La fuerza se multiplica, el eco se vuelve trueno y la onda expansiva no para de escalar potencia. No por nada uno de los llamados a este Paro Internacional de Mujeres es hacer temblar la tierra, porque ahora que estamos organizadas, la trama se teje a ritmo vertiginoso.

El viernes, a la misma hora que Donald Trump juraba su cargo en Washington, el papa Francisco concedía en el Vaticano una larga entrevista a EL PAÍS en la que pedía prudencia ante las alarmas desatadas por el nuevo presidente de Estados Unidos —“hay que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades”—, aunque advertía de que, “en momentos de crisis, no funciona el discernimiento” y los pueblos buscan “salvadores” que les devuelvan la identidad “con muros y alambres”.

El gobierno nacional modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión.

Hacia 1997 escribí una breve nota (“Adolescencia: violencia y castigo”), posteriormente publicada en el libro “Niños y Adolescentes” de Editorial Espacio, la cual se relaciona con las propuestas actuales (una vez más reiteradas) de bajar la edad de imputabilidad.

La dirigente social Milagro Sala, presa en Jujuy desde enero del año pasado, difundió una carta de apoyo al pueblo mapuche de Lof Cushamen, de Chubut, que sufrió una feroz represión de la Gendarmería y la policía provincial.

La Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), es una entidad de segundo grado que nuclea a 36 organizaciones de la economía social, en su mayoría mutuales, con presencia física en 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su conjunto las instituciones representan a más de 1 millón de asociados.

Desde diciembre de 2015 a la fecha, las políticas implementadas en la Argentina han generado más de 190.000 despidos y cerca de 40.000 suspensiones, lo que constituye el mayor y más intenso deterioro de las condiciones de trabajo desde la crisis de la Convertibilidad, y el primer evento de esta naturaleza que se verifica en nuestro país en ausencia de crisis o golpes de Estado.