El gobierno del Brasil en la segunda mitad de marzo de este año (2012) ha tenido dos iniciativas muy importantes para la construcción de un nuevo orden financiero internacional. El primero y más importante es la nominación de José Antonio Ocampo a la Presidencia del Banco Mundial. Ocampo, ex ministro de economía colombiano que también ha sido Director Ejecutivo de CEPAL y Sub Secretario general de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Financieros, se mudó al think tank de Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia cuando dejó dicho cargo. Con Stiglitz es uno de los intelectuales pensantes sobre cómo debería ser el nuevo orden financiero internacional, hoy tan cuestionado tras los colapsos financieros vistos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa.

Históricamente, desde su diseño inicial en 1944 y su puesta en marcha en 1946, las instituciones de Bretton Woods (BW), el FMI y el Banco Mundial, estuvieron repartidas entre Europa y Estados Unidos. Europa se quedaría con la Dirección ejecutiva del Fondo mientras Estados Unidos lo haría con el Banco.

Contrariamente a lo que han afirmado los dirigentes europeos, el pacto fiscal que introduce una regla de oro presupuestaria no ha resuelto en nada la crisis de la zona euro. El tratado en cuestión no hace más que afirmar buenas intenciones en materia de gestión presupuestaria sin atacar la causa profunda de la crisis: los desequilibrios estructurales de la balanza de cuenta corriente en el seno de los países de la zona euro. Ahora bien, la crisis de la deuda soberana no es la causa de la crisis financiera sino su consecuencia. Al instaurar políticas de austeridad generalizadas simultáneamente en todos los países deficitarios de la zona euro, los responsables políticos corren el riesgo de hundir la zona euro en un decenio perdido de recesión hasta que haga implosión bajo la presión de las revueltas sociales contra el yugo de la austeridad.

Recordemos que la crisis financiera supone una doble crisis de endeudamiento privado y público. Ocultar el exceso de endeudamiento privado es cómodo, pues exonera de toda reflexión crítica sobre los excesos propios de un capitalismo no regulado. La zona euro ha permitido la expansión de burbujas de endeudamiento en los países de la periferia financiadas en gran parte gracias al ahorro de los países del Norte. Durante cerca de diez años, se ha construido una zona euro a dos velocidades con la complacencia de los líderes europeos. El Norte se ha convertido en centro industrial de producción aprovechando una inflación moderada, mientras que el sur se ha convertido en centro de consumo en el que una economía de servicios y del sector inmobiliario ha suplantado a la industria debido a una inflación excesiva. Estas disparidades de desarrollo son las dos caras de un mismo desequilibrio, financiando Alemania el exceso de deuda privada de los países periféricos. El excedente de la balanza comercial de Alemania procede en gran medida de los países europeos: el 63% de sus exportaciones se dirigen hacia la Unión Europea. Mientras que la parte de la industria en el valor añadido de la economía alemana alcanza el 30%, es del 16% y el 18% respectivamente en el caso de Francia y España. El diferencial de competitividad no es sólo cuantitativo, pues la industria se concentra en los países del Norte y ha sido consignada al abandono en los países del Sur.

El pacto fiscal no reconoce en absoluto estos desequilibrios. Se concentra exclusivamente en la disciplina presupuestaria, exigiendo a los países que mantengan el "déficit presupuestario estructural" por debajo del 0.5%. Ahora bien, el déficit estructural es imposible de definir, dando vía libre a todas las interpretaciones y rodeos. Por otro lado, no se puede considerar el déficit presupuestario como único indicador de desequilibrio. Así, por ejemplo, España e Irlanda eran los mejores alumnos presupuestarios en 2007. España tenía una tasa de endeudamiento del 37% como parte del PIB, un indicador presupuestario que hubiera podido envidiar cualquier país de la zona euro sin excepción en la época. Pero la crisis financiera ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria convirtiendo en insolventes a hogares y empresas sobreendeudadas. Luego, el Estado español, ha tenido que endosar la deuda de los bancos golpeados de lleno por la acumulación de créditos dudosos.

