Cuando el jueves 27 de marzo un avión de Aerolíneas Argentinas se vio obligado a girar durante 53 minutos en el aire, sobre el Aeropuerto de Sauce Viejo, porque nadie respondía en la torre de control, varias luces de alarma se encendieron en simultáneo. Eran las 7:05 de la mañana y los 97 pasajeros junto con la tripulación atravesaron largos momentos de zozobra. Apenas una semana antes, los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le habían advertido por nota al Gobierno de Javier Milei que sus medidas ponían en riesgo la seguridad operacional de la aviación. El Gobierno nacional nunca explicó qué pasó. Los trabajadores aseguran que ese día no había controlador aéreo en la torre a causa de los despidos masivos.

A más de dos meses de aquel episodio, situaciones similares se acumulan en distintas áreas de la Argentina. Hacen advertencias, como aquella de la ANAC, los trabajadores de Vialidad Nacional, los médicos del Hospital Garrahan, los científicos del Conicet, los técnicos del Instituto Geográfico, las familias de las personas con discapacidad y hasta los actores y actrices que además de sentir el ajuste en carne propia hablan también por lo que ven a su alrededor. En el segundo año del gobierno de Milei, la motosierra sigue operando y recae sobre áreas sensibles que, si funcionan mal o fallan, podrían terminar desencadenando tragedias.

Los descansos de los pilotos son un tema de seguridad. Si vos le pasás la motosierra a los pilotos de avión le vas pasar la guillotina a la seguridad de vuelo.

Y nunca te olvides que los funcionarios políticos y sus familiares también vuelan https://t.co/jrLYgWJRQc

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es un caso elocuente. Creada en 2008 siguiendo lineamientos de la ONU y por impulso de los familiares de los jovencitos muertos en la tragedia del Colegio Ecos, en una ruta en Santa Fe, la ANSV se dedicó de manera exitosa a intentar bajar la siniestralidad vial en la Argentina. Antes de su aparición morían 15 personas por día en hechos viales. Aproximadamente, 5.600 muertes al año. En 2024, los fallecidos totales fueron 3.900. Mil setecientas muertes menos. Una baja superior al 30%.

Hoy, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quiere fusionarla con otros organismos que tienen funciones diferentes para ahorrar dinero en salarios. Una decisión que, según denunció el exdirector de la ANSV Pablo Martínez Carignano, no sólo afectará al trabajo de la agencia sino que además puede ser potencialmente más costosa (en atención médica, judicialización y pérdida de productividad por los siniestros viales) que los sueldos que el Gobierno intenta reducir.

En seguridad vial es insoslayable, además, el estado de las rutas nacionales. Martínez Carignano detalló a Cenital que “desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional dejó de conservar las rutas nacionales” y que por eso “aumentaron los accidentes y también las muertes”. Esto provocó el reclamo de algunos gobernadores, a quienes Milei les respondió sin más que, si quieren mejores rutas, se hagan cargo de ellas.

Mendoza fue la primera en aceptar y se hará responsable de algunos tramos de la ruta 7 y de la ruta 40. Como resultado, ahora los ciudadanos deberán pagar peajes para circular por rutas que antes eran gratuitas y financiadas con sus impuestos. “El Estado nacional elude su responsabilidad. Las provincias asumen una que no les corresponde. Lo que los une no es el interés público, sino el reparto de la recaudación. Venderán esta medida como una mejora para los usuarios, pero en realidad es una extorsión disfrazada: pagar o seguir transitando caminos rotos y peligrosos”, advierte Martínez Carignano.

Administrar o gestionar

La idea de que gestionar el Estado es sólo administrar la macroeconomía aleja al gobierno de Milei de sostener políticas estrechamente vinculadas con el bienestar de los argentinos, como la seguridad vial o aérea, o la atención médica de superlativa calidad que ofrece el Hospital Garrahan para los niños en la Argentina. El Estado pierde así capacidades para detectar potenciales peligros e intentar evitarlos. Para justificar recortes que además de crueles terminan siendo –según muestra la evidencia en la Argentina y otros países– más costosos por las consecuencias que provocan, el Gobierno apela a recetas conocidas: instalar sospechas, sugerir la presencia de “ñoquis” o trabajadores innecesarios en cada sector apuntado y hasta desmerecer los logros de cada una de las políticas encaradas por los organismos o áreas a ser eliminados, fusionados o recortados.

