Pocas veces, si es que alguna, un gobierno argentino o incluso uno latinoamericano tuvo tantos CEO, gerentes o hasta algún propietario de empresa en el gabinete.

Shell, General Motors, Lan, Wall Mart, Eki, Freddo, Farmacity, Telecom, JP Morgan, Citibank, Correo Argentino, Grupo Macri o Corporación Puerto Madero son algunas de las empresas locales o extranjeras, sólo las más conocidas, entre las cuales los gobiernos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta reclutaron a sus ministros y otras máximas autoridades.

Se culpan mutuamente. El gobierno entrante sostiene que el fuerte aumento de precios que se registró en las últimas semanas es “parte de la herencia” y del “descuido voluntario de autoridades que habían hecho del control un culto”, según la explicación del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Para el gobierno saliente, en cambio, las remarcaciones son consecuencia de las promesas del macrismo sobre devaluación, quita de retenciones y reducción de subsidios.

Los doce años transcurridos desde el día en que Néstor Kirchner anunció a los argentinos que no había venido a gobernar para dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, han ido marcando una línea ascendente en la confrontación con el bloque dominante. Como bien se señala en la presente investigación de CIFRA, la confrontación con las patronales agrarias en el 2008 constituyó el punto de inflexión a partir del cual el hostigamiento del poder económico fue persistente y sistemático.

Este trabajo analiza el proyecto peronista a través del estudio del discurso económico de Perón y de los principales lineamientos de la política económica, fuentes desde las cuales se rediscute el problema acerca del alcance de la industrialización peronista y el carácter de su planificación estatal.

Las recientes resoluciones de la Corte Suprema que impiden la asignación de recursos tributarios coparticipables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ponen seriamente en riesgo muchos de los avances que se lograron en la última década en materia de jubilaciones, asignaciones familiares y políticas públicas en general. Se trata de una medida que no sólo implica una reducción gigantesca de los fondos corrientes de la Anses, sino que además desvaloriza y pone en peligro al principal patrimonio de la misma: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La conducción unipersonal de la Corte Suprema de Justicia decidió dar un golpe económico en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá pleno impacto en la gestión del próximo a cargo de Mauricio Macri. Ricardo Lorenzetti resolvió desfinanciar el organismo encargado de pagar las jubilaciones, otras prestaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Argenta, que facilita el crédito de un grupo social vulnerable. El camino para la restauración conservadora que deje atrás los años del populismo de un intervencionismo estatal asfixiante, como lo definió un reciente editorial de La Nación en homenaje al discurso de Alfredo Martínez de Hoz, lo ha inaugurado Lorenzetti.

El conflicto campo-industria va más allá de los precios relativos y la distribución intersectorial del ingreso. Abarca visiones conflictivas sobre la organización de la economía nacional y su inserción en la división internacional del trabajo. Por una parte, la que afirma que la economía argentina puede sostenerse sobre la producción primaria y que la industria es una anomalía en un país como el nuestro. Por la otra, que el campo es el agente del atraso y la dependencia, y que debe privilegiarse el desarrollo industrial. Las prolongadas turbulencias políticas de Argentina tienen raíces profundas también en el desencuentro histórico entre los dos sectores fundamentales de la economía nacional.

A fines del siglo XIX, cuando la producción agropecuaria argentina se integró al mercado mundial, todavía era posible sostener el crecimiento de la economía nacional sobre un solo sector. Pero esta alternativa dejó de ser posible. El aumento de la población total y la disminución de la participación de la rural por el impacto del progreso técnico sobre el empleo en el campo configuraron una realidad y una dimensión de país insostenible ya en un solo sector.

Jorge Taiana, canciller argentino entre 2005 y 2010 y coordinador de la Cumbre de Mar del Plata que le dijo No al ALCA, cuenta los entretelones de aquella gesta continental y analiza los desafíos pendientes en materia de integración regional. Además, habla sobre la actual coyuntura latinoamericana y los desafíos pendientes del proceso de integración. –A diez años de este acontecimiento, ¿qué reflexión hace?

"Para casi cada principio de la administración, uno puede encontrar un principio contradictorio igualmente plausible y aceptable. Aunque los dos principios del par llevarían a recomendaciones organizacionales exactamente opuestas, no hay nada en la teoría que nos indique cuál es apropiado aplicar"

En este trabajo repasamos las ideas y las políticas sobre el ámbito político-institucional-organizacional del Estado argentino que se desarrollaron en el periodo 1958-2015.

Se trata de un lapso excepcionalmente rico desde lo conceptual, que instaló y dejó atrás potentes discursos hegemónicos en su transcurso. Cual si fueran supernovas, durante ese tiempo estallaron cuatro modelos de análisis y propuestas normativas que desplegaron complejos artefactos y sofisticados razonamientos.

“Se pagan tarifas irrisorias”, sostuvo la candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti. “Van a tener que ir bajando los subsidios”, agregó Patricia Bullrich. Juan José Aranguren, ex presidente de Shell y probable ministro de Energía de un gobierno de Mauricio Macri, batalló desde siempre contra los subsidios a los servicios públicos y trabaja en un esquema para suprimirlos, preservando la asistencia estatal a sectores carenciados. Dentro del sciolismo, el economista Miguel Bein también plantea la necesidad de recortar una porción de esos beneficios que estableció el kirchnerismo desde 2003. El sistema fue mutando todos estos años, pero conserva su razón de ser: abaratar costos a las familias y a las empresas que les pagan los sueldos, ya que los subsidios constituyen un aporte indirecto al poder adquisitivo de los salarios por parte del Estado.