Calificado como un “acontecimiento sin precedentes”, con el auspicio del Papa Francisco tendrá lugar en Roma y el Vaticano, del 27 al 29 de octubre, el Encuentro Mundial de Movimientos Populares con la participación de representantes de un centenar de organizaciones y numerosos obispos de los distintos continentes para vislumbrar conjuntamente “nuevos caminos de inclusión social”.

Se suele considerar a Rusia como un país que ha sufrido la crisis económica mundial menos que otros. En verdad, en 2008 el país sobrevivió a una violenta depresión, en la cual la caída de la producción resultó más significativa que en la mayoría de las economías desarrolladas. Sin embargo, ya al año siguiente comenzó un periodo de crecimiento, aunque bastante limitado. A esta recomposición contribuyeron las moderadas medidas keynesianas, destinadas a estimular la demanda. Estas medidas, además, fueron dictadas o solo por la tendencia del gobierno a alejarse de la habitual ortodoxia neoliberal, sino por el temor a la insatisfacción de la población que se reveló a fines de 2011.

Lo que sucede en el estado de Guerrero no es la excepción ni el caso extremo en México. Es la vena que hizo estallar la presión que bulle por todos lados en este país hipertenso. Ahora nadie respira con alivio ni señala que lo que allá sucede es cosa del trópico cargado de pasiones, de machetes y de subdesarrollo. Nadie ve los toros desde la barrera de su comodidad norteña o capitalina. Todos nos sentimos en el redondel, en la misma arena, cada vez más manchada de sangre y de muerte. Lo mismo la señora rubia clasemediera de Garza García, Nuevo León que la doña indígena que reclama la aparición con vida de su hijo, alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El 12 de octubre se produjo una gigantesca revancha nuestroamericana: el pueblo boliviano votó masivamente por un presente y un futuro de justicia, igualdad y emancipación. Que haya sido a 522 años de la llegada de los conquistadores al continente da cuenta de la longitud de las batallas históricas donde se juegan cosas importantes. Y de los simbolismos que la lucha anticolonialista, antiimperialista y socialista presagia entre vientos de cambio, sin que, por ello, el éxito esté asegurado de antemano. Stella Maldonado era una explícita admiradora del proceso político y cultural que atraviesa Bolivia y lo consideraba una verdadera vanguardia civilizatoria –y, en un sentido amplio, pedagógica– de la gran transformación en que están empeñados nuestros pueblos.

Escribo estas líneas el 13 de octubre, jornada que comenzó para mí con la serena exaltación o la entusiasta esperanza del triunfo de Evo Morales.

Sus investigaciones se centran principalmente en las condiciones de trabajo en supermercados y call centers. Pero a través de esos ámbitos la socióloga da cuenta de los cambios ocurridos desde la hegemonía neoliberal hasta la actualidad. Y sostiene que el modelo sindical está “completamente encogido”, porque no expresa la realidad de vastos sectores. Los nuevos activismos, idearios y modos de politización de trabajadores.

Hace algunas semanas, el hiperactivo secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, ha iniciado un periplo por los programas periodísticos de radio y TV, con el fin de ratificar la «tolerancia cero» a los piquetes; reclamar la expulsión del país de «los extranjeros que vienen a robar»; justificar los violentos desalojos de villas de emergencia; reprender severamente a diputados de su propio partido.

Desde que la cuestión vinculada a la inseguridad pasó a estar al tope de la agenda mediática y política, la asociación de esta problemática con el fenómeno migratorio se dio de manera casi inmediata. El desalojo en el barrio Papa Francisco llevado adelante por la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional sirvió para estigmatizar a sus habitantes con el narcotráfico y la inmigración ilegal, tanto de parte del secretario de Seguridad Sergio Berni como de su par porteño Guillermo Montenegro. La instalación de este discurso propició la reaparición de personajes que siempre mantuvieron posturas xenófobas y a quienes insólitamente el actual contexto los reubicó en los sets de televisión. Se trata de una escalada que va a contramano de la política migratoria que se puso en marcha en 2004 y que no sólo regularizó la situación de más de un millón de extranjeros residentes en el país, sino que consagró institucionalmente cuestiones como “el derecho humano a migrar, el acceso a la Justicia, la prohibición de expulsiones sin el debido control judicial y la reducción de los supuestos de detención de migrantes que se encuentran en el país”, tal como lo señala un informe de Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para Pablo Ceriani, director del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, no es casual el momento en que se reinstala este debate. “Recordemos que estamos en un escenario preelectoral particular, en el contexto de una importante desaceleración económica, y el discurso antiinmigratorio puede capitalizarse con fines electorales muy claros: es tanto más cómodo achacarle la responsabilidad de todos los males a una minoría silenciada política y electoralmente”.