En virtud de una ecuación fundamental de equilibrio macroeconómico, la balanza exterior es la suma de la balanza privada y de la balanza presupuestaria. El análisis del endeudamiento privado y público muestra que evolucionan en espejo para componer una suma relativamente inflexible, la balanza de cuenta corriente, reveladora de la competencia de un país. Cuando sobreviene una crisis financiera y el sector privado se ve obligado a desendeudarse, el endeudamiento público debe substituirse mecánicamente con el endeudamiento privado para mantener el crecimiento y la balanza de cuenta corriente. El déficit presupuestario español e irlandés no se deben a la irresponsabilidad de sus gobernantes sino ante todo a un déficit estructural de competitividad y a una especialización de sus economías en sectores de débil valor añadido. En un sistema de cambio rígido, los países no pueden modificar su competitividad más que domeñando los costes laborales e invirtiendo en I+D para desarrollar sectores industriales orientados a la exportación con fuerte valor añadido. Pero estas políticas mercantilistas no se construyen más que a largo plazo: no se puede exigir a un país llevar a cabo reformas estructurales de competitividad en el espacio de algunos meses.

Forzoso es constatar que la austeridad preconizada por la doxa europea ha fracasado allí donde se ha puesto en práctica (Grecia, Portugal, Irlanda y España). Por otro lado, apenas firmado el tratado de pacto fiscal, España anunciaba que no cumpliría sus objetivos presupuestarios en 2012, pasando de un déficit del 4.4% del PIB previsto inicialmente a una estimación que se acerca al 6% del PIB. El programa de austeridad español ha acabado de abismar al país en la recesión, con tasas de paro considerables de un 23% sobre el conjunto de la población activa y del 50% entre los jóvenes de menos de 25 años. No hará falta mucho tiempo para que el país haga implosión socialmente bajo el empeño del rigor presupuestario.

La zona euro ha adoptado por unanimidad la doctrina de la austeridad combinada con una política monetaria expansionista, haciendo creer que el rigor presupuestario favorece la confianza y sostiene el crecimiento a largo plazo. ¿Por qué habría de funcionar hoy esta política cuando la austeridad no se ha visto coronada de éxito en la historia económica cuando no ha ido acompañada de devaluación monetaria? Peor todavía, parece confundirse con las políticas de deflación competitiva que se exigían para preservar el patrón oro en los años 30. Los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman han mostrado ambos que estas políticas provocaron deflación y sumieron a los países en la depresión.

Cierto es que el programa de refinanciación a largo plazo ("LTRO") de los bancos de la zona euro por parte del Banco Central Europeo nos ha salvado a corto plazo del hundimiento, pero esta política de taponamiento no ha resuelto en nada las causas profundas de la crisis ni ha mejorado la situación de solvencia de los países periféricos de la zona euro, que no cesa de agravarse. Pese a la autosatisfacción de la que alardean los negociadores del tratado, la crisis de la zona euro no ha terminado, y conocerá incluso una fase más aguda en cuanto se debiliten las perspectivas de crecimiento en China y los Estados Unidos y el apetito por el riesgo de los inversores se evaporare de nuevo en los mercados.

Renegociado o no, el pacto fiscal no tiene futuro. Si deseamos preservar el euro, se hace imperativo reconocer la responsabilidad compartida por países acreedores y deudores en los desequilibrios de la balanza de cuenta corriente en el seno de la zona. Un gobernante federal democrático tendrá que ver la luz, establecer un diagnóstico lúcido de la crisis y actuar en interés general de toda la zona, rebasando las reivindicaciones particulares de los estados. Sin inflación en los países del Norte y sin mecanismos de redistribución fiscal entre los países miembros (Tesoro europeo, eurobonos, banco europeo de inversión...), la zona euro desaparecerá. Y de seguir prevaleciendo la política de negación, esta desaparición no se hará de manera concertada y preparada sino en un contexto de caos político y financiero. El euro será federal o no será.

Hubo momentos en que el conjunto de 2011 pareció una larga cumbre europea, cuando se oía hablar de Papandreu y Merkozy más de lo que era estrictamente necesario. Pero lo más probable es que no encontraran ustedes muchas referencias a Charles Dallara y Josef Ackermann.

Lo que van a leer, lo reconozco, suena a una teoría conspirativa. Comprende gente poderosa que se reúne en despachos particulares, cientos de miles de millones de euros y arreglos clandestinos que determinan el destino de países enteros. Lo único que falta es un montículo de hierba [uno de los enigmas del asesinato de Kennedy] o una banda errante de illuminati. Hay, sin embargo, dos diferencias cruciales: estos acontecimientos todavía se están desarrollando…y son más preocupantes que cualquier fantasía acerca de quien-mató-a-JFK que yo haya oído.

