La construcción de datos e indicadores en materia económica y social es uno de los cometidos indelegables del Estado. Dicha actividad puede ser evaluada técnicamente y sobre ella se puede aplicar el sentido común, no necesariamente con similar resultado. En general vale preguntarse si siempre están bien confeccionadas las estadísticas oficiales. No es grato reconocer que en Argentina hay más de un motivo de insatisfacción.

Autor: Javier Lindenboim*

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La vigilancia, el control o los acuerdos de precios siempre tuvieron “mala prensa” entre los habitantes de la cima de la pirámide del establishment y sus voceros. Para respaldar sus opiniones se remiten al “fracaso” de las políticas regulatorias en la historia económica argentina. Por supuesto hablan de los intentos fallidos de la intervención estatal, pero nunca de sus propios éxitos como fijadores de precios e impulsores de la eliminación de entes como las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, entre muchos otros. Acerca de los riesgos que corren quienes se atreven a “meter mano” en el análisis de los costos de las superempresas, supo bastante el extinto ministro de Economía José Ber Gelbard, quien pretendió que sus funcionarios pusieran en práctica una matriz de control por cada uno de los productos fabricados para tener una base firme de fijación de precios. Los gigantes arremetieron contra Gelbard y la entonces todavía existente “burguesía nacional”. Fue la crónica de un fracaso anunciado.

Autor: [color=336600]Juan Carlos Amigo* [/color]

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Sobre 500 grandes empresas radicadas en el país, hay 337 que tienen capital foráneo. Solamente 163 son nacionales. Las primeras ganaron $ 37.990 millones y las argentinas $ 2.979 millones. Según datos oficiales del INDEC de 2005, las firmas extranjeras duplican a las locales y ganan 11 veces más.

Autor: Ismael Bermúdez

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