Al revisar las estadísticas, queda en evidencia que el discurso xenófobo, asociado a la delincuencia, poco tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, a partir de datos suministrados por el Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría General de la Nación, la proporción de inmigrantes presos es la misma que de extranjeros en la sociedad. El diputado Gastón Harispe integra dicha comisión y señala que “toda esta información nos dice que la campaña de estigmatización es infundada porque delinquen igual los migrantes que los argentinos nativos. Incluso, en el caso de los delitos que tienen mayor impacto público y que atentan contra la persona y la propiedad, la tasa de homicidio es menor por parte de migrantes que de argentinos”, completa el legislador del Frente para la Victoria.

A María Inés Pacecca, antropóloga de la UBA e integrante del equipo técnico de la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes, no le sorprende este resurgir xenófobo. “Este tipo de ataques contra los inmigrantes es cíclico y lo vi muchas veces. Siempre respondemos con datos objetivos que muestran los errores que hay. De todos modos, es una ingenuidad pensar que los prejuicios se combaten con información. Hay dos ejes de discusión: hay datos objetivos que demuestran los errores en los que se basan los argumentos de algunas personas pero, por otra parte, esos datos no desarman los prejuicios o lo que muchos piensan de los inmigrantes. Ahí hay otro argumento que tiene que ver con la sociedad que queremos ser y la clase de persona que pensamos somos cada uno de nosotros”.

El informe de la OIM refuta algunos estereotipos. Por ejemplo, en el caso de la población migratoria peruana, que en las crónicas policiales se la vincula inexorablemente con las bandas de narcotráfico, el 38 por ciento de los varones tiene educación terciaria o universitaria. Una tasa que está muy por encima de la media argentina, que llega al 18 por ciento.

La investigación pondera las políticas públicas hacia los migrantes iniciada con el kirchnerismo. Destaca que el programa Patria Grande se creó con el objetivo de que los inmigrantes de países limítrofes regularizaran su situación en forma facilitada. “La importancia que tuvo este programa se pone de manifiesto al tener en cuenta el alto número de personas que iniciaron los trámites en el período 2004-2011: 1.383.855, de las cuales se resolvieron 1.198.280”, asegura la OIM.

En mayo de 2010 se reglamentó la Ley de Migraciones 25.871, para cuya elaboración participaron organizaciones de derechos humanos, órganos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la OIM, esta nueva norma invirtió el criterio relacionado con la radicación de extranjeros, ya que en la anterior ley, sancionada durante la dictadura, “el énfasis estaba colocado en el control policial de los inmigrantes”, y en la actual “se propende explícitamente su regularización”.

Esta ampliación de derechos vino acompañada por mejores condiciones de vida. Señala la investigación que “se produjo una notable expansión del empleo asalariado registrado entre los migrantes”, fundamentalmente impulsada por una mayor inserción en actividades productivas no tradicionales para esta población. Es así que en rubros como la construcción, el trabajo doméstico o indumentaria, el crecimiento del indicador varió entre 1 y 4 puntos porcentuales, “en las actividades con poca incidencia de migrantes, el porcentaje de empleo registrado creció 12 puntos porcentuales, representando un 62% del total de los ocupados extranjeros en dichas actividades”.

