Herencia neoliberal

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner recibió millones de hogares argentinos sin gas natural, sin electricidad ni servicios modernos de energía; provincias desconectadas del sistema eléctrico nacional; obras de infraestructura energética pensadas para exportar recursos no renovables en detrimento del abastecimiento local, desregulación de precios de la energía con tarifas promotoras de exclusión y pobreza energética (social, industrial y productiva). Asimismo, no existía ningún plan estratégico ni obra de envergadura en marcha, licitación o al menos con los pliegos redactados, por lo que el gobierno nacional debió hacerse cargo no sólo de la ejecución de la política energética, sino de revertir décadas de una planificación energética que depredaban nuestros recursos a expensas del consumo interno y el bienestar de la ciudadanía.

Kirchnerismo

2003-2015: En línea con los objetivos trazados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la inversión realizada en energía, recursos hídricos, comunicaciones y transporte permitió acompañar el marcado crecimiento industrial mediante una mejora tanto de la oferta como de la calidad de la infraestructura.

El Plan Energético Nacional, implementado por el Ministerio de Planificación Federal, fue puesto en marcha en mayo de 2004 por el Presidente Néstor Kirchner y profundizado por la Presidenta Cristina Kirchner. Dicho plan, el más ambicioso de la historia energética nacional, hizo posible finalizar obras de energía por más de 24.455 millones de dólares apuntalando una economía que se expandió en un 90% en los últimos doce años.

Las inversiones realizadas permitieron la incorporación de 4.600.000 hogares a la red eléctrica y más de 3.000.000 hogares a la red de gas natural, pasando de una cobertura de 51,41% al 56,15% de hogares en materia de gas natural. 320.000 nuevos medidores industriales y comerciales a la red eléctrica y 120.000 nuevos medidores industriales y comerciales.

El Plan contempló la ampliación de gasoductos y plantas compresoras, la terminación de obras estratégicas como Yacyretá y Atucha II, la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, líneas de transporte eléctrico, obras de transformación y de distribución eléctrica, el impulso a la actividad nuclear, el fomento de las energías renovables y de los biocombustibles, así como también la exploración y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos convencionales y no convencionales.

El cambio paradigmático fue que, a diferencia de otras épocas donde se privilegiaban las exportaciones de energía, el eje estuvo puesto en ampliar la cobertura nacional de los servicios y ampliar el suministro a la industria argentina. Los números no dejan lugar a dudas: a través del Plan Energético se amplió en 27 millones de metros cúbicos por día la capacidad de transporte de los gasoductos, se incorporaron 12.250 MW y se construyeron más de 5.800 kilómetros de líneas de alta tensión que permitieron anillar el sistema energético nacional (la mitad de las provincias se encontraban fuera del Sistema Argentina de Interconexión).

De una energía para el desarrollo a una energía para el subdesarrollo: ¿Qué fines persigue el tarifazo?

Con la administración macrista, la energía vuelve a ser considerada una mercancía y un privilegio. En este sentido, la masa de usuarios incorporados en los últimos doce años es incompatible con los resultados operativos que Edenor y Edesur -ahora con presencia estratégica en el Ministerio de Energía y Minería- precisan para volver a reactivar los pagos de dividendos a sus accionistas a tasas noventistas (depredatorias). Como no pueden eliminar usuarios, desplomarán el consumo. Por otra parte, esta política de reducción del consumo está en perfecta sintonía fina con las recetas económicas que el FMI, los fondos buitre y el establishment financiero-corporativista occidental han comenzado a ejecutar en la Argentina desde el 10 de diciembre.

En el programa Los Leuco (TN), el economista neoliberal Javier González Fraga explicó a mediados de la semana pasada los objetivos detrás del tarifazo eléctrico -uno de los puntales del programa de ajuste macrista-: "Se viene una caída de consumo porque acá hemos tenido una fiesta. Yo he descripto lo que hemos visto en estos meses como una familia que hipoteca su casa para irse de vacaciones (sic). Ha habido un consumo más allá del nivel sostenible".

Acto seguido, agregó: "Yo, a diferencia de muchos de mis colegas, creo que la reducción de los subsidios o el aumento de las tarifas es deflacionario porque son familias, no son empresas (¡sic!). Si usted le aumenta la luz a la empresa, la empresa se lo traslada a los precios. Si usted le aumenta la luz a las familias, gastan menos en el resto de las cosas, y se va a sentir, van a tener que bajar [el consumo]".

Y entonces, la frutilla del postre: "La plata que yo me ahorré por pagar una tarifa subsidiada, me la gasté en el shopping, en el supermercado, en otras cosas; y eso generó un aumento de la demanda. Entonces, el aumento de las tarifas, producido por una caída de los subsidios, va a generar una caída del consumo que va a aplacar las expectativas inflacionarias. Nadie va a ir a pedir un aumento de sueldo especial porque le aumentó la luz. Esto no está dentro de la lógica".

El señor González Fraga, gran exponente del ajuste, interpreta a su modo pero mucho mejor que cierta heterodoxia con anteojeras neoliberales el rol progresivo de los subsidios energéticos como elemento dinamizador de la actividad económica, y sus objetivos de expansión del mercado interno, la competitividad y rentabilidad de los aparatos industrial y comercial domésticos, así como la progresiva mejora de la calidad de vida de la población.

De la misma manera que la energía debe considerarse un derecho y no una mercancía ni un privilegio, el subsidio energético no es un "gasto" sino una de las más poderosas herramientas de política económica por su progresividad para el desarrollo soberano y autosuficiente de las naciones como la nuestra. De allí que la academia conservadora, sus grupos de presión y ejecución (FMI, por ejemplo), su ejército de lobbistas y políticos (hoy funcionarios) los rechacen de plano.

El tarifazo, como se ilustra en el gráfico que acompaña esta nota, se propone desplomar el consumo eléctrico per cápita para retrotraerlo a las cifras de los noventa, o peor aún, de los ochenta. No proponen "ahorrar" y hacer un uso eficiente de la energía, sino que el pueblo argentino viva como perteneciente a un país pobre, diezmado y con escasos recursos. Y aquí el objetivo superior de toda administración neoliberal.

Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC-ID) - 1 de febrero de 2016