La pirueta discursiva, de todas maneras, no es fácil. Lo sabe el libertario Ramiro Marra que reniega del Estado presente pero a la vez avisa: “Las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado son seguridad, justicia, educación, salud”.

Además, como detectó el director de Planificación Productiva de Fundar, Daniel Schteingart, muchos de los recortes que aplica el tándem Milei-Sturzenegger recaen sobre políticas que ayudarían a bajar la desigualdad en la Argentina. La información surge del estudio Fiscal policy, income redistribution and poverty reduction in Argentina (Cruz López del Valle y otros, publicado en 2021), que analizó qué tan progresivos son y cuánto ayudan a bajar la desigualdad los distintos componentes del gasto público. Según ese documento, la inversión en la moratoria previsional, la educación pública (primaria y secundaria) y la salud pública son políticas de mucho impacto para reducir la desigualdad.

Pero incluso desde una mirada libertaria, sin necesariamente hablar de igualdad, equidad o empatía, la decisión de no hacer ni arreglar rutas y caminos también puede afectar a la macroeconomía. Para un modelo económico que apuesta a la llegada de inversiones extranjeras no debería haber pasado de largo la advertencia de Marcelo Álvarez, CEO de la minera Barrick Gold, en el encuentro del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF). «Con el RIGI no alcanza. La inversión en la Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile que ya tiene la infraestructura o venir a la Argentina que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de ir a un país donde eso ya está”, dijo Álvarez. Nadie en el Gobierno nacional pareció recoger el guante.

Desfinanciar y ahogar

La situación de desfinanciamiento o ahogamiento que pone en crisis severa las capacidades del Estado alcanza a muchas otras áreas críticas, además de las rutas, los controladores aéreos y los pediatras. Por mencionar algunos: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Geográfico Nacional, la Casa de la Moneda –y el ya insólito faltante de chapas patentes–, la ANMAT, la Aduana, Trenes Argentinos o el Senasa. Para poder concretar la mayor parte de las desregulaciones, modificaciones y achicamientos en estos organismos y políticas Sturzenegger se basó en las facultades delegadas que le concedieron al Poder Ejecutivo los legisladores en la Ley Bases, además de en los contenidos del mega DNU 70/23, dictado apenas asumió Milei.

Párrafo aparte merece la situaciòn del Conicet y el resto de las instituciones y organismos del sistema cientìfico nacional, que hoy se encuentra paralizado. No es sólo falta de financiamiento, es además un asedio permanente y también –a un año y medio de gobierno– la falta de nombramientos o la ejecución de concursos. Con un agregado que coquetea con el desfalco: la apropiación por parte del Estado de 53 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le asignó a la Argentina para que invierta exclusivamente en desarrollo e investigación cientìfica y que el Gobierno retiene sin dar ninguna explicación.

Algo similar sucede con los fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que entre otras fuentes se financia con un impuesto del 10% sobre cada entrada de cine; o con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que se paga con lo recaudado por impuestos y multas a los medios de comunicación audiovisual. Son fondos que el Estado recauda, pero que retiene y no aplica a las políticas específicas para las que fueron creados.

Hace más de tres meses, más de dos mil científicos argentinos denunciaron esta situación ante el BID. “¿Cuántos fondos quedan? ¿En dónde están? ¿Se han girado al país y no se han usado?”, se preguntaban entonces. Las dudas siguen abiertas porque el BID, hoy a cargo del brasileño Ilan Goldfajn (ex FMI), prometió investigar pero aún no respondió.

^{Fuente: Cenital - Junio 2025}