En su edición del sábado, The New York Times informó sobre un fenómeno aparentemente creciente en Europa: el "suicidio por crisis económica", personas que se quitan la vida por la desesperación del desempleo o la ruina en los negocios. Una historia desgarradora. Pero estoy seguro de que no fui el único lector, especialmente entre los economistas, que se quedó pensando si la historia de fondo no es tanto sobre personas individuales, sino sobre la aparente decisión de los líderes europeos de acometer el suicidio económico del continente en su conjunto.

Hasta hace un par de meses todavía me quedaban algunas esperanzas con Europa. A fines del año pasado, Europa parecía al borde de la debacle financiera, hasta que el Banco Central Europeo (BCE) salió al rescate. Les ofreció a los bancos europeos líneas de crédito de final abierto a condición de que pusieran como garantía sus bonos de las deudas soberanas, como una manera de ayudar de forma directa a los bancos, de manera indirecta a los gobiernos, y frenar el pánico.

La pregunta entonces era si esa medida valiente y efectiva sería el principio de un replanteamiento, y si los líderes aprovecharían ese momento de respiro para reconsiderar las políticas que llevaron a la actual situación. Pero no lo hicieron.

En cambio, redoblaron su apuesta por políticas e ideas fracasadas. Y cada vez parece más improbable que algo los haga cambiar de rumbo.

ppd

¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a quien la provocó? ¿Por qué la racionalidad de la “solución” a la crisis se basa en las previsiones que hace y no en las consecuencias que casi siempre las desmienten? ¿Por qué es tan fácil para el Estado cambiar el bienestar de los ciudadanos por el bienestar de los bancos? ¿Por qué la gran mayoría de los ciudadanos asiste a su empobrecimiento como si fuese inevitable y al escandaloso enriquecimiento de una minoría como si fuera necesario para que su situación no empeorara aún más? ¿Por qué la estabilidad de los mercados financieros sólo es posible a costa de la inestabilidad de la vida de la gran mayoría de la población?

La pulseada que mantiene el Gobierno Nacional con la petrolera ibérica pone de relieve la unidad entre socialistas y conservadores. Los mimados del rey Juan Carlos.

España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE.UU. para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta.
No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática.
Dado que América latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.
Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa.
“Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil.
“El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.

Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).
Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa.
A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al Bbva y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el Psoe y el PP.
Tanto La Caixa como el Bbva –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder.
CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.

En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta– coinciden en su línea editorial con un diario como El País, que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos.
No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País, que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE.UU. y América latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.
En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”.
Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”.
Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.

"Lo cierto es que por mucho que se empeñe y presione el eurogrupo, la aplicación estricta de los recortes y la 'consolidación fiscal' se enfrenta a insuperables dificultades técnicas: los hechos mismos y una visión macroeconómica mínimamente sensata deberían haberles enseñado ya lo que el hiperpolítico doctrinarismo ideológico neoliberal de las últimas décadas parece haberles hecho perder de vista, y es a saber: que la reducción del déficit público en presencia de una enorme deuda del sector privado no es cosa que entre en la esfera de la discrecionalidad político-económica de ningún gobierno, se ponga como se ponga."

Peor, imposible. Los ajustes y las medidas de sangre, sudor y lágrimas tomadas por diversos gobiernos del Viejo Continente para revertir una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, están teniendo un dramático "efecto colateral": en la Unión Europea (UE) nunca hubo tantos desempleados como ahora.

Hay más de 24,5 millones de personas sin trabajo. Con España a la cabeza (tiene un desempleo de 23,6%), la tasa de desocupación de la zona euro alcanzó un nuevo récord histórico al trepar al 10,8% en febrero (un décimo más del 10,7% de enero). Es el nivel más alto desde junio de 1997. Es decir, desde el lanzamiento de la moneda única europea.

El sistema creado en Bretton Woods hace siete décadas está a punto de colapsar. No se trata de un hundimiento abrupto sino de la lenta erosión de su legitimidad y de la capacidad para dirigir los asuntos globales. En su lugar viene pugnando por nacer un nuevo orden cuyos cimientos comenzó a construir la IV Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

Vivimos un parteaguas, asegura el historiador Paul Kennedy. “Mientras ocurre, son muy pocos los contemporáneos que se dan cuenta de que han entrado en una nueva era”, escribió en un articulo titulado, precisamente, “¿Hemos entrado en una nueva era?” (El País, 3 de noviembre de 2011). El historiador prefiere no abordar los cambios bruscos como las grandes guerras, sino “la lenta acumulación de fuerzas transformadoras, en su mayor parte invisibles, casi siempre impredecibles, que, tarde o temprano, acaban convirtiendo una época en otra distinta”.