En el marco del debate abierto por el gobierno nacional con el anuncio de la re-estatización del sistema jubilatorio, y con el objetivo de proporcionar elementos conceptuales y estadísticos que contribuyan a la discusión en curso, distribuimos un artículo sobre el sistema previsional publicado en septiembre 2006. Hoy, en medio del vendaval financiero desatado por la actual crisis mundial, se pone de manifiesto que los sistemas de este tipo, a escala mundial, no hacen más que convertir a los aportantes en rehenes de un juego especulativo que no conocen ni controlan, beneficiando a los bancos y a los numerosos intermediarios financieros, pero nunca a los jubilados.

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Resulta evidente que la impresionante explosión de la globalización financiera producirá transformaciones en el funcionamiento de la economía mundial. En ese proceso habrá tensiones que requerirán de la instrumentación de oportunas políticas domésticas para amortiguar los costos de la crisis. Pero las variables con las que se atormenta a la mayoría de la población (el precio de la soja, el dólar, las cotizaciones de acciones y bonos o el riesgo país) no son las más relevantes para acercarse a la comprensión de un escenario incierto.

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El estado calamitoso de los ferrocarriles es consecuencia de una política de Estado, es decir, de la continuidad a través de numerosos gobiernos, de una política de destrucción del ferrocarril. La perversión y falta de criterio de estas políticas se agrava en el contexto del aumento del precio del petróleo y del agravamiento del deterioro ambiental, tendencias que recomiendan fortalecer el sistema de transporte ferroviario frente al automotriz. La destrucción del ferrocarril comenzó con el gobierno de Frondizi, con la implantación del modelo que privilegia el transporte automotriz, siguió con la política de destrucción estatal de la dictadura, y se profundizó con la privatización menemista, que no sólo redujo el kilometraje sino que permitió el desarme de la industria ferroviaria. La responsabilidad de la situación ferroviaria no es sólo del Ejecutivo. En el oficialismo en general y en la oposición, hay numerosos personajes que aprobaron las privatizaciones de ferrocarril y de todo lo demás, y que fueron cómplices del descontrol en la prestacion de los servicios en sucesivas administraciones, y que ahora claman al cielo.

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Desde fines de la década del ‘40 hasta culminar los ‘80, la política energética argentina descansó en tres pilares básicos: 1. el principio de autoabastecimiento, según el cual la energía era utilizada para satisfacer las necesidades del sistema socioeconómico; 2. la búsqueda de sustentabilidad tratando de diversificar la matriz energética, un aspecto que se fortaleció a partir del ‘60 y ‘70 con el desarrollo del gas natural y la incorporación de hidroelectricidad y energía nuclear y 3. el mantenimiento de los recursos energéticos y de infraestructura de abastecimiento en manos del Estado.

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Considerando como punto de partida la privatización de los servicios públicos en la década del noventa, este trabajo indaga si la política regulatoria del Estado argentino dependió de las variaciones del contexto macroeconómico. En primer lugar, se analiza la regulación implementada considerando dos etapas: 1) vigencia del régimen de paridad cambiaria fija(1991- 2001) y 2) a partir de 2002 el abandono de la paridad y devaluación de la moneda. Posteriormente, dentro de cada una se identifican los ciclos económicos que se sucedieron y se los correlaciona con el accionar estatal en el servicio de agua y saneamiento.

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Mucho se ha hablado acerca de la privatización y desregulación de las empresas de servicios públicos de la década de los ‘90, de sus causas, de las consecuencias nefastas que ha tenido en la sociedad argentina en general -y en el sector energético en particular- y cómo se ha abandonado la idea de la energía como derecho, para usar la energía como un commodity, como una mercancía. En la actualidad, ha habido algunos cambios y han aparecido nuevos actores que deben ser analizados. En este sentido, vale preguntarse: ¿efectivamente estamos ante una nueva matriz energética?, ¿se recuperó esa política energética nacional?, ¿se recobró la energía como derecho?

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Con la presencia de Eduardo Grüner, Atilio Borón junto a Christian Castillo, se realizó el pasado julio una mesa redonda en donde debatieron sobre la crisis política nacional, el problema agrario y los posicionamientos entre los intelectuales. A continuación extractos de este interesante debate.

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Una reciente información del INDEC, correspondiente al Primer Trimestre de 2008 permite realizar un detallado análisis de la realidad salarial en la Argentina. La fuente de información es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y por lo tanto los datos reflejan la evolución de la Remuneración del Trabajo Asalariado Registrado (RTA) en la totalidad del territorio nacional y por sector de actividad económica. La fuente de información es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y por lo tanto los datos reflejan la evolución de la Remuneración del Trabajo Asalariado Registrado (RTA) en la totalidad del territorio nacional y por sector de actividad económica. El SIJP constituye una fuente sumamente valiosa sobre la situación del mercado laboral, ya que brinda una amplia, detallada y actualizada información. Por supuesto que esta fuente no brinda información sobre el trabajo no registrado, cuya situación puede ser monitoreada mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Para un país pequeño y esencialmente “abierto” a los flujos del comercio exterior, el tipo de cambio, lejos de ser un “precio más”, se transforma en una variable de vital importancia en el proceso económico. El desplome de la convertibilidad abrió las puertas a una etapa de crecimiento y algunas tendencias se quebraron. La mejor muestra está en la nueva expansión que dio lugar a la creación de más de 3 millones de puestos de trabajo. En la Argentina, la cuestión del tipo de cambio se encuentra en el centro de este conflicto.

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Los aumentos de precios se encuentran hoy en el podio de las preocupaciones argentinas. Esta nota examina con detenimiento la dinámica de la nueva inflación, aquella generada a partir de 2005, que presenta características particulares que la diferencian de otros procesos de aumentos generalizados de precios de la historia del país. Las principales causas de esta nueva inflación son –dependiendo de las características de los distintos bienes y mercados- el crecimiento de los precios internacionales de los productos transables, el proceso de reactivación económica en el marco de una economía con mercados fuertemente concentrados y/o los desacoples temporarios entre la creciente demanda y la capacidad de expansión de la oferta en sectores clave. En estas circunstancias, las respuestas del gobierno a la fecha se han probado ineficaces para controlar las presiones inflacionarias y limitar el fenómeno. Las tradicionales recetas ortodoxas centradas en una política fiscal y monetaria contractiva tampoco son las respuestas apropiadas para superar el problema. Por el contrario, se concluye en este trabajo que, teniendo en cuenta la naturaleza de la inflación en el país, es fundamental concebir una política anti-inflacionaria coherente y articulada a través de medidas que ataquen sus principales causas.

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