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¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a quien la provocó? ¿Por qué la racionalidad de la “solución” a la crisis se basa en las previsiones que hace y no en las consecuencias que casi siempre las desmienten? ¿Por qué es tan fácil para el Estado cambiar el bienestar de los ciudadanos por el bienestar de los bancos? ¿Por qué la gran mayoría de los ciudadanos asiste a su empobrecimiento como si fuese inevitable y al escandaloso enriquecimiento de una minoría como si fuera necesario para que su situación no empeorara aún más? ¿Por qué la estabilidad de los mercados financieros sólo es posible a costa de la inestabilidad de la vida de la gran mayoría de la población?

La pulseada que mantiene el Gobierno Nacional con la petrolera ibérica pone de relieve la unidad entre socialistas y conservadores. Los mimados del rey Juan Carlos.

España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE.UU. para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta.
No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática.
Dado que América latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.
Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa.
“Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil.
“El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.

Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).
Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa.
A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al Bbva y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el Psoe y el PP.
Tanto La Caixa como el Bbva –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder.
CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.

En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta– coinciden en su línea editorial con un diario como El País, que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos.
No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País, que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE.UU. y América latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.
En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”.
Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”.
Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.

"Lo cierto es que por mucho que se empeñe y presione el eurogrupo, la aplicación estricta de los recortes y la 'consolidación fiscal' se enfrenta a insuperables dificultades técnicas: los hechos mismos y una visión macroeconómica mínimamente sensata deberían haberles enseñado ya lo que el hiperpolítico doctrinarismo ideológico neoliberal de las últimas décadas parece haberles hecho perder de vista, y es a saber: que la reducción del déficit público en presencia de una enorme deuda del sector privado no es cosa que entre en la esfera de la discrecionalidad político-económica de ningún gobierno, se ponga como se ponga."

Peor, imposible. Los ajustes y las medidas de sangre, sudor y lágrimas tomadas por diversos gobiernos del Viejo Continente para revertir una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, están teniendo un dramático "efecto colateral": en la Unión Europea (UE) nunca hubo tantos desempleados como ahora.

Hay más de 24,5 millones de personas sin trabajo. Con España a la cabeza (tiene un desempleo de 23,6%), la tasa de desocupación de la zona euro alcanzó un nuevo récord histórico al trepar al 10,8% en febrero (un décimo más del 10,7% de enero). Es el nivel más alto desde junio de 1997. Es decir, desde el lanzamiento de la moneda única europea.

El sistema creado en Bretton Woods hace siete décadas está a punto de colapsar. No se trata de un hundimiento abrupto sino de la lenta erosión de su legitimidad y de la capacidad para dirigir los asuntos globales. En su lugar viene pugnando por nacer un nuevo orden cuyos cimientos comenzó a construir la IV Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

Vivimos un parteaguas, asegura el historiador Paul Kennedy. “Mientras ocurre, son muy pocos los contemporáneos que se dan cuenta de que han entrado en una nueva era”, escribió en un articulo titulado, precisamente, “¿Hemos entrado en una nueva era?” (El País, 3 de noviembre de 2011). El historiador prefiere no abordar los cambios bruscos como las grandes guerras, sino “la lenta acumulación de fuerzas transformadoras, en su mayor parte invisibles, casi siempre impredecibles, que, tarde o temprano, acaban convirtiendo una época en otra distinta”.

Al final de cada día, cuando Melissa Dos Santos sale de su trabajo, vuelve a su casa, un lugar insólito: un diminuto tráiler en un predio para acampar situado al norte de París, donde decenas de personas están viviendo en un lote originariamente pensado como bucólico refugio para veraneantes.

"Crecí en una casa; vivir en un camping no es lo mismo", dijo con pesar Dos Santos, de 21 años. Su sueño de una vida normal en un departamento con su novio se evaporó cuando ambos aceptaron empleos con salario mínimo después de meses de buscar infructuosamente un empleo mejor pago.

Es posible que la prolongada euro-crisis se esté enfriando. Pero la penuria que ha dejado está empujando a una marea creciente de trabajadores a situaciones de apremio, tanto en Francia como en toda la Unión Europea (UE). Hoy, cientos de miles de personas viven en campings, en vehículos y en habitaciones de hotel baratas. Millones comparten el espacio habitacional con familiares, incapaces de afrontar por sí mismos los costos básicos de la vida.

Estas personas constituyen el límite extremo de los trabajadores pobres de Europa: una creciente franja de la población que se escurre de la tan pregonada red de seguridad social.

Muchos, particularmente los jóvenes, están atrapados en los trabajos temporarios o de baja remuneración que están reemplazando a los empleos permanentes destruidos por la recesión. Y tanto los economistas como los funcionarios advierten que la situación empeorará. A medida que los gobiernos responden a la crisis con grandes recortes de los gastos y una mayor flexibilidad laboral, "la población de los pobres que trabajan estallará", dijo Jean Paul Fitoussi, profesor del L'Institut d'Etudes Politiques, de París.