Desde las asociaciones de migrantes destacan los avances normativos y advierten los riesgos que traen aparejados los nuevos discursos. Natividad Obeso, presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, señala que “la ley migratoria argentina nos otorga derechos y deberes como a sus nacionales; sin embargo, la xenofobia es un tema que va más allá de lo jurídico y legal, pues se arraiga en el aspecto cultural de la sociedad que lamentablemente todavía no ha asimilado en su totalidad estos derechos y deberes que su Estado nos otorga, y que con base en prejuicios sigue discriminando y maltratando al migrante en su diario vivir”.

Las olas xenófobas aparecen cíclicamente. Catorce años atrás, bajo el título “La invasión silenciosa”, la desaparecida revista La Primera, dirigida por Daniel Hadad, acusaba a los migrantes provenientes de la “América oscura” como los culpables de la crisis económica que en realidad había generado una década de neoliberalismo. Con argumentos casi calcados, indicaba que los “extranjeros ilegales cometen más delitos que el promedio de la población” y “algunos delinquen para no ser deportados”. Entre los consultados en la nota aparece Patricia Bullrich, que en aquellos años se desempeñaba como secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del gobierno de la Alianza. Señalaba que “el 20 por ciento de los presos en la Argentina es de origen extranjero”. Coincidentemente, el lunes pasado el diario La Nación señalaba que “el 22,4% de los internos de las cárceles federales son de origen extranjero”. Con lo cual, el argumento de que cada vez son más los extranjeros que delinquen se cae por los propios datos que difunden los que promueven la estigmatización. Diego Morales, abogado del CELS, recuerda que “aquella publicación, junto a otras que aparecieron simultáneamente, generó la creación de la mesa de organizaciones sociales para la reforma de la ley de inmigraciones”.

En sus incursiones mediáticas, Berni planteó que los jueces agilicen los trámites para que puedan ser expulsados de manera inmediata a su país de origen los extranjeros que cometen un delito. Sin embargo, Morales sostiene que la ley no contempla con tanta facilidad que se hagan realidad los deseos del secretario de Seguridad. “En el inciso C del artículo 29 hay un segmento bastante cualificado acerca de por qué razones se puede determinar la expulsión por antecedentes penales. No es cualquier antecedente. Define los delitos de manera muy precisa. El inicio de una causa o que le hayan tomado indagatoria no son causas suficientes para permitir la deportación de un migrante. La ley habla claramente de procesamiento firme”, completa Morales.

En el año 2011, la Argentina fue evaluada por el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas. Morales señala que dicho organismo recomendó se controle “que los funcionarios públicos no tuviesen frases que construyeran estereotipos que vincularan a la migración con la violencia o la pobreza”. Una sugerencia que hoy aparece como muy oportuna.

Un debate desordenado y confuso en torno de la potencial expulsión de personas calificadas de delincuentes extranjeros antes de recibir condena firme se ha instalado en la opinión pública de manera inverosímil.

El solo debate en torno de la posibilidad de regresar a los tiempos de la Ley de Residencia de 1902, que permitía al gobierno expulsar a inmigrantes sin juicio previo, amerita que el campo nacional y popular se tome el desafío muy seriamente. Las consecuencias laterales, no deseadas, de haber destapado la caja de Pandora de la xenofobia, despertando un componente de intolerancia que se encontraba latente en la sociedad, no deben ser subestimadas por las fuerzas políticas y sociales del arco progresista.

Responsabilizar a los inmigrantes de nuestros problemas es un lugar común que circuló en muchos discursos a lo largo de la historia. En ese sentido, se los coloca en el lugar de chivo expiatorio, y se canaliza sobre ellos nuestras frustraciones y problemas estructurales. En ese marco, podemos tomar la Ley de Residencia del año 1902, donde se habilitaba al gobierno a expulsar personas nacidas en otros países sin juicio previo. Es decir, el problema no era la inequidad social del modelo agroexportador; el problema eran los inmigrantes conflictivos.

En el año 2003 la República Argentina modificó su legislación migratoria luego de más de veinte años de pervivir con una norma altamente restrictiva a la inmigración limítrofe. Este trabajo tiene como objetivo reconstruir y describir el proceso de reglamentación de la actual Ley Migratoria Argentina N° 25.871 (2004-2010).