Dos planos deben abordarse para comprender la herencia recibida por el kirchnerismo: el local y el global. El local, signado por una catástrofe social, y una estructura productiva afectada por la desindustrialización, la extranjerización y el endeudamiento.

Un grupo de entidades que representan a pequeñas y medianas empresas defendieron ayer los proyectos del Gobierno para regular las relaciones de consumo y producción a partir de las reformas a la Ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios y la puesta en marcha del fuero del consumidor. También indicaron que los grupos concentrados de la economía local hacen abuso de su posición dominante, por lo que los controles del sector público se vuelven una herramienta “de vital importancia”. A su vez, se pronunciaron a favor de la defensa de la soberanía nacional en la disputa judicial contra los fondos buitre, al tiempo que aseguraron que el desafío central del país es potenciar el proceso de industrialización con desarrollo económico a través de la inclusión social. “Existen agresores externos e internos, todos ellos bien calificados como buitres, que acosan a nuestra Nación con el fin de llevarla una vez más a una situación de crisis”, afirmaron.

Asociaciones que reúnen a pequeñas y medianas empresas celebraron ayer el Día de la Industria con un acto en el Cabildo. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Asociación Pyme, la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Confederación General Empresaria (CGE), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y Fedecámaras fueron los organizadores centrales del evento. Las entidades difundieron un documento conjunto para criticar a especuladores internacionales y del mercado interno que intentan generar un clima de incertidumbre en la población, mientras que llamaron a proteger las “conquistas” sociales y económicas de los últimos años.

“Estamos transitando un momento histórico, sin antecedentes, con buitres de afuera y de adentro, por lo cual hay que profundizar este modelo de inclusión con más mercado interno y más actividad. Las herramientas de política (económica) del Estado tienen que intervenir para defender a los consumidores y las pymes, para que se siga distribuyendo el ingreso de manera equitativa”, aseguró Rubén Manusovich, titular de Fedecámaras, que agrupa a los centros comerciales.

Los pequeños y medianos empresarios defendieron los proyectos legislativos que lanzó el Gobierno en los últimos meses. “La Ley de Pago Soberano permitirá al país cumplir (con sus compromisos financieros) sin la interferencia de actores que no tienen nada que ver con los acreedores”, mencionaron a través del documento titulado “El empresariado nacional rechaza a los buitres de afuera y de adentro”. A su vez, se mostraron a favor de las iniciativas que apuntan a regular las relaciones de producción y consumo del mercado interno. “La modificación a Ley de Abastecimiento, la creación del fuero de consumidores y la construcción de un observatorio de precios son medidas ‘coherentes’, porque apuntan a proteger a los consumidores y a las pymes frente a la posición dominante (de los grupos concentrados)”, precisaron.

Las asociaciones pymes subrayaron las transformaciones de la economía en la última década y aseguraron que el principal de-safío será fortalecer este proyecto de industrialización con inclusión social. “En este día de la industria tenemos mucho para festejar”, indicaron, mientras que al mismo tiempo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, decía que la entidad no había organizado ningún festejo porque la situación del país no lo permite.

“Llevamos once años que las pequeñas y medianas empresas registramos un desarrollo sostenido y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a dar ni un paso atrás”, dijo Daniel Moreira, de Asociación Pyme. Los firmantes reclamaron no volver al esquema de reducción del Estado de los años ’90. “Algunos que quieren ser presidentes dicen que eliminarían algunos gastos. ¿Cuáles? ¿Ciencia y educación? ¿Qué es lo que quieren rebajar? Nos quieren volver a someter a las reglas de los organismos internacionales de crédito y las exigencias son no tener industria, no tener trabajadores. Nosotros decimos que no y ponemos el hombro a un proyecto nacional que nos incluye a todos”, cerró Eduardo Fernández, titular de Apyme.

A diferencia de otros países de América Latina, la historia económica argentina presenta como uno de sus rasgos más distintivos la periódica aparición de restricciones en el sector externo ocasionadas por la escasez de dólares para sostener las necesidades de la importación y, en mucho menor medida, el ahorro de las capas medias.

El programa Facultad Abierta realiza desde el año 2002 relevamientos generales de las empresas recuperadas por los trabajadores en todo el país, que permiten hacer un seguimiento del desarrollo de este proceso de autogestión del trabajo desde ese año hasta la actualidad. En este artículo se adelanta la primera parte del informe del cuarto elevamiento de empresas recuperadas en Argentina, realizado en 2013. El mismo muestra que el movimiento no solo no se ha estancado en aquellos casos provenientes de la crisis del 2001, sino que se ha consolidado y sigue creciendo, al punto que en los últimos tres años se han recuperado 63 nuevas empresas.