Para la mayoría de los europeos, y especialmente para los franceses, esto no debería estar ocurriendo. Con generosas leyes de salario mínimo y uno de los sistemas de bienestar social más fuertes del mundo, los europeos están acostumbrados a pensar que están más protegidos de un fenómeno que asocian más bien con Estados Unidos y otras economías.

Pero el sistema de bienestar social europeo está demostrando no estar bien preparado para lidiar con el constante aumento de personas que trabajan pero que no ganan lo suficiente para arreglárselas.

"Francia es un país rico -dijo Fitoussi-; pero los trabajadores pobres están viviendo en las mismas condiciones que en el siglo XIX. No pueden pagar la calefacción, no pueden pagar la ropa de sus hijos, a veces viven cinco personas en un departamento de nueve metros cuadrados? ¡Aquí en Francia!", exclamó.

En 2010, el 8,2% de los trabajadores de los 17 países de la eurozona estaban viviendo por debajo de la línea de pobreza promedio de la región, unos 10.240 euros o alrededor de 13.500 dólares anuales para un trabajador adulto soltero. El porcentaje en 2006 era del 7,3% de los trabajadores.

A Francia le va un poco mejor que a la mayoría, con un porcentaje de trabajadores por debajo de la línea de pobreza del 6,6%, pero tal vez en ninguna otra parte el fenómeno sea tan alarmante. Aunque el país parece exudar prosperidad, el número de trabajadores pobres ha crecido desde el 6,1% en 2006, y los expertos dicen que seguirá aumentando.

En Francia, la mitad de los trabajadores ganan menos de 25.000 dólares anuales. El salario mensual promedio es de 2199 dólares, el 26% por encima del promedio en toda la UE. Pero el alto costo de la vida y la dificultad que mucha gente tiene para conseguir viviendas dejan cada vez más gente en la calle.

Jimmy Collin, el novio de Dos Santos, un graduado de la escuela secundaria con entrenamiento técnico, buscó trabajo durante más de seis meses antes de firmar un contrato de salario mínimo, de 1800 dólares, limpiando las calles. Dos Santos, que también tiene estudios secundarios, aceptó un empleo en Carrefour después de que le resultó imposible conseguir empleo en otro lado.

En los campings franceses hoy viven alrededor de 120.000 personas. Muchos tienen contratos temporarios, un recurso que los empleadores usan cada vez más para reemplazar los empleos permanentes, que implican beneficios y medidas de protección laboral que los empleadores no quieren asumir. El trabajo contratado ha aumentado en los últimos años, y está destinado a seguir aumentando ya que los políticos, en Francia y en otras partes, alientan su uso como medio de reducir el desempleo. Pero numerosos estudios recientes advierten que esos contratos pueden aumentar también la pobreza de los trabajadores.

La sociedad civil se organiza para controlar a los Estados y a las empresas. Esa vigilancia también se da en Latinoamérica. Aquí nos referiremos a las últimas noticias que nos trae una organización que aboga por la justicia tributaria, la Tax Justice Network (TJN).

Tax Justice Network publicó la semana un documento sobre el Foro Global sobre Transparencia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Si en los últimos años hubo un grado de nerviosismo entre los defraudadores de impuestos fue por las acciones determinadas de las administraciones tributarias, la aplicación de la ley y las agencias de inteligencia en unos pocos países, como EE UU, Australia, Alemania, India, Argentina y otros que siguieron sus
ejemplos. En todas estas situaciones, los tratados bilaterales de intercambio de información tributaria y la OCDE apenas ayudaron a la obtención de pruebas de mala conducta, pero no en su descubrimiento".

Aquí el discurso del presidente José Mujica en el acto público de reconocimiento de responsabilidad nacional del Estado:

"Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero de 2011 en el caso Gelman - Uruguay. De acuerdo al mencionado fallo del orden jurisdiccional del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, el Estado debe realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.

Así pues, comparezco entonces ante ustedes, en representación del Estado uruguayo en el carácter de Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país.

El proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Bcra) enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) apunta a modificar de raíz la lógica de organización del sistema financiero que tuvo su punto de partida con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz en 1976 y su consolidación bajo el menemismo con la Carta Orgánica de 1992, cuyo mentor fuera Domingo Cavallo. La casi segura aprobación del texto enviado significará el final del predominio del cuerpo de ideas que está detrás del dispositivo normativo a modificarse, cuyos puntos centrales son:

1. El paradigma teórico de la “antirrepresión financiera” que suponía que los problemas del desarrollo de los países periféricos se debían a la orientación del crédito, la promoción de los préstamos para inversión por vía estatal, la existencia de regulaciones cuantitativas, la insuficiencia de oferta de crédito por las regulaciones de la tasa de interés y el otorgamiento de redescuentos para estos financiamientos. La historia probó que este enfoque, esencial en el paradigma neoliberal, no resolvió los problemas que había presumido atacar. Los empeoró gravemente.