El graph de un canal de noticias dice: “Otro jugador denunciado por violencia de género”. Son casi las 8 de la mañana de un martes feriado. Otro jugador, no es el primero. Esta vez se trata de Enzo Fragoza, del club Olimpo de Bahía Blanca. La víctima, entrevistada por los conductores, cuenta a través del teléfono que sistemáticamente la amenazaba con acuchillarla y que padecía violencia desde hace un año, mientras la tele muestra en loop los chats intimidatorios y fotos de su cuerpo golpeado. Arriba, en el margen derecho de la pantalla, hay un cartel negro angosto con letras rojas que dice: “Si sufrís violencia de género, llama al 144”. A esa misma hora, en otro canal de noticias, la misma placa: están hablando del caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio, el policía Matías Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas.

Las últimas semanas fueron claves: cómo se cerró el círculo de indecisos que otra vez ponían en riesgo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El trabajo para descomprimir un triunfo ajustado fue la real politik. El Senado aprobó la ampliación de derechos pero la vigilia no termina: queda acompañar su reglamentación y a las mujeres de América Latina y el Caribe que ven lo que pasa en la Argentina como una oportunidad para avanzar cien años y lograr un cambio de paradigma total.

Las experiencias de las mujeres en las fronteras vienen generando un interés creciente, alentado por los enfoques críticos en las ciencias sociales y el activismo feminista. En ese marco, es posible echar luz sobre las dinámicas circulatorias fronterizas, la violencia de género y el imperativo de marcar el cuerpo de las mujeres en las áreas limítrofes latinoamericanas. Pero también sobre los contradictorios procesos de sobrecarga productiva y reproductiva femenina, y su vinculación con la articulación de una agencia transfronteriza.

Hay que someter a una perspectiva de género las políticas tributarias para reducir la desigualdad.

La población argentina es de 45 millones y prácticamente se divide en partes iguales: el 49% son varones y el 51% son mujeres. Sin embargo, de cada 100 varones, 70 están activos en el mercado de trabajo, y de cada 100 mujeres, solo 50.

La flamante ley de teletrabajo debe ser reglamentada con una perspectiva de género que valide la reglamentación establecida en cada sector productivo.

Motivadas por el protagonismo de las mujeres en la actual gestión provincial de gobierno y el hecho de que las dependencias que agrupan la mayor cantidad de agentes son las más feminizadas, comenzamos a interrogarnos sobre las particularidades del empleo en la administración pública chaqueña y sus efectos en las trabajadoras mujeres, desde una perspectiva de género.