Primero se sancionó; después se derogó parcialmente; más tarde se modificó; luego se aplicó, y finalmente la Justicia decidió no sustentar sus fallos en la norma.

Éste es el derrotero que tuvo en los últimos 40 años la ley cuya modificación empezará a tratarse hoy en el Congreso. Se trata de una de las normas sobre las que menos coincidencia hay respecto de su vigencia o no. Bajo el número 24.680, fue sancionada en 1974, poco antes de la muerte del entonces presidente Juan Perón, con el nombre de "ley de abastecimiento y represión del agro". El artículo 12 prevé que los funcionarios podrán allanar comercios o empresas y requerir el apoyo policial si fuera necesario; secuestrar documentación; intervenir la mercadería en infracción; clausurar establecimientos, y citar a los ejecutivos de una empresa.

La última actualización del mínimo no imponible (MNI), que se realizó en 2013, llevó su valor a $15.000 brutos ($12.450 netos), uno de los valores más elevados de la posconvertibilidad. Considerándolo en términos reales a pesos de 2013, el MNI del soltero sin hijos a cargo arribó a su nivel más alto desde la crisis de la convertibilidad, en tanto que el del casado con 2 hijos permitió recuperar el valor previo a 2012 (año en el que no se había actualizado el tributo) y se posicionó por encima del valor promedio del período 2001-2006 y muy cercano a los del trienio 2009-2011. Solo fue superado en 2007-2008 cuando por las actualizaciones implementadas por el impuesto en ese bienio.

Ya comenzaron los escarceos acerca de las polarizaciones que se producirán en las elecciones de 2015. El tema que predomina en la discusión es el de la continuidad o el cambio: es lo primero que preguntan las prematuras encuestas. Pero nadie aclara qué significa cada término, ni en abstracto, ni menos aún cómo repercutirá en el modo de vida de cada uno. Por eso, para considerar con seriedad el tema, primero hay que definir cartesianamente qué significan el cambio o la continuidad en la Argentina de hoy.

El transporte ferroviario de cargas en la Argentina desde la óptica de las políticas de Estado, es el tema que ocupa –y preocupa- en particular a esta presentación. La propuesta se focaliza en analizar el rol que le cabe a este medio de transporte como impulsor del desarrollo productivo nacional, en especial para las economías regionales extra pampeanas. Las políticas adoptadas en estos años señalan una tendencia creciente a ganar presencia - por parte del sector público- en el modelo de gestión ferroviaria, pese a sostener la operatoria privada como responsable de la prestación de los servicios. Se identifican distorsiones entre propuesta y acción al tratar de responder al interrogante de hacia dónde se dirige la restructuración del ferrocarril de cargas en la Argentina.

Durante los casi doce años de desarrollo del proyecto kirchnerista se incrementó fuertemente el tamaño del mercado interno con dos objetivos convergentes: inclusión social y potenciación del desarrollo de la industria nacional. También se desarrolló, desde el lado estatal, un fuerte apoyo al sistema de ciencia y técnica (C&T), invirtiendo en el crecimiento científico y desarrollando instrumentos para promocionar la transformación de conocimiento científico en tecnología y en valor agregado de la producción nacional. El sector agroexportador aumentó su producción y los precios internacionales de los commodities agrícolas se mantuvieron en niveles altos.

Lo que pasó antes del 1º de julio de 1974 no era ninguna maravilla, pero lo que vino después fue una tragedia. La muerte de Juan Domingo Perón marcó una cuenta regresiva que terminaría el 24 de marzo de 1976, con el golpe militar más cruento de la historia argentina.

Endiosado a veces por el abrazo con Ricardo Balbín y otras por su vuelta a la Argentina como hecho en sí mismo dentro de una marcha casi celestial, ¿el último Perón es una continuidad del que gobernó entre 1946 y 1955 y lideró un movimiento desde el exilio entre los 18 años que van de 1955 a 1973? Y si no fue una continuidad, ¿acaso podía serlo? La verdad es que su figura terminó surcando la historia entre la extensión de la ciudadanía a grandes masas de argentinos en la segunda mitad de los ‘40 y la tremenda crisis de 1974, entre el Plan Quinquenal y el Pacto Social, por un lado, junto al avance de los derechos sociales y políticos y por otro lado el comienzo del fin.