En nuestro país existen alrededor de 30 mil cooperativas y dentro del rubro consumo hay tan sólo 195, según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Aproximadamente 10 millones de personas son cooperativistas y otras 4 millones, socias de mutuales. Las cooperativas contribuyen con el 10 por ciento al PBI de la Argentina. Uno de cada dos argentinos consume productos de cooperativas directa o indirectamente. Es una economía en crecimiento. “Nosotros crecemos cuando crecen los otros”, aseguró Sergio Pra, asociado a La Yumba. Pra, además, relató que a partir de esta experiencia descubrieron la existencia de la Cooperativa la Obrera, ubicada en Bahía Blanca, que tiene 1.070.000 socios, más de 74 sucursales, y les compra a 1300 pymes o micropymes del país, que a la vez le financian la producción. “Muchas veces se invisibilizan este tipo de experiencias exitosas”, concluye Pra.

En el corazón de Villa Crespo, el barrio de los amores de Osvaldo Pugliese, nació La Yumba, una cooperativa de consumo popular, gestionada democráticamente por sus socios, que funciona en el local de la Asamblea Vecinal de Juan B. Justo y Corrientes.

En este artículo, la autora realiza un recorrido por las principales vertientes del pensamiento poscolonial y feminista para arribar a su análisis crítico – que está situado en el Sur Global como lugar de enunciación plurilingüe. Esta permanente traducción entre diferencias contextuales, que tendría siempre la peculiaridad de un viaje en que cambiaría de significado, no solo porque muda el efecto de la crítica, sino que logra arribar a conceptos que, sin dejar de tener los pies puestos en las condiciones reales de la existencia nuestroamericana, caminan hacia resignificaciones locales, no exentas de tensión política y poética.

La idea de elaboración del presente dossier se origina como oportunidad de difundir las ponencias presentadas en la Jornada Internacional “Políticas ferroviarias, territorios y movilidades: experiencias en Argentina e Italia” y reflexionar sobre su contenido, en el marco de la actualidad sectorial.

El 54 por ciento de la población mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66 por ciento, según datos de un informe de la ONU difundido este jueves.

Los mayores incrementos se producirán en India, China y Nigeria, que en conjunto representarán el 37% del aumento previsto entre 2014 y 2050.

Murió en Johanesburgo a los 90 años la escritora surafricana Nadine Gordimer quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1991. Fue además una activista anti segregacionista que formó parte del Congreso Nacional Africano, a quien le censuraron muchas de las 30 novelas que publicó antes de que llegara Mandela a la presidencia de Suráfrica.

A pesar de que las mujeres son mayoría dentro del Poder Judicial, donde ocupan un 55 por ciento de los puestos, siguen sin poder llegar a los cargos más altos. La cultura patriarcal y los estereotipos de género son dominantes y mantienen el límite que impone el llamado “techo de cristal” que dificulta el ascenso. Las trabajadoras judiciales se concentran en los cargos de secretaria y son cada vez más a medida que se baja en el escalafón, hasta las funciones administrativas. En las Cortes y Superiores Tribunales de todo el país acceden al 22 por ciento de los lugares, 33 por ciento llegan al cargo de camaristas y hay 44 por ciento de juezas de primera instancia. En el fuero federal –de alcance nacional y, a veces, de gravitación política– la proporción es más baja, con 24 por ciento de camaristas y 34 por ciento de juezas. Estos son algunos de los datos que surgen del Mapa de Género, un relevamiento que desde 2009 repite todos los años la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. En base a este y otros estudios se diseñan estrategias en busca de cambios y una mayor inserción de mujeres en los niveles jerárquicos.

Las empresas transnacionales son una fuente constante de vulneración de derechos humanos. Es imprescindible crear normas que acaben con la ’arquitectura de la impunidad’ de la que se benefician. Para contribuir a ello, movimientos sociales, activistas y juristas han impulsado un Tratado de los pueblos para el control de estas mega-empresas.

Movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, expertos, activistas y comunidades afectadas por las prácticas de las empresas transnacionales han participado en la elaboración de este TRATADO DE LOS PUEBLOS PARA EL CONTROL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES.

El objetivo central de esta iniciativa es someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el poder de las empresas transnacionales, a normas y reglas de protección de los derechos humanos.

Es un tratado diseñado fuera de la lógica jurídica clásica del Derecho Internacional. Son numerosas las fuentes institucionales, sociales, sindicales, de tribunales de opinión y de las propias comunidades afectadas, que han constatado la persistencia de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizada en los comportamientos de las empresas transnacionales.

El Tratado pretende recoger la experiencia acumulada de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales, contra los Estados e instituciones financieras cómplices. Es un trabajo colectivo.

Las propuestas de los movimientos sociales y de las comunidades deben tener preeminencia en los debates jurídicos y poder interpretar y proponer normas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos “desde abajo”.

El debate entre lo técnico y lo político toma plena actualidad en la caracterización del control de las empresas transnacionales. El lenguaje de los conocimientos especializados de los abogados oculta el carácter político de su intervención y de la representación de los intereses hegemónicos y tiende a suplantar o tergiversar la participación de las organizaciones sociales, movimientos y comunidades.

La simplificación de la realidad basada en capacidades técnicas, competencias y procesos efectivos junto al control del conocimiento no puede marcar el devenir del Tratado. De ahí que las propuestas alternativas de control de las multinacionales no puedan ser asunto exclusivo de despachos de abogados, ni de expertos en cuestiones internacionales, sino que son, fundamentalmente, propuestas desde la base.

Avanzar hacia un Tratado de control de las transnacionales exige confrontación y una lógica normativa constituyente muy diferente, lógica que en el Tratado de los Pueblos se refleja en los apartados de contexto, antecedentes y en la justificación del mismo.

La dificultad de establecer obligaciones precisas y de armonizar en un Tratado las diferentes normas implicadas es evidente: el Derecho Laboral, los derechos humanos, el Derecho Humanitario, el Derecho referido al Medio Ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos corporativos; el reconocimiento de la obligación de las empresas transnacionales de respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos; la responsabilidad civil y penal de sus dirigentes; la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés económico; la obligación de las empresas transnacionales de pagar a sus proveedores y subcontratistas precios razonables por sus productos y servicios; la aprobación de una Corte Internacional y la regulación de la extraterritorialidad… son temas muy diversos y responden a lógicas jurídicas diferentes.

No son dificultades insalvables desde el punto de vista técnico-jurídico, aunque sí requieren decisión política y una correlación de fuerzas en favor de los pueblos. La actual coyuntura internacional exige decidirse por una de las dos hojas de ruta o vías posibles: profundizar un marco radicalmente distinto, en el que los pueblos y las comunidades presionen hacia un marco obligatorio de control de las transnacionales, o mantener la vía de la voluntariedad condescendiente con las transnacionales y apostar por instrumentos como la Responsabilidad Social Corporativa, el Global Compact y el Marco Ruggie, entre otros.

Virginia Bolten vivió en Rosario y en Montevideo. Fue militante anarquista, gran oradora, madre de seis hijos. Se decía había hablado en el primer acto por el Día de los Trabajadores que se hizo en la Argentina, más precisamente en Rosario, el 1º de mayo de 1890. Había mucho de mito en lo que se sabía de esta mujer “de ideas avanzadas” hasta que tres historiadores se pusieron a investigar en tres ciudades donde dejó huella. Agustina Prieto, en Rosario, Laura Fernández Cordero, en Buenos Aires, y Pascual Muñoz, en Montevideo, reconstruyeron la vida de Bolten, encontraron documentación desconocida y la publicaron en el número 14 de “Políticas de la Memoria. Anuario de investigación e información del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDinci)”.