Lo Común es el producto de una estructura social e institucional que demuestra formas de gobierno y cooperación social que garantizan su producción, reproducción y distribución.

Las nuevas instituciones de lo Común que emergen (de estas nuevas formas sociales) constituyen un principio general de auto gobierno de la sociedad y auto organización de la producción social, proponiendo una nueva división entre lo Común, lo Público y lo Privado.

El tema de lo Común y de los bienes comunes es una vieja historia que precede cruza y suplanta el desarrollo del capitalismo y la modernidad.

En una primera forma se expresó en las tierras comunes, ligado a la sacralidad de la naturaleza y al manejo de la tierra y los recursos naturales.

El primer semestre ya paso, el segundo no llegó y los analistas económicos del establishment corrieron sus fracasados análisis de fines de 2015 exactamente un año hacia adelante. Al parecer, luego de las “correcciones inevitables” realizadas en el primer semestre, inevitabilidad que indujo una verdadera crisis económica en tiempo record y provocó fuertes transferencias de recursos entre clases sociales, el nuevo consenso sostiene ahora que la gran recuperación ocurrirá otra vez en el segundo semestre, pero de 2017.

Estos analistas son casi los mismos que en los dos últimos meses de 2015 dijeron, junto con el nuevo gobierno, que los precios de todas las cosas ya estaban alineados con un dólar a 15 pesos.

La cooperación financiera regional (cfr) busca asegurar liquidez a los bancos centrales, construir y mantener el riesgo regional relativamente homogéneo. Un aspecto de la cfr son los requisitos fiscales para asegurar la estabilidad y homogeneidad de precios de los países miembros. La unidad de cuentas regional requiere de un fondo de estabilización y de un fondo de rescate de la deuda para asegurar los spreads.

Documentos oficiales informan que el déficit fiscal verdadero de 2015 fue equivalente al 1,9 por ciento del Producto Interno Bruto. La magnitud de ese desequilibrio de las cuentas públicas no permitiría al Ministerio de Finanzas y Des-hacienda construir un relato ficcional sobre “la pesada herencia recibida”. Aplicando criterios de contabilidad creativa, el ministro Alfonso Prat Gay comenzó entonces a dibujar diferentes cifras de déficit, desde un piso del 2,3 por ciento, saltando hasta el 5,8 para terminar en el inflado 7,1 por ciento.

Los últimos años del Gobierno kirchnerista se caracterizaron por una batería de medidas para “cuidar los dólares”. Sucesivas agudizaciones del cepo cambiario, controles de capital, restricciones a las importaciones, gradual devaluación del tipo de cambio oficial, desdoblamiento con el “dólar blue” y créditos externos tomados por el BCRA fueron los mecanismos usados para intentar evitar la salida de reservas internacionales. Esto no es nuevo en Argentina: la restricción externa (la escasez de divisas) ha sido la maldición que ha fundado las bases de la mayoría de las crisis de los últimos setenta años. Pero el Gobierno macrista parece haber dejado atrás esas preocupaciones. ¿Por qué la restricción externa desapareció de la agenda del Gobierno?

El nuevo ciclo de endeudamiento externo público y privado comenzó con 26.710 millones de dólares en apenas tres meses. Se suman otros 5000 millones de dólares recibidos por el Banco Central en un préstamo de corto plazo, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos. Más otros 1489 millones en Letras del Tesoro a corto plazo. El saldo en un solo trimestre alcanzó los 33.199 millones de dólares. Ese monto seguirá aumentando en lo que queda del año. Esta semana habrá una nueva ronda de esas Letras en dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.

El inmenso esfuerzo social de cancelación neta de deuda iniciado con el pago al FMI, en enero de 2006, proceso que se extendió hasta el final del anterior gobierno, dejó el terreno despejado para que un gobierno conservador pudiera desplegar lo que mejor sabe hacer: endeudamiento gigantesco para maquillar el descalabro fiscal autoinfligido y para abordar la debilidad del sector externo por el déficit comercial y la constante fuga de capitales. Así fue durante la dictadura militar, en la década del noventa con la convertibilidad y ahora en el gobierno de Macri.

En pocos meses el gobierno de Cambiemos ha desmontado gran parte de los avances logrados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en doce años. La brutal devaluación, acompañada por la eliminación de las retenciones y una rebaja del 5 % a la de la soja (en un plan plurianual para eliminarla totalmente) se tradujo en un salto inflacionario que erosiona los salarios reales. Por otro lado ha iniciado un plan de reducción de personal en el Estado con claros fines persecutorios y de disolución de organismos de control y promoción social, al tiempo que da una señal al sector privado para que haga lo propio. El veto a la doble indemnización es una luz verde para continuar con esa política.

Es asombroso cómo, sólo con obligar a un poco de transparencia en los acuerdos de libre comercio que la administración Obama ha estado negociando en secreto, la opinión pública se vuelve en su contra.

Ciento cincuenta días de gobierno de derecha han sido suficientes para demoler la matriz de la política económica que a través de permanentes confrontaciones se había abierto camino en más de una década de despliegue de un proyecto nacional, democrático y popular. La constatación provoca de inmediato la pregunta ¿Por qué lo que costó tanto en construirse pudo desarticularse con esa velocidad?

No se enoje con el título. Tenga paciencia y siga leyendo. Pero antes, piense unos segundos y responda si considera que en estos cinco meses el gobierno de Cambiemos realizó o no un fuerte ajuste de las cuentas públicas. La conclusión de la mayoría será, seguramente, afirmativa, influida por el impacto del tarifazo, por los despidos en el Estado y por el freno en la obra pública. Sin embargo, la realidad no es esa. Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año el déficit del sector público fue de 62.403 millones de pesos, apenas 1.764 millones menos que en igual período del 2015. Ese resultado fue producto de un aumento en los ingresos del 29 por ciento y de un aumento en el gasto de un 24 por ciento.

Contra la sensación reinante, esos números están muy lejos de reflejar un fuerte ajuste fiscal.