El 10 de diciembre se cumplen 31 años desde la restitución de la democracia en nuestro país, al tiempo que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) celebramos estos acontecimientos como ciudadanos y empresarios comprometidos con el destino de nuestra Nación.

Al cierre de esta nota, el Senado de la Nación aprobó el pliego de Miguel Palazzani y lo dejó a un paso de ser el nuevo fiscal federal ante los Tribunales Orales de la Capital Federal, trámite al que sólo resta la rúbrica de la presidenta de la Nación. El visto bueno de los senadores de los distintos bloques políticos fue el único unánime otorgado a un pliego en la jornada.

Palazzani se crió en la región pampeana profunda, entre Bahía Blanca, Villa Iris y Guatraché. Se graduó en La Plata y antes de ser fiscal de Derechos Humanos bahiense, fue abogado querellante en juicios de lesa humanidad en Santa Rosa.

Los firmantes somos entidades representativas del empresariado nacional que venimos actuando con ejes comunes en el marco de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina.

Hoy nos constituimos ante la sociedad como un espacio común conformado por un conjunto de organizaciones que abarcan una gran multiplicidad de actividades en ámbitos urbanos y rurales, con ideales comunes y una fuerte inserción en todo el territorio nacional, donde se desempeñan centenares de miles de unidades productivas que viven de su trabajo y sus esfuerzos cotidianos.

Convocados en la Universidad Católica Argentina, los mayores grupos económicos del país y los principales dirigentes de la oposición se dieron cita, el jueves pasado, para articular lo que uno de los participantes –Clarín– tituló como “inédito consenso” entre 900 líderes del gran mundo de los negocios corporativos. Se sugiere repasar la cobertura de Página/12, basada en fotos del acontecimiento que lo simbolizan por completo.

Argentina actual es un país que cuenta con 9.300.000 de trabajadores registrados que realizan mes a mes sus aportes previsionales y sociales, y según el Ministerio de Trabajo de la Nación infiere que existe un 34,5% más de trabajadores no registrados, que en conjunto conforman un significativo número que a su vez poseen cierta disciplina laboral y determinado nivel de capacitación, y lo más importante, con facultades de asimilar mayor conocimiento, que implica un potencial productivo mayor todavía.

Si a ello le sumamos la potestad de la tierra más fértil del mundo, con reservas ciertas de petróleo y gas en las piedras, con dotación significativa de agua potable, sin considerables conflictos internos ni externos, con cierta armonía y paz social, podemos considerar que, como diría un famoso jugador y técnico de futbol, “la base está”.

A partir de los años noventa, la corrupción se ha convertido en una cuestión socialmente problematizada en la Argentina. En efecto, el tema concita interés no solo en los medios de comunicación y en la ciudadanía, sino también en el propio ámbito científico. El presente trabajo analiza la vinculación entre neoliberalismo y corrupción. La hipótesis central es que la instalación de la corrupción en la agenda pública, así como la concepción particular que predomina sobre ella (centrada en la corrupción pública en desmedro de la corrupción privada), se encuentran motorizadas por el neoliberalismo.

Argentina ha desarrollado extensamente las redes de transporte de electricidad y gas. El sistema eléctrico nacional se ha conformado a partir de la interconexión de sistemas aislados locales y la conexión de grandes centrales con grandes centros de consumo, reforzado luego mediante las articulaciones entre sistemas regionales. La red de gas en cambio, se ha expandido a partir de gasoductos nacionales que, desde las cuencas hidrocarburíferas, se tendieron hacia Buenos Aires, abasteciendo a su vez las regiones que atravesaba. Cuando se consolidó el gas para uso residencial, industrial, vehicular y eléctrico, surgieron sistemas aislados que viabilizaron, incluso donde los gasoductos troncales no pasan, la utilización del recurso. También en electricidad comienzan a multiplicarse sistemas locales y generación distribuida. Surgen luego oportunidades para aprovechar las energías renovables no convencionales.

Nuevamente salieron a las calles con carteles y reclamos de aparente contenido institucional. Ya no tienen el nivel de convocatoria de aquel 8-N, pero algunos medios y políticos siguen insistiendo en sus sentidos democráticos y republicanos. No obstante, desde aquellas primeras protestas y marchas de 2012 hasta éstas, hubo tiempo para indagar frente a qué tipo de fenómenos estamos y para darnos cuenta de la necesidad de encontrar nuevos criterios para definirlas y distinguirlas, sobre todo de aquellas que recordamos de los comienzos del siglo, con las que se pueden confundir.

Paradójicamente, las protestas de 2001-2002, a pesar de forzar las renuncias de miembros de las instituciones más importantes del país, son consideradas acontecimientos significativos en la lucha por la democratización de nuestro país. En cambio, éstas que se presentan como “guardianas de la democracia republicana” no son ubicables en esos mismos espacios. Por eso, con el interrogante ¿qué se vio del 13-N en las calles de la Ciudad de Buenos Aires?, nos hacemos otro interrogante que reenvía a la búsqueda de criterios para caracterizar las protestas que interpelan a los gobiernos de la democracia que no hace tanto conseguimos.

Eduardo Aliverti: ¿Sacaste la cuenta antes de empezar formalmente con la columna?

Carlos Heller: Sí, 26 sobre 40, las 40 primeras, 26 son avisos.

E.A.: La Nación y Clarín.

C.H.: Clarín conté, pero son más o menos parejos porque son los mismos avisos. Es decir que hay que hacer un esfuerzo para encontrar malas noticias, lo cual puede ser una buena noticia.

El economista Abraham Gak realizó una lectura pormenorizada del texto escrito por el ideólogo del Plan Fénix y esbozó este texto para Veintitrés.

Aldo Ferrer nos sorprende una vez más con su conceptuosa labor intelectual dirigida fundamentalmente a desplegar su pensamiento acerca de las condiciones que requiere nuestro país para encaminarse hacia un futuro de bienestar que incluya a las grandes mayorías nacionales.

El texto expresa una mirada optimista –a mi juicio, tal vez exageradamente comprensiva– respecto de la participación del sector empresario en la búsqueda de esta inclusión.