflación, que por primera vez en muchísimos años desplazó del primer lugar al problema de la delincuencia e inseguridad.

El 10 de septiembre de 2015, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre del mismo año, se hacen públicas las declaraciones de uno de los referentes económicos del principal partido de la oposición (ahora gobierno), quien afirmaba que el tipo de cambio oficial requería una devaluación del 60%.

La Universidad Torcuato Di Tella le puso un número preciso a la creciente sensación que hay acerca de que el humor social ha empeorado en comparación con las primeras semanas del nuevo gobierno. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora todos los meses la Escuela de Negocios de ese centro de estudios cayó en febrero un 15,6 por ciento respecto del mes anterior y se ubica un 9,7 por ciento más abajo que en igual mes del año pasado.

La desprolijidad e improvisación en el manejo del Indec es apenas un síntoma de las crecientes dificultades que está teniendo el Gobierno con la inflación.

Los resultados de las últimas elecciones presidenciales produjeron no sólo un hecho sorprendente sino inédito porque por primera vez en la historia moderna del país los sectores dominantes accedieron al control del Estado mediante un partido propio y el voto ejercido democráticamente. De esta manera quedó atrás la necesidad de estos sectores de tener que recurrir al “fraude patriótico” como en la década de 1930 o a los golpes de Estado llevados a cabo por el partido militar desde el derrocamiento del peronismo en 1955.

Se trata de un resultado coherente con las nuevas formas de condicionar la política estatal que surgieron en la década de 1980 durante la postdictadura en el marco del nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera del capital.

“Las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri son preocupantes: en particular, el recorte permanente en los impuestos a la exportación es una gran transferencia a los ricos, con un gran costo para los trabajadores ordinarios. Cualquiera que sean los beneficios de eficiencia, las consecuencias distributivas y para el desarrollo no pueden ser ignoradas”, señaló ayer el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo que firmó junto al economista Martín Guzmán. El economista alertó también sobre los riesgos de la devaluación en los precios internos a través de una suba de los bienes transables (exportables) y los importados y la caída del mercado interno producto de los despidos. “A la vista de las crecientes presiones inflacionarias, el Banco Central probablemente elevará las tasas de interés. Si se hace con cuidado, esto podría reducir la demanda suficiente para restaurar un aparente equilibrio macroeconómico”, remarca. No obstante, alerta que incluso si se dan estas condiciones, el aumento de despidos en distintos sectores donde no haya cuellos de botella lo más probable es que empuje hacia arriba la tasa general de desempleo, y con la inflación sólo domesticada en parte, la actividad caería en un proceso de estanflación.

Las acciones iniciales del gobierno son preocupantes: en particular, el recorte permanente en los impuestos a las exportaciones que significa una gran transferencia hacia los ricos, a un gran costo para los trabajadores comunes y corrientes. Cualesquiera que sean los beneficios de eficiencia, no se pueden ignorar las consecuencias distributivas y las implicaciones para el desarrollo.

La situación del país es insólita, pero en modo alguno desesperante: el campo popular superó momentos mucho peores. Además, toda Latinoamérica sufre esta etapa avanzada del colonialismo corporativo.

Hace meses advertimos en esta sección de la existencia de un proyecto de acuerdo social para “reducir salarios”, pergeñado por argentinos en Ginebra. Hoy el presidente Macri anuncia que convocará para alcanzar aquel acuerdo “pro capital puro”, pero las recientes subas de precios se lo dificultan. Se pretende que los sindicatos acepten pasivamente los incrementos y, además, que acuerden los nuevos sueldos de convenio “a la baja” (ajuste), conforme inflación futura.